El gobierno nacional prorrogó las concesiones de las centrales hidroeléctricas que comienzan a vencer el próximo 11 de agosto. Los diputados del PTS - Frente de Izquierda presentarán un proyecto para impedir que se vuelvan a concesionar a privados y que la administración pase a manos del estado con control de sus trabajadores.
Miércoles 12 de julio de 2023
El próximo 11 de agosto vencen los contratos de concesión para la generación de energía eléctrica en tres de los complejos hidroeléctricos más importantes de la zona Comahue: Alicurá, El Chocón (incluyendo Arroyito) y Planicie Banderita. Esas concesiones las ostentan, hasta la actualidad, tres grandes grupos empresarios. Se trata, respectivamente, de AES Corporation, una multinacional estadounidense con una facturación global que el último año ascendió a los USD 12.600 millones; la multinacional italiana ENEL, dueña además de la mayor parte de Edesur; y Orazul Energy, perteneciente al fondo I Squared Capital, con sede en Miami, formado por varios ex Morgan Stanley.
El 29 de diciembre será el turno de Piedra del Águila, la represa concesionada a Central Puerto, de la que hasta hace poco fue uno de sus dueños Nicolás Caputo, y que hoy es propiedad de empresarios como Carlos Miguens Bemberg (ex Quilmes), la familia Escasany (Banco de Galicia), entre otros.
El pasado lunes 5 de junio, una nota firmada por la Secretaria de Energía, Flavia Royón, instruyó al director de la estatal Enarsa, a “asumir transitoriamente” la actividad de generación eléctrica una vez vencidas dichas concesiones. La decisión hizo escalar el conflicto con los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro, que reclaman ser parte de la administración o mejorar de alguna manera la renta que obtienen del uso del agua que, desde la reforma de 1994, pertenece al dominio provincial.
Luego de idas y vueltas, el 6 de julio el Ministro de Economía, y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto a la secretaria de Energía, recibieron a los gobernadores actual y electo de Neuquén, Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa, y a los gobernadores actual y electo de Río Negro, Arabela Carreras y Alberto Weretilneck. Allí, Massa destacó la necesidad de "convocar al sector privado".
Finalmente, el 11 de julio, a través de la resolución 574/23, la Secretaría de Energía extendió por 60 días corridos las concesiones mencionadas, plazo prorrogable por otros 60 días más. Al cumplirse 120 días, estaremos ante la asunción de un nuevo gobierno a nivel nacional. Es decir que la decisión final en relación a las concesiones será quien asuma el Poder Ejecutivo Nacional desde ese día.
Mientras tanto, la resolución establece que Enarsa se convierta en veedor durante dicho período, e invita a las provincias de Neuquén y Río Negro a designar a un representante cada una para colaborar con Enarsa.
Existe, por otra parte, un proyecto de ley de los senadores Oscar Parrilli y Silvia Sapag, entre otros. Dicho proyecto (3091/22), propone que Enarsa se haga cargo de las concesiones vencidas. Sin embargo, en su artículo segundo, sostiene: “ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan. También podrá incorporar la participación del capital privado.”
En su articulado, el proyecto 3091/22 no establece en qué proporciones debería participar cada actor. Pero en sus fundamentos, recomienda un modelo con puntos de contacto con el de YPF S.A., en el que Enarsa participe en un 51% del dominio.
Prohibir las concesiones privadas y crear un ente estatal con control de sus trabajadores y comunidades
Bajo la ofensiva neoliberal de los años ‘90, la Ley 24.065 estableció un nuevo régimen para la energía eléctrica y el decreto 287/93 avanzó en la privatización de Hidroeléctrica de la Norpatagonia (HIDRONOR). Así, enormes obras de infraestructura financiadas con fondos públicos y construidas con el trabajo de miles de obreros, fueron otorgadas a un puñado de multinacionales que hicieron un negocio redondo y se garantizaron una renta millonaria durante décadas.
