OPINIÓN. Reforma eléctrica: AMLO vs la Suprema Corte

En el centro de la disputa está la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, ya que veta los privilegios de las empresas para la producción y distribución de energía eléctrica.

Una vez aprobada la reforma, se publicó en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Ahí entró a jugar Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, quien admitió un recurso de amparo de un parque fotovoltaico.

Ante esto, López Obrador exige a la Suprema Corte investigar al magistrado, en una carta que dio a conocer en la conferencia matutina de este lunes 15 de marzo.

“No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del Gobierno Federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón. Esta clase de intereses corporativos, que cuentan con el apoyo de la prensa pro empresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país”, denuncia AMLO en su carta.

Arturo Zaldívar, presidente de la Corte Suprema, alegó “autonomía” de los jueces para dictar fallos. “Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía. [...] Seguiremos cumpliendo con esta encomienda”, señala en la misiva de respuesta a la petición presidencial.

El escenario electoral: ¿quién da más?

Esta disputa se inscribe en la carrera hacia las elecciones de este año, donde se juegan la renovación de la cámara de diputados, 15 gubernaturas, varios congresos locales y cientos de alcaldías en distintas entidades de México.

López Obrador, mal parado ante su respuesta hostil a las demandas de las mujeres, tiene en la reforma de la Ley de Industria Eléctrica una de sus apuestas para mantener el apoyo popular.

La coalición Vamos por México -integrada por el PRI, el PAN y el PRD- busca posicionarse como los mejores garantes de los negocios capitalistas y quiere apropiarse, cínicamente, de la bandera del cuidado del medio ambiente con la defensa incondicional de las trasnacionales productoras de energía, como Iberdrola.

La prensa internacional y nacional, alineadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PRD), se escandalizan de la reacción de AMLO y denuncian su “interferencia en las decisiones judiciales”. El País, por ejemplo, sale en defensa del exministro José Ramón Cossío, uno de sus columnistas, y del empresario Claudio X. González, conocido por su denostación de las y los maestros en su cruzada por la reforma educativa de Peña Nieto (con precarización laboral incluida).

López Obrador apela al ideal de la “soberanía energética” para defender su reforma, pero es insuficiente. La crisis ambiental mundial exige avanzar hacia una transición energética basada en recursos renovables, pero esto no puede dejarse en manos del capital privado. Es necesario nacionalizar sin pago la infraestructura de las trasnacionales como Iberdrola, bajo control de sus trabajadores, junto con el diseño, por parte de quienes laboran en el sector, de un plan para cambiar la matriz energética hacia las fuentes renovables en función de las necesidades de la mayoría de la población.

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Derribando mitos

Volvamos al argumento de Arturo Zaldívar sobre la supuesta “independencia” del poder judicial. Miente con todos los dientes. Los ministros de la Suprema Corte son operadores de los partidos gobernantes. Estos altos funcionarios son nominados por el presidente de turno, en ternas, de las cuales el Senado elige a alguno de los candidatos. Duran en el cargo 15 años.

La actual composición de la Suprema Corte tiene cinco ministros nominados por Felipe Calderón -Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, ministros-, uno por Vicente Fox -José Fernando Franco González-Salas, ministro-, dos por Peña Nieto -Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández, ministros- y tres por López Obrador -Yasmín Esquivel Mossa, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, ministros-.

Reciben sueldos groseramente altos mientras la mayoría de las familias trabajadores subsiste con dos o tres salarios mínimos o menos -apenas entre 8,502 y 12,753 pesos por mes-. El sueldo mensual de cada ministro de la Suprema Corte en 2021 es de 204 mil pesos, aguinaldo de 586,114 pesos, prima vacacional 95,475, seguro de vida institucional 95,475, gastos médicos mayores por 30,906 pesos, seguro de separación de $528,783, estímulo por antigüedad de 43,165 pesos, pago o bono de “riesgo” 639,917 pesos.

Y, además, cuando se jubilan, reciben pensiones de alrededor del 80% de su sueldo, más prestaciones millonarias y la posibilidad de tener un empleo remunerado, como la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Opuesto por el vértice al 24 o 25% del sueldo que reciben las y los trabajadores retirados en concepto de pensión, quienes además no pueden trabajar con prestaciones de ley luego de jubilarse, aunque las pensiones definitivamente no alcanzan para gozar de una vida digna.

El presidente AMLO sostiene que el posicionamiento del juez en defensa de un parque eólico, con el freno de la implementación de la reforma de la Ley de Industria Eléctrica es político y se debe a sus nexos con los empresarios y la derecha.

Tiene razón, pero lo que no dice es que ese posicionamiento se refiere a los distintos partidos, desde la oposición hasta Morena. Por eso avalan las leyes que benefician a sus mecenas y bloquean aquellas a las que se oponen. O dejan impunes a exfuncionarios, como hizo Gertz Manero, el Fiscal General de la República nombrado por el propio López Obrador, en el caso del general Cienfuegos, ex secretario de Defensa, vinculado con el narcotráfico y uno de los responsables políticos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Terminar con la arbitrariedad de la casta privilegiada del poder judicial requiere medidas radicales que el presidente no está dispuesto a dar, ya que eso implicaría poner en cuestión los privilegios y el propio carácter de esta institución reaccionaria.

Los ministros de la Suprema Corte, así como el Fiscal general y los jueces, deberían ser elegidos por el voto popular, y revocados también por el pueblo, y sus sueldos deben ser equivalentes al de una trabajadora de la salud o una maestra.

Todo el dinero que se ahorre en sus sueldos y prestaciones se podría aplicar al presupuesto de salud para combatir la pandemia con la producción y compras de vacunas, así como de pruebas masivas y todos los insumos necesarios, y al presupuesto de educación, para garantizar este derecho elemental.