Análisis. Reforma laboral con aroma a los 90

Luego del triunfo logrado en las elecciones legislativas del pasado 22 de octubre, Mauricio Macri se dispone a avanzar en algunas medidas que considera cruciales. Entre ellas se encuentra la llamada “reforma laboral”, que junto con la tributaria serían las metas más ambiciosas que el gobierno se propone encarar. Si bien el objetivo de apurar cambios en las relaciones laborales ya había sido anticipados antes de las elecciones, el margen relativamente holgado del triunfo alcanzado podría llevar al gobierno nacional a elevar el grado de sus ambiciones.

Por lo pronto, todo indica que el gobierno mantendrá la decisión tomada antes del 22, que es encarar los cambios en las condiciones de trabajo sin enviar al congreso una ley de reforma. Los antecedentes del desgaste político sufrido por Raúl Alfonsín con la “ley Mucci”, y de Fernando de la Rúa con la “ley Banelco” muestran que es un camino riesgoso, a pesar de las reiteradas muestras que la burocracia sindical cegetista viene dando de su disposición a colaborar con el gobierno.

La estrategia definida tendrá entonces dos líneas de acción: la primera, ir negociando y avanzando en aspectos parciales que introduzcan modificaciones en la legislación. Eso lo empezamos a ver esta semana. Apenas tres días después de las elecciones, el gobierno convocó a los gremios para avanzar con medidas para un “blanqueo laboral”, que consisten básicamente en una eliminación de aportes para los escalones más bajos de aportantes, y la reintroducción del régimen de pasantías, restringido en 2008 por la Ley 26.427, sancionada ante la amplia evidencia de prácticas abusivas que habilitaba este régimen, ampliamente utilizado hasta entonces incluso por el propio estado nacional como forma encubierta para contratar personal permanentemente precarizado. En la reunión el gobierno anticipó también el envío al Congreso de un proyecto de ley para la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, una especie de ART de salud que apunta a reducir los juicios contra obras sociales y prepagas por tratamientos médicos o remedios no cubiertos, que pretende instaurar una instancia de una consulta previa y obligatoria para los jueces antes de habilitar el inicio de demandas contra las prestadoras privadas, gremiales o el PAMI.

Paralelamente, la cartera laboral apuntará a la negociación de modificaciones por la vía de los convenios, como ya empezaron a hacer en el sector petrolero en Neuquén (para trabajadores de las explotaciones no convencionales o “shale”) y Chubut (convencionales y no convencionales) y para el sector público nacional. Aunque a priori podría pensarse que son muy limitados los cambios que pueden lograrse de no mediar una modificación de la legislación laboral, hay abundante evidencia en el país sugiere lo contrario. Los convenios laborales a nivel de rama o empresa pueden ser la vía para iniciar la “modernización” de las relaciones laborales reclamada por el empresariado y prometida por Macri. En esto, hay que decirlo, durante los años kirchneristas también se hizo escuela; entre 2003 y 2015, los convenios por rama y por empresa sirvieron para continuar perfeccionando la flexibilización laboral iniciada en los años de Menem. Aunque durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se hablo mucho de la "restitución de derechos", el corazón de la reglamentación que fragmenta el colectivo laboral entre trabajadores de primera y de segunda, habilita la polifuncionalidad, turnos rotativos, flexibiliza despidos y suspensiones, se mantuvo con mínimas modificaciones. Esta es una "buena" herencia -desde el punto de vista del empresariado- que sirve de apoyo para la avanzanda que ahora se propone Cambiemos.

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Pasantías, puntal de la precarización

El régimen de pasantías, que ahora se presentan bajo el eufemismo de “prácticas formativas”, es para muchos trabajadores sinónimo de precarización. Desde 1992 se contemplan en el país las pasantías universitarias. Aunque formalmente se trataba de un régimen temporario para jóvenes que pudieran acceder a una primer experiencia laboral, a cambio de lo cual las empresas se beneficiaban con la exención de cargas sociales, fue en una abrumadora cantidad de casos convertido en una forma de empleo por un período prolongado, que permitía a las empresas reducir sensiblemente los salarios pagados y limitaba los derechos del personal. Como sostiene Marina Adamini, “los pasantes realizaban tareas similares a la de los trabajadores sin percibir los mismos beneficios sociales y derechos laborales que ellos” (“El sistema de pasantías universitarias en Argentina”, en Academia.edu, 2014). Antes de la sanción de la Ley 26.427 en 2008, un 80 % de las empresas llegaron a tener personal contratado como pasantes.

