Las pensiones en Chile son miserables. Decenas de estudios y el malestar generalizado de la población lo evidencian. Según la Fundación SOL, a diciembre de 2023, el 50% de los jubilados y jubiladas recibió una pensión inferior a los $343.000. Los números reflejan una situación desastrosa. En este contexto, el gobierno busca mejorar las pensiones negociando con la derecha sobre cómo administrar el 6% de cotización adicional ¿valdrá la pena conseguir un pequeño aumento en las pensiones a costa de legitimar el sistema de AFP?
Domingo 22 de diciembre de 2024
El fin de las AFP y la mejora de las pensiones es una demanda histórica, no solo desde la revuelta de 2019, sino desde hace más de 15 años, cuando el movimiento No Más AFP logró convocar a cientos de miles de personas marchando por la Alameda, denunciando la situación crítica de un sistema impuesto a sangre y fuego durante la dictadura.
Actualmente, en el Congreso se discute mejorar las pensiones mediante un aumento de la cotización previsional, pasando del 10% al 16%. La pregunta es: ¿a dónde irá ese 6% adicional?
La derecha se encuentra dividida. Los republicanos se presentan como los máximos defensores del negocio de las AFP, planteando que el 6% debe ir directamente al sistema de capitalización individual, lo que implicaría mejorarle el negocio a las AFP, ingresando "plata fresca" al sistema.
Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó la semana pasada que cederían un 0,5% de ese 6% a un sistema de “reparto”, lo que generó un escándalo dentro de la derecha, obligándolo a retroceder: “Lo que yo quise decir es que, más allá de la ayuda que podamos establecer o los mecanismos para una mayor equidad previsional, no estamos dispuestos a avanzar en nada que sea verdaderamente reparto. Yo ayer (lunes) debería haber usado la palabra ‘compensación’, un mecanismo para mayor equidad previsional", declaró.
Republicanos quiere mostrarse como la derecha dura y consecuente, y dejar a Chile Vamos como blandos y conciliadores. Por su parte Chile Vamos no ve con malos ojos aprobar una reforma durante el gobierno de Boric, para evitar que sea un eventual futuro gobierno de derecha quien deba tomar en sus manos este problema.
Sin embargo, ambos coinciden en la defensa ideológica del modelo: Su objetivo es defender a muerte uno de los pilares del neoliberalismo: cada quien se salva solo. No pueden existir criterios de solidaridad en ninguna materia, mucho menos en un negocio tan lucrativo como la seguridad social.
Los grandes empresarios también presionan para llegar prontamente a un acuerdo. La presidenta de la Sofofa Rosario Navarro planteaba a inicios de este mes la necesidad de que la reforma vea la luz durante este gobierno y no postergarse para el próximo. Sobre un posible acuerdo, la presidenta de la gremial manifestó en t13 radio “Está bien encaminado. 5,5% de los ahorros irían a capitalización individual, resuelve un montón de cosas y el clima social.” La líder gremial deja en evidencia que su objetivo es fortalecer a las AFP y que este acuerdo permita cerrar toda posibilidad de un cuestionamiento futuro al sistema de capitalización individual.
En la otra vereda, el gobierno corre para aprobar alguna modificación al sistema de pensiones antes de que termine su mandato. Aun cuando su promesa electoral fue terminar con el sistema de AFP, la propuesta actual no puede estar más lejos de lo prometido.Hoy están enfocados en que el 6% de cotización adicional se divida en un 3% para el sistema de AFP, un 2% que se devuelve al trabajador al momento de jubilarse y un 1% para mejorar las pensiones de las mujeres.
El gobierno ya anunció que está dispuesto a ceder en varios de estos puntos. La desesperación por aprobar modificaciones al sistema, mostrar algún tipo de avance y con ello legitimarse ante su base social, lo lleva contradictoriamente a aceptar una reforma que termina por validar y fortalecer el sistema de las AFP.
¿Hasta dónde estarán dispuestos a ceder? El oficialismo ve que un mal acuerdo puede traer graves consecuencias en la relación con sus votantes y seguidores. Por eso, ha hecho un llamado a movilizarse en todo el país, mediante la entrega de volantes informativos sobre el debate de pensiones. A todas luces, una acción más que débil, y que difícilmente cambiará el destino de la reforma, pero que busca salir a convencer ofensivamente a la población sobre lo beneficioso de un acuerdo en materia de pensiones.
