La relación entre el actual gobierno y los militares ha sido muy cercana desde el principio, tan es así que el actual presidente de México, pese a haber renegado de los soldados en las calles cuando era opositor, desde que tomó el poder ha construido una narrativa en donde dice que el Ejército es “pueblo en armas”, pero ¿Qué tan cierta es esta afirmación?

La Cuarta Transformación (4T), el proyecto político liderado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se presenta como un gobierno de izquierda con un perfil antineoliberal, apoyado en los programas sociales y otras medidas como el aumento al salario mínimo; sin embargo, a la par de eso ha llevado adelante medidas que alejan de una agenda progresista. Una de ellas es el creciente poder político y económico que López Obrador les ha otorgado a los militares con más presupuesto, continuidad de las tareas de seguridad pública respecto de los gobiernos anteriores, nuevas tareas de administración e infraestructura, persecución de los migrantes, etc.

Para justificar esta situación el propio AMLO ha apelado al relato donde presenta al actual ejército como descendiente de los combatientes de la Revolución mexicana, omitiendo el hecho de que, después de la derrota de Victoriano Huerta, se enfrentaron en los campos de batalla dos fracciones claramente diferenciadas. En su discurso del 20 de noviembre de 2022 exculpó a las Fuerzas Armadas afirmando que se conformaron a partir de la organización promovida por Venustiano Carranza para enfrentar al usurpador Huerta. Declaró que: “Ese es el origen del actual ejército. Por eso, el Día del Ejército se celebra precisamente el 19 de febrero. Este es el origen del actual ejército, que surge del pueblo para defender la legalidad, la democracia y hacer valer la justicia”. [1]

Incluso, lo exculpó por los actos de represión que se perpetraron a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días exclamando: “A lo largo de su historia, es más lo bueno de esta institución militar que los errores o sus manchas, muchas de ellas no atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles que en algunas ocasiones las han utilizado indebidamente, han utilizado a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo”. Para terminar, catalogando a los militares como “pueblo uniformado”, que colabora con el “pueblo civil”, porque según este relato “los soldados, marinos y oficiales vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo”. [2]

El Ejército constitucionalista y el pueblo en armas en la Revolución mexicana

Primero, cabe aclarar que el origen del actual ejército mexicano, según la información oficial, se crea el 19 de febrero el 1913 con el XXII Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, a partir de una ruptura institucional con el anterior, producto del desconocimiento al general Victoriano Huerta. Estas acciones fueron dirigidas por Venustiano Carranza a quien el decreto 1421 le dio facultades para encabezarlo en su calidad de gobernador del estado, con el fin de crear una fuerza armada y restablecer el orden constitucional.

El 26 de marzo de 1913, fue proclamado el Plan de Guadalupe, documento que le dio nombre al “Ejército Constitucionalista” y, una vez que se promulgó la Constitución de 1917, adoptó los nombres de Ejército Nacional Federal y Permanente y más tarde Ejército Mexicano. [3] Pero ¿Quién fue Venustiano Carranza? Conocido como el primer jefe del Ejército Constitucionalista durante la Revolución mexicana, se levantó contra el gobierno de Huerta tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero el 19 de febrero de 1913. De ese modo, Carranza alcanzó ese título durante la lucha armada y representó a una dirección de corte nacionalista burguesa, que blandía un nuevo proyecto nacional para pacificar al país, apelando a la constitución liberal de 1857.

De ahí viene el nombre, en oposición al huertismo que representaba la continuidad del viejo porfirismo; sin embargo, no perseguía el objetivo de trastocar, de manera radical, las bases sociales y políticas del Estado mexicano y, ante las tendencias profundamente revolucionarias que surgieron, asumió una política conservadora y de reconstrucción del estado burgués, que fue lo que se impuso finalmente y marcó el carácter del nuevo ejército. Esto supuso, además, que el propio Carranza se opusiera durante varios años a la implementación de reformas sociales (en particular la reforma agraria que era la bandera de la insurgencia de las masas del campo) y sólo las aceptó en 1915, vinculadas a una política “desde arriba” para contener a las masas.

La mayor parte del tiempo, su rol fue intentar poner un freno político y militar a la División del Norte, en la negativa a la repartición de tierras que demandaba el Ejército Libertador del Sur y en la represión contra en movimiento obrero en 1916 al iniciarse la primera huelga general en la historia de México. De hecho, al interior del mando constitucionalista fue el sector más reacio a las reformas sociales, chocando con el general Álvaro Obregón; lo que pudo palparse en la Convención de Aguascalientes de 1914 y en la propia discusión y redacción de la Constitución Política de 1917, donde se opuso hasta el final a conceder derechos sociales a las mayorías.

