No solo es una mala noticia por el resultado de la actividad económica, muy influenciada por los efectos de la pandemia, sino además porque la dificultad para medir los datos podría arrojar un resultado aún más pesimista.
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Lunes 4 de mayo de 2020
Según un comunicado del Banco Central la actividad económica del mes de marzo se habría visto afectada reduciéndose un 3,5% en comparación al mismo periodo del año 2019.
Así mismo señalaron que el IMACEC minero habría crecido 0,8%, mientras que el índice no minero cayó 4,0%, siendo las actividades más afectadas el comercio y los servicios (especialmente educación, transporte y restaurantes y hotelería).
Ahora, si tomamos como referencia el IMACEC de febrero del 2020, el mes de marzo sufrió una caída de 4,1%, con disminuciones en el índice minero y no minero por 1,6% y 6,1%, respectivamente.
Señala el comunicado que el primer trimestre de este año registra una contracción de un 0,1%. Si bien aún no se puede hablar técnicamente de recesión, para lo cual se requeriría de dos trimestres consecutivos de contracción en términos desestacionalizados, esta caída de marzo es ya un paso hacia la recesión a la que se encamina la economía.
Sin embargo desde el mismo Banco Central señalaron mediante un comunicado “que las cifras entregadas en esta oportunidad podrían estar sujetas a mayores revisiones que las registradas históricamente”.
Las estimaciones para este mes de abril, aún las más prometedoras, señalan una posible caída de dos dígitos, lo que va en regla con lo previsto por diversas consultoras e instituciones.
Una cosa es cierta. Así como vamos, esta caída en la actividad económica la harán caer sobre los trabajadores como ya lo vienen haciendo con despidos y suspensiones, generalizando las precariedad de grandes sectores de la población, muchos de los cuales no recibirán sustento mientras la economía se sigue resintiendo.
Que la crisis la paguen los capitalistas. Los grandes dueños del país enriquecidos con 30 años de explotación basados en trabajo flexible, privatizaciones de servicios sociales y la expoliación de recursos naturales tan importantes como el cobre, tienen que pagar.
Con un impuesto de emergencia a las 10 más grandes riquezas del país tendríamos recursos frescos para responder a la crisis laboral en curso, con un plan de obras públicas, para construir hospitales, y con la reconversión de industrias, para poner la producción al servicio de dar respuesta a la crisis.
Este impuesto de emergencia puede dar un impulso a un plan de urgencia ante la crisis, pero para contar con financiamiento permanente necesitamos que se establezcan impuestos progresivos a las grandes riquezas y la nacionalización de los recursos naturales, bajo control de sus trabajadores y las comunidades para disponer esta enorme riqueza al servicio de las necesidades sociales y no al servicio de las ganancias patronales.
Un programa como este, que integre otras medidas como el congelamiento de precios y el control popular, la prohibición de despidos o la implementación de una banca única, son medidas urgentes que se podrían implementar si el gobierno pusiera sus intereses en las necesidades de la población y los trabajadores.
Los sindicatos son fundamentales para desarrollar esta perspectiva, es necesario que la CUT acabe su tregua con el gobierno y llame a asambleas en cada lugar de trabajo para organizar una paralización que reclame un programa para que la crisis no la paguen los trabajadores y sus familias, sea con hambre o enfermedad.
