En junio pasado visitó el país el relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo reunido con distintas organizaciones para conocer la situación del país.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Viernes 22 de julio de 2016
El Relator Especial sobre Libertad de Expresión, Edison Lanza, señala en su informe que “en Chile persisten algunas normativas y prácticas que siguen impactando negativamente el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, y que pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición”.
Algunos de los temas que aparecieron en el informe dicen relación con el intento de perseguir a los medios de comunicación que difundieran información sobre ciertos temas de interés público, acusados de ser “seguridad del Estado” y que conllevaba multas, aunque finalmente debido a la fuerte presión fue retirado.
El relator también señala el caso de tres periodistas y el director del medio The Clinic “citados a declarar por la Fiscalía Militar, oportunidad en la que fueron requeridos a revelar las fuentes de un reportaje conocido como el “Milicogate”, que reveló un caso de corrupción y desvío de fondos de la Ley Reservada del Cobre, donde se vieron involucrados varios oficiales del Ejército” es decir, otra forma de presión hacia el periodismo sobre el tema.
También se critica la persecución y criminalización a las radios comunitarias, señalando también que recibieron información “sobre la existencia de una concentración excesiva en la propiedad y control de los medios de comunicación en manos de un reducido número de grupos económicos”.
Entre los temas destacados, se critica la falta de derechos democráticos como el ejercicio de la protesta social, “La Relatoría mantiene su preocupación por la vigencia del Decreto Supremo 1086, adoptado durante la dictadura militar en el año 1983 y que faculta – de manera incompatible con estándares interamericanos de protección de derechos humanos –a las autoridades a negar la autorización para la realización de reuniones y manifestaciones públicas cuando se celebran en “calles de circulación intensa o en calles que perturben el tránsito público””.
En el mismo sentido, el Relator señala que recibieron múltiples denuncias respecto de “detenciones ilegales, agresiones y uso desproporcionado de armas menos letales contra manifestantes en 2016”, con graves casos como la mujer que abortó producto de los golpes de Carabineros, adolescentes heridos con perdigones, golpes, desnudamientos y otras forma de apremio ilegítimo.
El informe del relator del CIDH, informe que solo constata y en ningún caso significa un cambio en la situación descrita, es una muestra más de la brutal represión y criminalización de las luchas sociales, las constantes políticas de persecución, la falta de derechos democráticos mínimos como a manifestarse, como también la falta de libertad de expresión efectiva. Queda como desafío la necesidad de que las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, sindicales, etc., sean capaces de levantar un gran movimiento para denunciar la represión y en demanda de derechos democráticos.
Ver el informe en: http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2016/07/Relator-Libertad-de-Expresi%C3%B3n-CIDH-2016.pdf