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Por otra parte, a los que podríamos llamar verdaderamente pueblo en armas, entendido como las clases que habían sido explotadas y despojadas por la burguesía, especialmente los campesinos y los obreros en segundo plano, estaban representados por el Ejército Libertador del Sur y la División del Norte, el primero fue una organización social y militar revolucionaria dirigida por Emiliano Zapata, que estuvo en operaciones desde 1911 hasta 1920, especialmente, en el estado de Morelos, pero también en Puebla, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Tabasco teniendo una importante influencia entre campesinos y pueblos originarios, quienes conformaban a sus combatientes y desarrollaron un programa propio e independencia política de la dirección burguesa de la revolución; es decir, del maderismo y, posteriormente, el constitucionalismo. [4]

El programa político del zapatismo fue el Plan de Ayala donde se establecieron sus objetivos políticos, sobre todo, respecto a la restitución de las tierras despojadas por el régimen porfirista para el beneficio de los terratenientes y los grandes monopolios extranjeros. El Plan de Ayala fue tan importante que, incluso, fue reconocido como propio por los villistas, quienes se identificaron con él, ya que representaba el punto más alto de la lucha por la tierra.

Por otro lado, la División del Norte fue el ejército campesino más grande que haya visto América Latina, una de las mayores hazañas políticas y militares de las masas mexicanas en la lucha contra la explotación y opresión capitalista, ya que fue quien destruyó militarmente al estado porfirista. Su principal líder, Doroteo Arango mejor conocido como Francisco Villa, fue un dirigente militar nato, de origen popular que dejó una huella profunda en la historia de México. Como era un brillante organizador supo cómo articular la fuerza de su clase y formar un vínculo no sólo con los rancheros y trabajadores del campo, también con los mineros y especialmente los ferrocarrileros, a quienes incorporó a su fuerza militar. [5]

En la primera fase de la revolución, este “pueblo en armas” fue el protagonista central del enfrentamiento contra Porfirio Díaz y, posteriormente, contra Victoriano Huerta y el viejo aparato porfirista, vencido por las fracciones revolucionarias, especialmente, por la División del Norte. La segunda fase de la Revolución mexicana estuvo caracterizada por la ofensiva del constitucionalismo contra los ejércitos campesinos; es decir, su mayor objetivo era derrotar al pueblo en armas para restaurar el orden capitalista. Expresado en el antagonismo de los diversos proyectos, donde el general Álvaro Obregón encabezó al Ejército Constitucionalista, que derrotó a las fuerzas de Villa. [6]

La derrota de las fuerzas campesinas abrió el camino para la tortuosa reconstrucción del Estado y el encumbramiento de los triunfadores que, en décadas posteriores, se transformarían en parte fundamental de la clase dominante, teniendo al ejército como uno de sus pilares más importantes. El liderazgo político y militar tuvo diversas fracciones, como el obregonismo, pero donde todas coincidian en impulsar el desarrollo del capitalismo [7] en el que las Fuerzas Armadas tendrían un rol muy importante.

La institucionalización del Ejército y el uso de la represión

Con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario en 1929 emerge y se concentra en el partido de gobierno a las facciones político-miitares triunfadoras, que venían actuando en la década previa. Esto implica la institucionalización y disciplinamiento de las mismas tras la Revolución mexicana, para que su accionar quedara dentro de los margenes de las instituciones. En el sexenio cardenista se avanzó en una integración directa de las organizaciones obreras y campesinas al partido sucesor del PNR (el Partido de la Revolución Mexicana [PRM]) que ahora estará conformado por los cuatro sectores: junto a los dos antes mencionados, el popular y el militar; todo esto, mientras se daba la estatización y subordinación al estado de las organizaciones obreras y campesinas.

Además, el gobierno cardenista mantuvo una línea de profesionalización, junto con establecer una buena imagen ante los trabajadores como una institución defensora de la herencia de la Revolución y de cuya existencia dependía México para progresar; por ejemplo, el 5 de septiembre de 1938 Cárdenas dio un discurso ante los comandantes de las zonas militares: “Es cierto, por otra parte, que las leyes restrictivas de la acción política del Ejército no se han cumplido en México; podemos afirmar que se han mistificado por la imposibilidad de prescindir de un ejercicio consustancial a la función vital del ejercicio de las armas. Si se tiene el alto deber de defender a las instituciones éste empieza en el momento mismo en que se gesta el proceso de renovación que infunde la idea democrática”. [8]

