El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, anunció el lunes un endurecimiento de las “leyes antiterroristas”. Aquellos ciudadanos británicos que combaten en Iraq y Siria junto al Estado Islámico serán privados de sus pasaportes y no podrán regresar al país. Los laboristas apoyan las medidas aunque piden más detalles. Las medidas atentan contra las libertades civiles y democráticas.
Diego Lotito @diegolotito
Miércoles 3 de septiembre de 2014
Fotografía: Reuters
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, anunció el lunes en el Parlamento británico una nueva ofensiva antiterrorista con un plan de medidas que permitirá confiscar los pasaportes de los supuestos yihadistas británicos que combaten en Iraq y Siria, reforzar el control fronterizo del país y tomar acciones “preventivas” contra sospechosos de terrorismo.
Cameron declaró ante la Cámara de los Comunes que “Es aborrecible que ciudadanos británicos hayan prestado juramento a grupos como el Estado Islámico” y que “Los valores británicos no son simplemente una opción, sino un deber para todos los que viven en estas islas... Defenderemos nuestros valores y acabaremos derrotando el extremismo y asegurando nuestro modo de vida a las generaciones venideras”.
Tras el asesinato en Siria del periodista estadounidense James Foley hace dos semanas, supuestamente a manos de un ciudadano británico, se encendieron las alarmas en el Reino Unido. Según los servicios de inteligencia MI5 y MI6, unos 500 ciudadanos británicos se habrían unido como combatientes en las filas del Estado Islámico en Irak y Siria. También se habrían unido unos 400 alemanes, 700 franceses y ciudadanos de otras nacionalidades como el Estado español.
El viernes pasado, el gobierno de Cameron elevó de "sustancial" a "severo" el nivel de amenaza terrorista en el Reino Unido (el segundo más alto decretado desde 2011) y dio paso a la presentación de un paquete de medidas para combatir el “auge del yihadismo”.
El nuevo paquete de medidas antiterroristas de Cameron fue negociado con sus socios liberaldemócratas en el Gobierno, a pesar de la oposición de destacados diputados de esa formación. Al mismo tiempo, fue apoyada con cautela por el laborista Ed Miliband, “Líder de la Muy Leal Oposición de Su Majestad del Reino Unido” – denominación que corresponde habitualmente al partido político con la segunda mayor representación en la Cámara de los Comunes – a la espera de conocer los detalles de la normativa.
Si bien las mismas fueron presentadas por el Gobierno británico enfatizando su carácter “preventivo”, en los hechos implican importantes restricciones de las libertades civiles.
Las medidas otorgarían poderes especiales a la policía para confiscar los pasaportes de aquellos ciudadanos sospechosos de unirse a grupos yihadistas y la medida se extendería durante el tiempo que durará la investigación del individuo en cuestión. También se podrá detener “preventivamente” a posibles sospechosos dentro del Reino Unido.
En su comparecencia ante los Comunes, Cameron no entró en detalles sobre cuál sería el destino de los sospechosos en el caso de ser retenidos. Dijo sin más que “necesitamos poderes discrecionales específicos que nos permitan excluir a británicos del Reino Unido” y agregó que las Medidas de Prevención y Ampliación del Terrorismo (Tpims) – en vigor desde 2011 – serán ampliadas, incluido el poder de “reubicar a sospechosos”, utilizar "zonas de exclusión" y de hacerles pasar por “programas de desradicalización”.
La retórica de Cameron resultó muy familiar a quienes conocen los fundamentos con los que el gobierno de Estados Unidos defendió la adopción del “Acta Patriótica” en 2001. Esta ley aprobada durante el gobierno de George Bush tras los atentados del 11S y renovada en 2005, concede a los servicios secretos de EE.UU. “carta blanca” para vigilar la vida privada de los ciudadanos estadounidenses, bajo el pretexto de protección contra el terrorismo.
El “Acta Patriótica” ha sido duramente criticada por diversas organizaciones de derechos humanos en todo el mundo, por ser considerada un ataque abierto contra las libertades y garantías constitucionales de los ciudadanos, tanto estadounidenses como extranjeros.
El paquete de medidas “antiterroristas” presentado por el primer ministro Cameron el pasado lunes, pareciera inscribirse en la estela de dicho texto legal. Medidas tales como confiscar los pasaportes de ciudadanos británicos nacidos en el Reino Unido contravendría las normas internacionales.
Del mismo modo, impedir el regreso de ciudadanos al país también estaría reñido con distintas normas de jurisdicción internacional. Puesto que si se impide a un ciudadano británico ingresar a “su” país, podría ser interpretado como una acción deliberada del Reino Unido de no responsabilizarse por sus propios ciudadanos considerados “sospechosos de ser terroristas”.
La reciente difusión de un vídeo con la supuesta decapitación del periodista norteamericano Steven Sotloff a manos de ISIS – del que aún no se ha confirmado su autenticidad – ha generado gran consternación en el Reino Unido. Después del segundo rehén occidental supuestamente ejecutado por el Estado Islámico, sigue en la lista de posibles víctimas el ciudadano británico David Cawthorne Haines, secuestrado en la provincia siria de Idlib en marzo de 2013 y que aparece en las imágenes del mismo video.
Fuentes: REUTERS/EFE
