El gobierno de la Nueva Mayoría viene realizando una fuerte campaña pública para disminuir la evasión del Transantiago, que ronda el 35%. Para eso buscan aumentar las multas y también crear un Registro Público de Evasores que sólo tiene como objetivo criminalizar y perseguir a los pobres.
Miércoles 21 de junio de 2017
Distintas organizaciones sociales han planteando sus críticas a la medida. Entre ellas, la fundación Derechos Digitales, que señala que este proyecto violenta el derecho a la privacidad. Mientras que la ONG Datos Protegidos señala que “acá se afectará a la gente más pobre del país, se estigmatiza a un sector de la sociedad”.
El objetivo de este proyecto es aumentar la persecución y control a las personas que no pagan el pasaje, lo que iría acompañado de sanciones para estas personas, entre otras podría ser la devolución de impuestos o la retención de la licencia de conducir.
En un país donde una gran mayoría vive con apenas 300 mil pesos, donde además el precio del pasaje es uno de los más altos de América Latina, el precio del pasaje del Transantiago es una verdadera burla para el bolsillo de las y los trabajadores.
Hay que decir no a la criminalización de los evasores. Para asegurar que el transporte público sea un beneficio para la población y no otro negocio para los empresarios, es necesario que sea controlado y administrado por los propios trabajadores, en conjunto con profesionales y usuarios. Esta es la única manera de cerciorarse que sea un buen servicio y que esté a disposición de las necesidades del pueblo trabajador.
