La impunidad de los poderosos como norma, parece ser la tónica de los corruptos y sus partidos políticos, quienes descansan en la deliberación del Ministerio Público y sus jueces.
Martes 23 de enero de 2018
La crisis de legitimidad ya no sólo golpea a la casta de políticos corruptos y sus partidos, sino que también salpica a su aliado circunstancial ante la ley, el Ministerio Público.
Y es que la renuncia de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, luego de la salida alternativa ofrecida por sus jerárquicos al desaforado senador de la UDI, Iván Moreira, por $35 millones de pesos en el bullado caso SQM, expresa que tanta impunidad tiene un límite.
La reacción de los fiscales no es para menos, tomando que los casi tres años de juicio, donde incluso en primera instancia el senador derechista reconoció los hechos del famoso “raspado de olla” con financiamiento empresarial a través de boletas ideológicamente falsas, se esfuma como polvo en el aire, donde no parece suficiente para los jueces las pruebas expuestas, abriéndose una importante fractura de la institucionalidad judicial, que como se expresa aquí, termina siendo un arma al servicio de los poderosos.
Frente a tal situación Gajardo se refirió a lo sucedido señalando "Me preocupa sobre todo la corrupción, en cómo se pueda tener un mejor sistema para que eso pueda ser sancionado y me preocupa la indolencia que veo en estos temas. No hay una real conciencia de la gravedad que tiene que nosotros como sociedad no persigamos con rigurosidad estas conductas" según indica en una entrevista para el medio La Prensa de Curicó.
Por su parte la Asociación de fiscales mediante redes sociales lamentó la renuncia de los fiscales calificándola como “una muy mala noticia para el Ministerio Público”.
La crisis del Ministerio Público y la judicialización de la corrupción
La división que hoy aterriza en el Ministerio Público y las instituciones judiciales, no es otra cosa sino la expresión del evidente vínculo entre justicia de los empresarios y la casta política que actúa con la más completa impunidad, ante uno de los mayores fraudes perpetrados en los casi 30 años de “democracia pactada”, y donde la tónica ha sido salvaguardar la integridad de los corruptos, a cambio de decenas de millones. La unidad del régimen, de Gobierno, Partidos, Empresarios, Fiscalía, SII, Jueces, etc. sigue avanzando a cerrar causas y proteger a políticos al servicio del gran empresariado.
La Unión Demócrata Independiente (UDI) como símbolo cumbre del vínculo entre negocios y política, no ha hecho sino esconder bajo la alfombra toda la basura emanada de los casos Penta y SQM, evadiendo cualquier clase de responsabilidad, delegando dicha responsabilidad a las instituciones que investigan, cuestión muy fácil, cuando es esa misma justicia la que vela porque los corruptos se libren de polvo y paja. No solo ellos. También de la vieja Concertación y Nueva Mayoría, financiados por SQM.
Pero el pueblo trabajador, ya se está cansando de tan indignante situación, y comienzan a cuestionar instituciones históricas ligadas a la derecha y los sectores más conservadores de nuestro país. La impunidad del régimen intenta cerrar el ciclo de investigaciones de la corrupción. La salida de Gajardo y Norambuena, su figura y sus intereses es parte de esa crisis, y no la solución, como ven Karol Cariola y Gabriel Boric que apoyan a los fiscales renunciados. Una "limpieza progre" que busca fortalecer la "democracia" a través de "persecutores" penales, fortalece también al Estado, cuyo "partido judicial" puede jugar camuflados roles (ya veamos a éste y su héroe, Sergio Moro, en el golpe institucional en Brasil). Ambos bandos, aunque hoy gane el de la impunidad, sirven a intereses del Estado.
