Transporte público. Renuncia al subsidio: chantaje oficial que mantiene el esquema favorable a las ganancias empresarias

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, informó que los pasajeros de transporte público podrán renunciar a los subsidios aplicados en la tarifa en las líneas de jurisdicción nacional y en aquellas jurisdicciones que posean SUBE. La medida entrará en vigencia desde el 27 de octubre y las tarifas ascenderían en el caso de colectivos a $700 y en tren a $1100. Una medida que busca generar miedo ante las propuestas de Milei y Bullrich de eliminar subsidios, pero que mantiene intacto el esquema de negocio de las grandes empresas del transporte con un servicio de mala calidad.

La renuncia al subsidio implicaría un fuerte incremento de las tarifas, otro golpe al bolsillo de los trabajadores y los sectores populares ya afectados por la alta inflación.

La medida alcanza a los usuarios de transporte automotor de las líneas de jurisdicción nacional y de transporte ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires. También para los usuarios de líneas de urbanas interjurisdiccionales de jurisdicción nacional.

Tras el anuncio oficial, el ministro Giuliano redobló la campaña del miedo y afirmó "el que vota a Milei debería bajarse del subsidio. Debería ser así porque si se va a votar por la eliminación del subsidio y se lo queda, la verdad es que se está teniendo una actitud de contradicción", en declaraciones radiales.

Te puede interesar: Massa miente: con un sistema privatizado y el pacto con el FMI la crisis del transporte no tiene solución

“La consecuencia de lo que proponen Bullrich y Milei es que la tarifa cueste $700 el colectivo y $1100 el tren. Nosotros entendemos que el transporte tiene un sentido social. Si uno mira el promedio de casi 2,5 viajes que lleva adelante un habitante del AMBA, imaginen que son 2.5 viajes por persona y esto significa un costo diario de $700 x 5”, agregó Giuliano. Si el transporte tiene un “sentido social” por qué el Gobierno permite el deterioro del servicio donde millones de personas viajan a diario hacinadas y con poca frecuencia. En tanto, Milei y Bullrich coinciden en mantener el negociado de las grandes empresas. El transporte público es un derecho, no es un negocio.

Subsidios millonarios y un servicio de mala calidad

Según un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), los subsidios al transporte empezaron a aplicarse en el año 2002, a partir del congelamiento de las tarifas establecido por el entonces presidente Eduardo Duhalde. Luego hubo un salto del gasto en subsidios al transporte (entre 2003 y 2010 aumentó cuatro veces como porcentaje del Producto Interno Bruto), mientras tanto el servicio se fue degradando mientras las grandes empresas ganan millones.

En los primeros nueve meses del año los subsidios al transporte alcanzaron los $631.985 millones, un aumento de 14% en términos reales en relación al mismo período de 2022, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Millones que benefician a los grandes empresarios del transporte.

Las empresas del transporte hacen lockout patronal e incumplen los acuerdos paritarios como sucedió en julio pasado para exigir más subsidios al Gobierno. La agrupación Bordó de choferes clasistas denunció en esa ocasión que “el transporte está administrado por monopolios y empresas privadas y lejos de ser un servicio público, se transformó en un negocio millonario y parasitario, que está basado en recibir subsidios millonarios del Estado, que son indexados mes a mes según la inflación”.

“Brindando un servicio pésimo para los 10 millones de pasajeros que viajan a diario solamente en el AMBA y la PBA. Y a costa de salud de los choferes que trabajamos en muy malas condiciones, con jornadas extenuantes y en condiciones insalubres. Ya que no invierten hace décadas y faltan unidades, no hay recambio de carrocerías ni mantenimiento de los colectivos que están en mal estado, hay baja frecuencia en los barrios populares donde los colectivos no llegan”, agregaron los trabajadores de la Bordó.

Para modificar la situación crítica en la que se encuentra el transporte público de pasajeros es necesario un enfoque integral que aborde el financiamiento, la gestión y la operación del transporte público en la región de manera planificada. Es fundamental conquistar un sistema de transporte público seguro, eficiente, accesible y sostenible que garantice el derecho a la movilidad, especialmente para los sectores más postergados de la sociedad. El transporte de calidad es un derecho básico que ni el gobierno ni las patronales están garantizando.

Es necesaria la estatización del servicio de transporte bajo gestión de trabajadores y usuarios, la apertura de las cuentas de las empresas para conocer cuánto ganan las firmas con el boleto y con el subsidio. Por tarifas populares para las trabajadoras y los trabajadores, gratuitas para docentes, estudiantes, desocupados, jubilados y trabajadores de la salud pública.

Te puede interesar: Un transporte al servicio de las trabajadoras y los trabajadores