Este martes, concejales de la comuna, junto a abogados, interpusieron una reclamación por "abandono de deberes" en contra del alcalde Jonathan Velásquez, ante el Tribunal Electoral Regional. Solicitan que la entidad determine si el jefe comunal incurrió en esta falta y si también hubo en materia de probidad administrativa. Un proceso que podría tomar meses, incluso años, que pone la confianza en una institución antidemocrática y engorrosa. Todo en medio de la exigencia de renuncia del alcalde, de la plana directiva de CMDS y de la Escuela D-68. ¿Se puede confiar en esta vía?
Miércoles 27 de marzo de 2024
Tras dos semanas de paro indefinido de las y los trabajadores de la educación, ha sonado fuerte la exigencia de renuncia, no solo de la plana mayor de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), sino del mismo alcalde y presidente de dicha institución. Las comunidades educativas se han movilizado tomando como un símbolo la bandera por justicia para Katherine Yoma, tras su trágica muerte producto del autoritarismo escolar y las malas condiciones de trabajo,
Desde esta concejalía apoyamos esa moción, pues consideramos que como alcalde le ha hecho un daño tremendo a la comuna. En solidaridad con el enorme movimiento nacido desde establecimientos educativos, que hace ya tres años denuncian las condiciones de la educación pública; así como con aquellas trabajadoras municipales contratadas a honorario despedidas o postergadas en sus sueldos por la administración municipal de Antofagasta; esas trabajadoras municipales, de la atención primaria de salud y de la CMDS maltratadas por Velásquez, junto a las vecinas y vecinos que ven basura en cada esquina y su salud deteriorada por la contaminación y las quemas en La Chimba, o aquellos que arriesgan su vida al vivir cerca de la “Avenida de la Muerte”.
El alcalde Velásquez no ha respondido a ninguna crisis, ni la de la contaminación en el ex vertedero, ni la de la basura, priorizando tratos directos con empresas privadas por más de $26.000 millones con DEMARCO; ha mentido para desacreditar la actual movilización educativa y tratado de manera indolente a la familia de Katherine Yoma. Ha mostrado un desprecio total ante las demandas del sector educativo por tres años, incluso rebajando el presupuesto municipal para esta área en los dos últimos PADEM y, peor aún, usando descriteriadamente el dolor de una menor y su familia para dividir a apoderados de profesores.
Por eso, esta concejala adhiere a la exigencia de renuncia planteada por cientos de docentes y por la familia Yoma Valdivia. Por eso, insto a apoderados y estudiantes a que no caigan en los chantajes de Jonathan Velásquez, que vean la enorme fuerza que existe para acabar con la miserable alimentación de JUNAEB, las plagas en las escuelas, los problemas de infraestructura que hacen al hacinamiento, y los problemas de convivencia escolar. Que miren la potencia que tendría un petitorio unificado de las comunidades educativas para ir por más.
¿O la vía administrativa legal?
Entonces, ¿por qué no nos adherimos a la reclamación interpuesta en el Tribunal Electoral Regional (TER) por seis concejales, desde el PC a RN? Porque no vemos legítima a una institución compuesta por tres jueces que nadie eligió, que no son ni de la región. Una institución antidemocrática y burocrática, cuyos procesos son largos, engorrosos, muchas veces utilizados para gallitos políticos sin dar una solución real. No olvidemos que a Karen Rojo no la removió dicho tribunal, sino el juicio por sus delitos, y no por el abandono de deberes.
Además, es importante destacar que dentro de los 15 puntos enumerados como argumentos del notable abandono de deberes de Velásquez en su cargo como alcalde, no se nombra la salud y la educación.
Y es que en esta discusión, lo de fondo es una estructura autoritaria y antidemocrática como es el sistema municipal que nos rige. El actuar del alcalde no solo es porque él se ubica como un señor feudal, sino porque existe un sistema que permite que una sola persona, elegida cada cuatro años, decida lo quiere por miles de personas, con un sueldo millonario de gerente, alejado de la realidad de las grandes mayorías.
Por eso la figura del alcalde puede decidir derrochar miles de millones en tratos con empresas (incluso si son por medio de las más transparentes licitaciones); puede asistir o retirarse como quiere del concejo municipal; puede recortar el presupuesto a temas tan sensibles como la educación y la salud; puede denostar a funcionarios municipales y trabajadores sin tener mayores repercusiones; y puede defraudar recursos públicos, como se ha demostrado en decenas de municipios en Chile, con casos como Rojo, Barriga, Torrealba y un largo etcétera.
Por estas razones, consideramos que lo realmente democrático es que las decisiones las tome la comunidad. Ya sea en las comunidades educativas, como vienen proponiendo hacia el problema del autoritarismo con elección democrática que garantice revocabilidad en caso de que no respondan a las necesidades de los establecimientos. Pero desde ahí ensayar otra forma de gestionar la educación, porque las y los trabajadores junto a las comunidades podemos decidir sobre eso y mucho más.
Por eso planteamos la necesidad de por medio de la movilización conquistar otra forma de gobernar la comuna, sin alcaldes que se crean reyes. Por medio de una Asamblea Comunal Soberana, compuesta por representantes electos, responsables y revocables, sin representantes con sueldos millonarios, que discuta y resuelva cómo responder a las necesidades sociales y en qué invertir los recursos, para que realmente las riquezas de la comuna se dispongan para las grandes mayorías y no en función de los intereses de los grandes grupos económicos y sus funcionarios políticos, que nada tienen que ver con la realidad de las familias trabajadoras y populares de Antofagasta.
