Boletas por $33 millones, reuniones con los empresarios pesqueros y acciones para asegurar sus ganancias, son algunas de las situaciones que develo CIPER y que llevaron a la renuncia del subsecretario de pesca, abriendo una nueva crisis al gobierno.
Néstor Vera Médico.
Martes 24 de enero de 2017
Nuevamente un caso de corrupción relacionado con los empresarios pesqueros y políticos sale a luz. Esta vez golpeando a un personero de gobierno de la Nueva Mayoría, el subsecretario de pesca Raúl Súnico, quien presenta su renuncia al cargo y es suspendido de su militancia en el PS tras estos hechos.
En la investigación publicada por CIPER Chile titulada “Los correos que muestran los “favores” del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras” se dan a conocer documentos de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) donde se evidencia la ligazón de Súnico con los empresarios.
Los lazos se remontan al periodo entre los años 2010 – 2013, momento en el cual el ex parlamentario trabajó en la Municipalidad de Talcahuano como asesor en la construcción del puerto y encargado de ver la inversión en esta área, transformándose en el nexo entre las pesqueras y el municipio. Durante esos años su esposa cobró 34 boletas a ASIPES equivalente a $33 millones. Estos pagos se realizaron meses antes que Súnico se postulara nuevamente al parlamento.
A 7 meses de ser nombrado subsecretario tuvo una reunión con el entonces presidente de ASIPES, Luis Mondaca. Quien en un correo dirigido a directivos de ASIPES evidencia que Súnico planteó no acabar con la pesca por arrastre, siendo que era parte de su programa de gobierno. Incluso aclaró que buscara “bajarle el perfil” al Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), organismo que agrupa a un sector de pescadores artesanales mas críticos quienes buscan derogar la Ley de Pesca.
No solamente el ex subsecretario se ve involucrado en esto, también otros miembros de la Nueva Mayoría como Álvaro Ortiz (DC, candidato al municipio de Concepción), Gastón Saavedra (PS, candidato al municipio de Talcahuano), Cristián Campos (PPD, diputado) e incluso a Hugo Arancibia (histórico dirigente de los pescadores artesanales del Bio Bio).
La explosión de este escándalo vuelve a evidenciar la profunda relación entre empresarios y políticos, tanto de Chile Vamos como de la Nueva Mayoría. Profundizando la crisis de los partidos del régimen y la separación de estos con el pueblo trabajador.
La respuesta de los pescadores artesanales no se hizo esperar, varios de sus dirigentes manifestaron su repudio a estos hechos. Luis Villablanca, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales y Ramas Afines de Coronel (Siparmar) dijo: “más que renunciar se dio a la fuga porque fue alcanzado por la información de que trabajaba para la industria”. Por su parte Melchor Celedón, presidente de la Mesa Comunal de Pesca de Lebu, declaró: “no tenemos en quién confiar, ni en parlamentarios ni en nadie porque si hubiera habido voluntad el Congreso ya habría anulado la Ley Longuera. Francamente Súnico lo único bueno que hizo fue renunciar rápidamente y lo hizo porque sabía que se le iba a exigir. Si no lo hubiera hecho nos habríamos reunido y exigido su salida inmediata.”
Este nuevo caso de corrupción vuelve a poner en tela de juicio a la llamada Ley Longueria, ya cuestionada previamente por la relación entre la derecha y CORPESCA.
Los conglomerados de Chile Vamos y la Nueva Mayoría se siguen hundiendo y muestran su vínculo inquebrantable con los empresarios, la necesidad de una alternativa de las y los trabajadores para enfrentarlos se vuelve vital.
