Del borrador original de reforma laboral se eliminó toda una sección muy importante que se "tercerizó" en la reforma tributaria. La reducción de contribuciones patronales que le costarán al fisco al menos $100.000 millones anuales.
Lucía Ortega @OrtegaLu_
Sábado 18 de noviembre de 2017
Se trata de un fenomenal abaratamiento de los costos laborales a cuenta de los jubilados y de los niños mediante una reducción histórica de las contribuciones patronales.
En plena “Conferencia mundial para la erradicación sostenida del trabajo infantil” el ministro de Trabajo Jorge Triaca junto con otros funcionarios se reunieron con la cúpula de la CGT para firmar el Pacto de la Rural que sentenciaría una notable reducción de las Asignaciones Familiares, las AUH, las jubilaciones, las pensiones y otros beneficios de la Seguridad Social. Una verdadera muestra de “preocupación” por los sectores más vulnerables.
El “pase mágico” consistió en eliminar del borrador de reforma laboral la reducción de contribuciones patronales que estaba en el primer proyecto, para evitar “poner en aprietos” a una burocracia sindical que vería limitada la posibilidad de firmar semejante entrega, y enviar esos cambios a la reforma tributaria. La pérdida de recursos que implica la reducción de las contribuciones rondaría entre $100.000 millones y $140.000 millones al fisco en 2022 (a valores de hoy). Especialmente ganarían las grandes empresas de servicios, como supermercados (Carrefour, Coto), comidas rápidas (Mc Donalds, Burguer King, etc), y bancos privados, con reducciones de contribuciones que llegan hasta el 70% en esos casos.
Esta pérdida sería compensada por otro “pase”, el de acordar con los gobernadores un pacto fiscal para terminar con la disputa del Fondo del Conurbano, habilitar un envío millonario al gobierno de Vidal en Provincia de Buenos Aires para que extienda su influencia sobre la base social más plebeya, e incorporar a los gobernadores a un compromiso de reducción de impuestos sobre los ingresos brutos y a planchar sus ingresos en términos reales.
Esto implica un ajuste del gasto que ya comenzó a gestarse, coronado por la "perlita" del audio filtrado en que el presidente Macri le pide a los gobernadores que reduzcan los salarios públicos provinciales en términos reales, para no presionar sobre los salarios privados y así limitar la "competitividad".
A cambio, los gobernadores recibirán los fondos para saldar los déficits de las cajas previsionales y deberán firmar su apoyo a una nueva ley de Movilidad Previsional, atando las jubilaciones y las Asignaciones Familiares a la evolución de la inflación.
El cambio en la ley de Movilidad Previsional por un nuevo índice basado en la inflación (IPC de Indec) significa una pérdida de poder adquisitivo y la imposibilidad de que las jubilaciones “le ganen” a la inflación cuando la economía crece. En otras palabras, se planchan los haberes y las partidas sociales.
Si se hubiera aplicado el índice que proponen desde el año 2009, hoy la jubilación mínima sería de $5470, es decir, ¡$1800 menos que la vigente!
En otra vereda, el gobierno se “ahorrará” unos $70.000 millones anuales con este nuevo índice. Estos cambios se suman a otra inclusión en la reforma tributaria de coparticipación total del impuesto a las ganancias, lo que reduce los fondos con asignación específica que iban a ANSES.
De conjunto, el desfinanciamiento de la ANSES se corresponde con las intenciones del gobierno de preparar el terreno para aplicar una reforma previsional regresiva.
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Lucía Ortega
Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.
