La anti-obrera y liberal reforma previsional propuesta por el oficialismo ya comenzó a ser discutida por la Comisión del Trabajo y la Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Domingo 16 de diciembre de 2018
Cómo venía anunciando el presidente Piñera en un comunicado público hace unos meses, durante la semana se puso en marcha la reforma que busca estimular a las AFP privadas, creando la ilusión hacia las y los trabajadores de mejores pensiones a costas de más años de trabajo e inyecciones fiscales hacia las entidades privadas.
El gobierno de derecha no parece perder el tiempo para asegurar los negocios de los grandes empresarios en desmedro de las familias trabajadoras. Es así como sumado al intento del estatuto laboral joven, los despidos masivos en el sector público, aula segura, políticas anti migrante, etc. aparece ésta reforma al sistema de pensiones, que se presenta con bombos y platillos, pero que no busca más que asegurar la posición y el negocio de las AFP en Chile que ocupan el lugar de empresas con más ganancias en el país.
Las AFP en Chile, ideadas por el hermano del presidente, José Piñera, fueron impuestas a la fuerza por la dictadura militar. Mes a mes las AFP privadas "expropian" por ley el 10% del salario de cada una de las y los trabajadores, generando intereses e invirtiendo en el mercado de valores local e internacional, mientras que las y los jubilados viven con pensiones de miseria, en su mayoría inferior al sueldo mínimo, insuficiente para vivir.
El sistema de pensiones en Chile ha sido clave para sostener a grandes grupos económicos que saquean recursos directamente del bolsillo de las y los trabajadores. La reforma al sistema de AFP del gobierno de Piñera, aspira a mantener en el poder a éstos grupos económicos con modificaciones cosméticas que no apunten a cambiar por completo el sistema de pensiones privado.
La manera de conseguir que el sistema de pensiones vele por las y los trabajadores y no por la empresa privada es reemplazar el sistema actual por un sistema estatal y solidario con financiamiento tripartito, bajo control de sus propios trabajadores y usuarios dirigido por comisiones con delegados de base, votados democráticamente y revocables en todo momento, para así evitar burocracias e intereses de dinero por dirigentes incontrolables. Para lograr ésto y evitar los retrocesos en materia social que planea desarrollar el gobierno, es necesario organizarnos en los sindicatos, organizaciones sociales y territoriales, para hacer como en Francia, y obligar en las calles y con huelgas a retroceder al gobierno y sus secuaces; los grandes empresarios.
