La Ley Ómnibus que intentarán votar este lunes y martes en Diputado incluye una reforma laboral. Tiene importantes ataques a las condiciones laborales, aumentando la precarización y facilitando los despidos. Te contamos cómo quedó. La CGT y la CTA no han dicho una palabra. Distintos sectores marchan al Congreso este lunes y les reclaman un plan de lucha para derrotarla.

Lucho Aguilar @Lucho_Aguilar2
Lunes 29 de abril de 2024 10:08

Este lunes el gobierno de Milei, junto a sus aliados, intentará aprobar la Ley Ómnibus. Entre muchos ataques, contiene una reforma laboral antiobrera. Aunque el gobierno no pudo incluir todos los ataques que metió en el DNU, implica fuertes ataques flexibilizadores, eliminando conquistas históricas. Algunos grandes medios, como La Nación y Clarín, dijeron que "la Ley Ómnibus incluye una reforma laboral ligth”.
Pero, ¿es tan “ligth”? ¿Qué voló y qué sigue? Y sobre todo: ¿Cómo la derrotamos?
¿Qué quedó?
El Título V, llamado “Modernización laboral”, tiene un total de 16 artículos. El DNU y el proyecto radical, así como el borrador que circulaba los primeros días, tenía 68. Los principales puntos que quedaron en pie:
-Para los evasores, perdón. Se derogan indemnizaciones agravadas para trabajadores no registrados. Evadir la ley es gratis, lo que fomenta el trabajo sin derechos. Reduce multas y establece “un sistema de intereses menos gravoso y facilidades de pago.”
-Más período de prueba. El artículo 88° extiende el período de prueba a 6 meses, pero además habilita que las convenciones colectivas puedan ampliar ese tiempo. Además, habilita a empresas de hasta 100 empleados a extenderlo a 8 meses y quienes emplean 5 personas hasta 1 año. Las empresas podrán utilizar a trabajadores y trabajadoras, en general jóvenes, como mano de obra más barata y sin derecho a indemnización, despedidos cuando quieran.
-Más tercerización. El artículo 87° reforma el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo para promover la tercerización, una maniobra de precarización laboral. Fue un cambio muy pedido por Techint y las petroleras, así como Telefónica, Edesur y las privatizadas. La nueva redacción afirma que “los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas de proporcionarlos a terceras empresas”. Hoy la incorrecta registración implica multas. Ahora la relación laboral será totalmente con la contratista. A último momento se agregó que la empresa principal será responsable solidaria por algunas obligaciones laborales y de la seguridad social.
El cambio del art. 29 LCT de la contrarreforma laboral es la promoción total de la tercerización de los trabajadores en las empresas. El texto actual considera empleados directos a la empresa usuaria (principal), por más que estén contratados por una tercera empresa. pic.twitter.com/D1gU2PsQ7f
— Agustín Comas (@agustin_comas) April 27, 2024
-Despidos discriminatorios. El artículo 91° propone “un agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio (…) originado por motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad”. Pero la “multa” es solo un costo dinerario que la empresa deberá pagar para concretar ese hecho discriminatorio, ya que el artículo plantea que “el despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral”. La reinstalación en su puesto de la persona discriminada, por ejemplo una trabajadora que impulsa la organización de sus compañeros, ahora es negada.
-Despidos “más fáciles y baratos”. El “fondo de cese laboral” es un régimen instaurado en la industria de la construcción en la dictadura militar de Videla. Elimina el derecho de indemnización tal cual lo conocemos: pueden despedir más barato, sin causa y sin los derechos contemplados en la ley. En el caso UOCRA, el empleador debe depositar un equivalente al 12% del salario en un fondo que será utilizado cuando el trabajador es “desvinculado”. El dictamen de mayoría plantea, en su artículo 92, que “mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245° de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional”. O sea que no se saben tampoco las condiciones de ese régimen (montos, porcentajes, administración). Además plantea que “los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista”. Una maniobra para “financiar despidos”. El modelo UOCRA, además de permitir el despido arbitrario e incluso persecutorio, reduce el monto hasta un 40%. Un acto discriminatorio e inconstitucional. Si bien el cambio de sistema se hará por convenio colectivo, ya estamos viendo que las empresas presionan para avanzar en ese sistema. No solo por gremios, sino por seccionales como vimos en Camioneros Santa Fe.
-El sueño de Rappi. Otro de los ataques precarizadores que se retoman del DNU es la figura de los “trabajadores independientes”, una forma de negar la relación laboral. Según el artículo 93, “el trabajador independiente podrá contar con hasta otros cinco (5) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional”. O sea que el régimen será reglamentado por el propio Milei. Pero la redacción ya adelanta que “el mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios”. Esto habilitará a extender este método de fraude laboral en muchas actividades que funcionan como “contratistas”.
-Licencias no tan libres. Habilita a las personas gestantes a trabajar hasta 10 días antes del parto. Si bien es una facultad que formalmente tienen las trabajadoras, muchas veces los empleadores presionan o toman represalias.
-Más explotación en el campo. El artículo 96 modifica la Ley 26.727 (Trabajo Agrario) y posibilita el “período de prueba” en la actividad, algo que estaba prohibido ya que se trata de una actividad en general estacional. Te pueden contratar por una temporada y despedir sin indemnización. Además habilita otra práctica que, aunque existe en los hechos, estaba prohibida y posibilitaba demandas legales: las “contratistas”. El art. 97 de la Ley Bases deroga el art. 15 de la Ley de Trabajo Agrario que dice “se prohíbe la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores”. Ahora los patrones podrán usar con más libertad a contratar cuadrillas por día, sin derechos, a cargo de capataces o empresas fantasmas.
