Como con la reforma eléctrica, hoy paralizada, empresarios y jueces se preparan para frenar la reforma petrolera.
Arturo Méndez Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Martes 30 de marzo de 2021
El viernes pasado, Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que -según sus declaraciones- tiene por objetivo fortalecer a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), tal como anunció su pretensión del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad a través de la reforma eléctrica, hoy suspendida indefinidamente por un juez.
Entre los cambios que serían introducidos -de aprobarse la reforma en el Congreso y no ser obstaculizada por el Poder Judicial- está la posibilidad de suspender fácilmente concesiones o permisos, por parte de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, a las empresas privadas de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación y exportación de hidrocarburos. Esto, en caso de que se considere que hay de por medio un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.”
El proyecto también introduce una nueva normatividad sobre la capacidad mínima de almacenamiento de petrolíferos, lo que representa para las empresas privadas mayores costos para poder cumplirla.
Así mismo, se plantea modificar el sentido del “silencio administrativo”, para que la falta de respuesta ante la solicitud de permisos sea entendida como un rechazo.
Ante esta iniciativa, que afecta intereses del sector privado, ha reaccionado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que además señala con preocupación que “Pemex se podrá hacer cargo de la administración y operación de las instalaciones de empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos, haciendo uso incluso de su personal, lo que representaría un acto de expropiación directa.”
De conjunto, para el IMCO, como vocero de los empresarios, la reforma propuesta por AMLO tendría implicaciones negativas para la “competitividad” y genera un ambiente de “incertidumbre jurídica”.
Sector privado, jueces y elecciones
Así como con la reforma eléctrica, López Obrador promueve ahora la reforma petrolera con un discurso de recuperación de la soberanía energética, afectando de manera evidente determinados intereses empresariales. En ambos casos, sin embargo, no se plantea la renacionalización, ni de la industria eléctrica ni de la industria petrolera, sino que se limita a darle prioridad a las paraestatales, quitando privilegios a las empresas privadas.
No obstante, ya la aprobación de la reforma eléctrica en el Congreso -con mayoría del Morena- suscitó decenas de amparos por parte de empresas privadas, admitidos por juzgados, tras lo cual el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó suspensiones definitivas, lo que mantiene paralizada la aplicación de la reforma hasta que haya una resolución por parte de la Suprema Corte.
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Con este antecedente, que muestra al Poder Judicial actuando al servicio de los grandes empresarios de la energía, ahora se prevé la promoción de nuevos amparos en caso de aprobarse la reforma petrolera.
Por lo pronto, sin embargo, el conflicto entre el Ejecutivo y sectores del empresariado defendidos por los jueces a su servicio, juega un papel en la carrera electoral. Así lo hace notar Pablo Oprinari, en su artículo Reforma energética, protesta social y todos los frentes de AMLO, cuando escribe que “la polarización y la disputa con el poder judicial y los empresarios le convienen a López Obrador, en la medida que le permiten, en un año electoral, fortalecer su posicionamiento como ‘antineoliberal’. También, abona a echar un velo sobre otras políticas nada progresistas de Palacio Nacional, en particular frente a los procesos de movilización y organización que recorren al movimiento de mujeres y a sectores de trabajadores.”
Pero si algo muestran estas disputas es la imposibilidad de conciliar los intereses de los grandes empresarios con los del pueblo trabajador, como pretende AMLO con su discurso de “gobernar para ricos y pobres”.
Como señala Bárbara Funes en su artículo FEMSA, Walmart, Iberdrola contra la reforma eléctrica: rapiña capitalista, “La disputa sigue. La voracidad de las trasnacionales nunca se va a saciar y las medias tintas de la reforma eléctrica de AMLO no les ponen un freno.” Y lo mismo puede decirse de la reforma petrolera.
Por eso, es fundamental una perspectiva superior, claramente antiimperialista y anticapitalista. Conquistar la soberanía energética pasa necesariamente por la expropiación y renacionalización de toda la industria energética, algo que no vendrá de la mano del gobierno de la 4T, que se queda a mitad de camino en sus intentos e impotente frente a los jueces que ganan millones sirviendo a los grandes empresarios.
La expropiación y renacionalización de toda la industria energética, una medida en beneficio de las grandes mayorías, sólo puede conquistarse mediante la lucha obrera y popular y la movilización revolucionaria del pueblo trabajador. Son las y los trabajadores del sector energético quienes pueden encabezar esta lucha, enfrentando a sus burocracias sindicales; y son también quienes, frente al problema ambiental, pueden desarrollar un plan integral de transición hacia el uso de energías renovables.