La polémica entre el gobierno nacional y los provinciales se centra en la administración de las concesiones, el porcentaje de regalías que perciben por la generación eléctrica (y los ítems que se contemplan para calcularla), el pago por el uso del agua, y el reclamo de una tarifa diferencial para la zona. Pero ninguna de las voces oficiales, ni desde el gobierno nacional ni desde los provinciales, parte afirmar algo elemental: las represas no pueden volver a ser concesionadas.
Si volvieran a ser concesionadas a privados, se trataría de una entrega aún más obscena que la que ocurre con otros bienes comunes naturales. ¿Por qué? En el caso de las concesiones hidrocarburíferas o mineras, el discurso extractivista sostiene que son necesarias inversiones en dólares, maquinaria y tecnología con la que no cuenta el estado. En este caso, la mayor inversión ya está hecha, y el dominio y posesión de los equipos de la concesionaria se transferirá al vencimiento de las concesiones, al estado nacional. Eso significa que, en los casos mencionados, ni siquiera existe necesidad de realizar ninguna expropiación, sino evitar volver a concesionarlas.
El diputado neuquino del PTS - Frente de Izquierda, Andrés Blanco, está elaborando junto a Myriam Bregman y Nicolás del Caño un proyecto de ley nacional. Al respecto, sostuvo: “Antes que la disputa jurisdiccional, si se quiere terminar con el saqueo hay que partir de prohibir terminantemente nuevas concesiones de explotación de aprovechamientos hidroeléctricos a empresas privadas”.
¿Sabías que las grandes represas hidroeléctricas de este país fueron construidas con financiamiento estatal pero en los '90 se las entregaron a un puñado de multinacionales? En un mes empiezan a vencer las concesiones privadas, y tenemos una propuesta 🧵 pic.twitter.com/V8TXf1a8Ja
— Andrés Blanco (@blancoandres_) July 12, 2023
El proyecto en el que trabajan, propone "crear un Ente Interjurisdiccional de Energía Hidroeléctrica (EIEH), con participación del Estado Nacional y los Estados Provinciales, pero gestionado por sus trabajadores y trabajadoras, las comunidades y los usuarios populares. Esa es la única forma de terminar con los negocios privados alrededor de algo que consideramos un bien común natural fundamental, como el agua”.
El articulado contempla que el Ente absorba a la totalidad de los empleados y empleadas actuales de las represas, manteniendo el mejor convenio colectivo de trabajo vigente. A su vez, sostiene que el control de sus trabajadores y las comunidades, junto a profesionales de universidades públicas y organizaciones socioambientales, debería garantizar “la sostenibilidad en el tiempo de cada aprovechamiento, el control de crecidas, el resguardo del ambiente y en particular del agua, un bien común necesario, tanto para el consumo domiciliario y para el riego, en el contexto de una crisis hídrica”.
En el mismo sentido, el proyecto busca “un equilibrio entre las necesidades energéticas de la población y el resguardo del ambiente", sólo posible si "la operación de las represas deja de estar en función de la obtención de ganancias para un grupo de empresarios”.
Por otra parte, si se corriera la ganancia capitalista de la ecuación, quedaría en evidencia la irracionalidad con que se maneja el sistema energético, que impone a la población de Neuquén y Río Negro tarifas eléctricas de las más altas del país, siendo que buena parte de la energía se produce entre ambas provincias.
El proyecto plantea también que los estados nacional y provinciales deberán destinar los excedentes provenientes de la administración de las represas a la inversión en el sistema de educación y salud públicas, la construcción de viviendas respetando estándares elevados de eficiencia energética, el desarrollo de planes de transición energética y ecológica para diversificar y desfosilizar la matriz, tareas de remediación de ambientes degradados, y producción agroecológica de alimentos. A su vez, explicita la prohibición de que los fondos obtenidos sean destinados a subsidiar a empresas privadas o pagar deuda externa.