Esta frágil iniciativa del gobierno pone en evidencia la ausencia de actores clave en el debate. ¿Dónde está la CUT y las organizaciones sindicales? ¿Dónde está el movimiento no más AFP?.
El llamado de todas las organizaciones de trabajadores debería ser uno solo: esta reforma que legitima el sistema de AFP debe ser rechazada. Hay que terminar con el negocio de las pensiones y luchar por pensiones mediante un sistema de reparto solidario.
Por su lado el Partido comunista, a través de la ministra del trabajo Jeanette Jara, se encuentra en una cruzada por sacar la reforma durante enero del próximo año. Encerrados en el lobby parlamentario, el Partido Comunista se enfoca principalmente en facilitar el acceso a préstamos sacados de los propios fondos de los cotizantes y defender que apenas un 1% de la cotización adicional se utilice para compensar las jubilaciones de las mujeres.
La ministra culpa a la ciudadanía de la dificultad de sacar la reforma. “Uno puede entender la preocupación que tengan quienes hoy manifiestan una posición crítica, porque esta reforma es muy distinta de la que originalmente presentó el gobierno, y eso es así por un elemento de la realidad, que es que el pueblo de Chile eligió un Parlamento donde el gobierno no tiene mayoría.” declaró a La tercera.
Su adaptación a la política y ritmos parlamentarios no la llevan a responsabilizar al “pueblo de chile” por no poder avanzar con la reforma.
Las declaraciones de Jeanette Jara dejan en claro que el rol del Partido Comunista no es el de organizar a los trabajadores y mediante la movilización echar abajo el sistema de AFP, su misión es negociar la reforma con la derecha a cualquier costo, con tal de obtener alguna migaja que les permita legitimarse.
Es más, en la misma entrevista a La Tercera, de forma explícita la ministra se encarga de dejar en claro que nadie va a tocar el lucrativo negocio de las AFP : “Esto no quiere decir que aquí el poder económico vaya a dejar de existir, porque las AFP han construido un imperio económico importante en el país…Lo que sí queremos es que se alineen los incentivos para que la rentabilidad de los cotizantes mejore, las comisiones bajen y tengan una verdadera libertad de elegir entre sector público y privado, y la industria se desconcentre." Con esto, hacen explícito que su lobby parlamentario solo busca regular el negocio de las pensiones, para legitimarlo y de paso hacerlo incuestionable.
En el fondo, se libra una disputa sobre cómo deben resolverse los problemas estructurales que aquejan a las grandes mayorías. Mientras el 10% más rico obtiene ingresos mensuales superiores a los $4 millones (CASEN 2022), los hogares del 10% con menores ingresos apenas llegan a los $254.995. Con esta diferencia de ingresos, es imposible que las familias más pobres puedan ahorrar para sus jubilaciones.
Terminar con la lógica de la capitalización individual es necesario, porque resulta insostenible para los sectores populares que dicho ahorro alcance para tener una pensión digna a largo plazo. Por eso, es urgente terminar con las AFP y avanzar hacia un sistema de reparto solidario y tripartito, 100% estatal y controlado por trabajadores y jubilados, en el cual el Estado aporte a su financiación a través de impuestos a las grandes empresas y fortunas.
Pero para que un sistema de reparto tripartito estatal no se convierta en otra fuente de fondos millonarios para las empresas, los trabajadores deben administrar sus pensiones. Los organismos administradores de pensiones deben ser todos aquellos que resulten de la decisión soberana de los trabajadores de Chile. En este proceso de creación de instituciones regionales, provinciales y/o comunales que controlen la gestión de las pensiones, los sindicatos deben cumplir un rol fundamental. Solo de este modo se garantizará el control democrático sobre las cotizaciones y la entrega justa de las pensiones. De este modo las empresas no recibirán ningún peso de las pensiones así como tampoco los políticos de los partidos tradicionales.
Pero no podemos ser ingenuos. Nada de esto se logrará mediante lobby en el parlamento combinado con el "volanteo" que propone el gobierno. Es la movilización, la organización y la huelga las únicas herramientas que podrán poner fin al saqueo de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras.