Posteriormente al cardenismo, la institucionalización del ejército se profundizó disciplinándolo en torno a los intereses del régimen, por ejemplo, el sucesor de Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho, destacó por el acuerdo presidencial del 10 de diciembre de 1940, en el cual se les prohibió a los integrantes del “Ejército y la armada nacionales seguir figurando como integrantes del PRM”. Cinco años después, Ávila Camacho volvería a ratificar este decreto para profundizar la separación del poder político con los cuerpos castrenses, pero fue durante el sexenio de Miguel Alemán, que las Fuerzas Armadas dejaron de ser, definitivamente, uno de los sectores del partido oficial, el recientemente formado (en ese momento) Partido Revolucionario Institucional (PRI). [9]

Para facilitar la salida del Ejército de la vida pública, se permitió que los generales se convirtieran en empresarios o que permanecieran en altos cargo dentro de la institución, para separarlos de los órganos del poder político, que con la profesionalización se reservaron para los gobiernos civiles, fue así que el Estado y el partido oficial conquistaron la completa profesionalización de los militares para mantener el orden y hacer valer la ley burguesa, pero sin involucrarse directamente en las decisiones. Por lo que, en años posteriores, los soldados serían usados para ejecutar diversas tareas, que tenían que ver con la represión contra opositores al régimen vinculados al movimiento obrero y popular, con completo conocimiento y complicidad de los altos mandos.

A partir de ese momento en adelante, el ejército mexicano sería usado como instrumento de represión del régimen priista contra diversos movimientos, como fue la lucha obrera de 1958, que inició con protestas del movimiento ferrocarrilero, que después involucró a telegrafistas, maestros, petroleros y estudiantes, [10] quienes protagonizaron rebeliones antiburocráticas contra las burocracias sindicales “charras” y contra el autoritarismo impuesto por el PRI. Este partido, sin dudarlo, utilizó a soldados y policías en complicidad con esos mismos “charros” para acabar con el movimiento obrero, que se desarrollaba en el contexto de la elección presidencial de aquel año donde resultó electo Adolfo López Mateos.

Otro gran ejemplo del uso de los militares como instrumento represivo fue el del movimiento estudiantil en 1968, en donde se observó su participación contra los estudiantes desde el 26 de julio al 2 de octubre, que culminó con una masacre perpetrada aquel día por los cuerpos castrenses para acabar con el movimiento. [11]

También podríamos mencionar la “guerra sucia” en la década de 1970, la ofensiva militar contra la rebelión indígena-campesina de Chiapas en 1994, la represión contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, así como los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en la “guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN) y su continuidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI, el cual tuvo como suceso paradigmático el caso Ayotzinapa, con la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal, Raúl Isidro Burgos, en donde los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre en Iguala Guerrero apuntan a la participación del Ejército.

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El fantasma del caso Ayotzinapa

El 25 de julio de 2023, el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe en México sobre el caso Ayotzinapa, en el cual reveló que, pese a las promesas del actual gobierno para resolverlo, lo cierto es que ha permitido que el ejército siga ocultado su responsabilidad en los hechos. En donde el organismo señaló que las fuerzas del Estado estaban presentes en ese momento, actuaron y no protegieron, saben y sabían lo que pasó; además, el ocultamiento de esa información ha significado el ocultamiento de responsabilidades.

Al respecto, AMLO defendió a la Sedena y a la Marina: “No es cierto que no estén ayudando. Respeto su punto de vista [del GIEI], pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y de Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad”. [12]

Así, el pasado 26 de septiembre de 2023, cuando se cumplieron nueve años de la noche de Iguala, los padres de los jóvenes desaparecidos continuaron señalando que el Ejército seguía sin entregar toda la información; sin embargo, el mandatario alega lo contrario, que ya se entregó todo a pesar de que hay datos que siguen sin ser del todo transparentes. Lo que es una muestra de una política de continuidad, pues los cuerpos militarizados como la GN han cometido repetidamente violaciones a los derechos humanos, incluida la persecución contra migrantes, principalmente hacia aquellos provenientes de América Central, aunque también de otras latitudes.

Su cercanía con las Fuerzas Armadas es lo que expone los rasgos bonapartistas del actual gobierno que se reinvindica como progresista, pese a su discurso progre y antineoliberal, señalando todos los males que el neoliberalismo le provocó al país, incluyendo las violaciones a los derechos humanos producto de la militarización. Ahora actúa de forma contraria, ya que puso en marcha la operación ideológica para legitimar la presencia de los soldados en las calles, alegando que son “pueblo armado”, lo que implica la continuación y profundización de esa militarización.

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