Tras 20 meses de una polémica gestión, el pasado sábado se hizo pública la renuncia de Javiera Blanco al Consejo de Defensa del Estado (CDE), arguyendo principalmente la “incomodidad” causada al resto de consejeros producto de que, la ahora ex consejera, se encuentra imputada en tres casos diferentes. ¿Por qué dimite ahora y no antes?
Juan Andres Vega Estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Militante de Vencer
Lunes 15 de octubre de 2018
“La incomodidad de los consejeros, que la entiendo, hace que tome esta decisión”, con estas palabras la abogada oficializaba su renuncia al organismo estatal al que fue nominada por la ex Presidenta Michelle Bachelet en febrero de 2017. Dicha incomodidad sería producida porque Blanco se encuentra en calidad de imputada en tres investigaciones penales derivadas del ejercicio de sus cargos anteriores.
Una de ellas es producto de su paso por el ministerio de Justicia entre 2015 y 2016, el que estuvo marcado por un informe de una serie de menores fallecidos al interior de centros del SENAME, producto de este informe Blanco tuvo que afrontar dos acusaciones constitucionales que no prosperaron. En particular, hoy se encuentra imputada por fraude al fisco, debido a una supuesta contratación promovida por ella de cinco millones de pesos para formar parte del programa de Aseguramiento de Calidad de Residencias del SENAME, labores que si bien habrían sido pagadas, no fueron realizadas.
Otra de las investigaciones imputadas a la ex titular de Justicia es producto de una orden dada por ella de contratar a cuatro personas “en necesidad de contar con profesionales en comisión de servicio en el Departamento de Personas Jurídicas, de esta cartera de Estado, a fin de dar cumplimiento a los compromisos laborales establecidos para el año 2016”. Sin embargo, dichas contrataciones son consideradas irregulares según consigna la Fiscalía Centro Norte de Santiago, por lo que a Blanco se le imputan los delitos fraude al fisco, nombramiento ilegal y tráfico de influencias.
Pese a todos estos casos, a pesar de ser conocidos, en febrero de 2017 la entonces presidenta Michelle Bachelet decidió nombrarla parte de la CDE, cargo que en condiciones normales es inamovible -cualquiera de los 12 consejeros pueden ser removidos de sus cargos solamente con aprobación del Senado- hasta los 75 años. Cargo que se encontraba en conflicto con la causa abierta por gendarmería, con lo que Blanco tuvo que estar fuera de sus funciones durante tres semanas.
No se hizo esperar la celebración por parte del Gobierno que, a través del ministro del Interior Andrés Chadwick, señaló que era "una acción necesaria" para "el buen funcionamiento del CDE" y que Piñera nombraría un reemplazo con "tranquilidad".