Además de estas medidas incluidas en el Título “Modernización Laboral”, que modifican leyes laborales, hay otros ataques específicos en otras partes de la Ley. Golpea a los sectores más precarios con la eliminación del "monotributo social" que les permitía acceder a ciertos derechos. Ahora tendrán que pagar sumas que significan, por ejemplo, un tercio del Potenciar Trabajo. A las y los empleados públicos los que afecta el derecho de huelga y sus condiciones laborales (cambios discrecionales de lugares de trabajo y tareas, despidos estando de licencia, endurece las sanciones, etc). Y hay un terrible ataque a la moratoria jubilatoria para las mujeres que trabajaron sin registrar muchos años: 9 de cada 10 prácticamente no podrán jubilarse. Además vuelve el impuesto al salario, por lo que ya hay gremios que anuncian protesta cuando se trate la Ley.
¿Qué tuvieron que sacar?
Entre las cosas que estaban incluidas en los proyectos del Gobierno y la UCR pero no quedaron en el dictamen de mayoría están:
-Jornada laboral “libre”. Propone que los convenios puedan “establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad". Quedó afuera.
-Servicios esenciales y derecho de huelga. Declara “servicio esencial” a la educación, para prohibir las huelgas docentes. También amplía ese concepto a casi todas las actividades económicas. Cualquier protesta tendría que garantizar entre el 50 y el 75% de “la prestación normal del servicio”. No entró en el dictamen de mayoría.
-Asambleas. El artículo que limita la realización de asambleas quedó afuera del dictamen. Afuera.
-“Acciones prohibidas” e “injurias graves”. La redacción original define como acciones prohibidas las de “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza”, incluyendo bloqueos y protestas. Además plantea que esas acciones son “injurias graves” contra el empresario y causal de despido. Quedó afuera.
-Bloqueos. La propuesta de LLA y la UCR insistía con penalizar los “bloqueos de empresa” con el Código Penal, de 1 a 4 años de cárcel. A último momento quedó afuera del dictamen.
-Monotributo “libre”. También quedó afuera el artículo que permitía que “las contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios” no sean consideradas relación de trabajo. Afuera.
-Irrenunciablidad y ultractividad. El proyecto oficial atacaba los convenios y leyes laborales cuando favorecían a los trabajadores. Por ejemplo, tres instrumentos consquistados hace décadas: irrenunciabilidad (renunciar a derechos favorables), “norma más favorable" (la interpretación debe ser a favor del trabajador) y ultractividad (si no hay acuerdo en una paritaria sigue rigiendo el convenio existente).
-Financiamiento de los sindicatos. Las “contribuciones a favor de las asociaciones de trabajadores” quedaban prácticamente prohibidas. El punto generó un importante debate, ya que la derecha se basó en el repudio a las burocracias sindicales y los descuentos compulsivos. Desde la izquierda rechazamos que el Estado capitalista o los patrones se metan en la vida interna de nuestras organizaciones o cómo los financiamos: reclamamos asambleas de efectivos y contratados para decidir cómo se financian y cómo se controlan esos fondos. Quedó afuera, como pedía fervientemente la CGT.
Hoy vamos a impugnar formalmente la incorporación del capítulo de reforma laboral y la derogación de la moratoria previsional en la Ley Bases. No pasaron por las comisiones respectivas a pesar de estar funcionando. Inadmisible.
Espero que nos acompañen otros bloques.— Myriam Bregman (@myriambregman) April 26, 2024
¿Por qué?
Como decíamos antes, la necesidad de sacar todos esos artículos no es un rapto solidario ni proobrero de los libertarios y De Loredo. No cambiaron de opinión. Ni lo van a hacer. Simplemente necesitan sacar la Ley Ómnibus con apuro porque el gobierno sigue debilitándose y quiere avanzar con muchos puntos aunque tenga que resignar otros. No le daban los números para aplicar un ataque tan profundo: muchos diputados, aunque están a favor de la "modernización laboral", sabían que tendría un “costo político”.
Y ese fue el principal punto. No hubo un plan de lucha de la CGT aunque esta semana podía avanzar esa profunda contrareforma. Lo que hay es un malestar social y un rechazo a seguir perdiendo derechos y conquistas. Lo que hay es un 40% de la clase trabajadora ya precarizada, que no va a tolerar otro ataque brutal a sus condiciones y su derecho a protestar. Eso lo sabe un sector del gobierno pero también la oposición. La dialoguista y la “confrontativa”.
La histórica marcha educativa fue un mensaje contundente. ¿Se imaginan si el gobierno empuja ahora a millones de trabajadores y trabajadoras a las calles, a pesar de sus organizaciones?
¿Cómo sigue?
Hay que tomar nota. El gobierno no pudo meter su reforma completa, pero sigue con su proyecto en la cabeza. Porque el poder económico necesita imponer un nuevo salto en la explotación y el saqueo. El DNU tiene suspendida la parte laboral pero sigue en pie. El radicalismo chantajea con un proyecto parlamentario que lo replica. Pero además el peronismo ya ha mostrado disposición a negociar una “modernización laboral”. Lo ha dicho Cristina Kirchner y lo ha dice la CGT en el documento que leerá el 1° de Mayo.
Por eso hay que salir a las calles este lunes y los días que haga falta. Para rechazar los duros ataques que contiene el proyecto pero además voltear una Ley Ómnibus, que implica más poder para el gobierno y las empresas, más saqueo y entrega del país. Porque así como la comunidad educativa no podrá triunfar si el aumento de presupuesto es a costa de ajustar otros sectores del pueblo, los trabajadores sindicalizados no podrán decir que han ganado si se derrota a los estudiantes, las docentes, los jubilados, los informales y las familias pobres.
Hay que unir todas las luchas hasta derrotar todo el plan de Milei, el FMI y el poder económico. Salgamos a las calles.

Lucho Aguilar
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.