Jubileo y rebaja de impuestos

El segundo aspecto anticipado por el gobierno a los gremios, pasa por el impulso al blanqueo laboral mediante una reducción de las cargas patronales para los sueldos más bajos (con un tope que según se conoció podría llegar hasta 15 mil pesos). Se trata de otra medida con fuertes reminiscencias noventistas. Durante los años de Menem con Domingo Cavallo al frente del ministerio de Economía, se introdujo una fuerte rebaja de las contribuciones patronales a la seguridad social, que pasaron de 33 % del salario bruto a 17,7 % (en 2002 se elevó a 23,7 %). De más está decir que dicha medida no se tradujo en ninguna reducción del nivel de desempleo, que para finales de la década de los ’90 y comienzos del nuevo milenio estaban en los niveles históricos más elevados de los que haya registro en el país. Igual éxito tuvo el blanqueo para mipymens impulsado en 2014 mediante la Ley 26.940, que permite no pagar contribuciones patronales durante el primer año de contratación, y afrontar sólo un 25 % de las mismas durante el segundo año, en el caso de las empresas que tengan hasta 15 trabajadores, y pagar sólo un 50 % de las mismas durante los dos primeros años en el caso de las empresas que tengan entre 16 y 80 trabajadores. Esta ley fue prorrogada en agosto de 2017 por un año. También existen vigentes otras normativas (el decreto 814/01 y la reglamentación de AFIP RG 1069) que permiten deducir las contribuciones patronales de Ganancias o computarlas para el IVA. Todo esto no impidió que el empleo no registrado (“en negro”) siguiera afectando invariablemente a más de un tercio de la clase trabajadora.

¿Y para las grandes empresas?

¿Será el blanqueo el preámbulo para una nueva baja generalizada de las contribuciones patronales como la que se produjo en lo años de Menem? Sin duda es lo que esperan los grandes empresarios, que vienen reclamando no quedarse afuera de esta disminución de costos laborales. El siempre recalcitrante Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Argentina, afirmó que las empresas pagan un 56 % al Estado de lo que va al bolsillo del trabajador, mientras que en México sería de 15 %. Ignoramos cuáles son sus fuentes, pero el documento “Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe” publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en 2016 desmiente que la brecha sea tan elevada. La llamada “cuña fiscal” que recae sobre el empleador, llega en la Argentina a 21,2 %, mientras que en México es de 17,9 %. El nivel de contribuciones que rige en el país es superado por el de Brasil (25,5 %) y Colombia (24,7 %). Por otra parte, la existencia de numerosos regímenes que reducen los aportes, que en algunos casos como los vigentes para Tierra del Fuego benefician no sólo a Pymes sino también a grandes empresas, reducen sensiblemente el peso que tienen las contribuciones patronales. En 2016 las mismas llegaron a un monto equivalente al 15 % de la masa salarial.

La primera ronda de medidas que el gobierno se prepara para implementar es un marcado revival de los años ’90. Aunque se prometen como iniciativas para crear empleo y mejorar la perspectiva de los trabajadores gracias a una "modernización" de las relaciones laborales (término que también estaba en danza en esos tiempos), se trata de una película que ya conocemos. Termina con un fuerte deterioro en las condiciones de trabajo -que ya de por sí se encuentran marcadas por una altísima proporción de trabajadores en la informalidad y múltiples dimensiones de precariedad en el empleo formal-, una regresión en la distribución del ingreso, y un desfinanciamiento previsional. Para este paquete, el ministro de Trabajo Jorge Triaca se aseguró el acompañamiento de la burocracia sindical, dispuesta a colaborar a cambio de que no sean tocados los fondos gremiales e incluso obtendrán un mayor resguardo legal para las obras sociales ante los juicios por cobertura de salud.