La represión contra el magisterio chiapaneco se da en el contexto de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Sábado 2 de diciembre de 2017
Muy recientemente en Chiapas ha comenzado la represión contra los profesores que se opusieron a la aplicación de la Reforma Educativa y contra dirigentes sociales, una buena parte de ellos son simpatizantes o adherentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La Fiscalía General del Estado reactivó 11 órdenes de aprehensión contra profesores de la CNTE y 17 contra miembros de organizaciones sociales, opositores a dicha reforma y a los gobiernos locales.
Estas imputaciones son producto de las movilizaciones de 2016, cuando los maestros sostuvieron 124 días de paros en las escuelas, bloquearon carreteras, tomaron plazas comerciales, estaciones de radio y televisión, edificios públicos, etcétera.
Manuel de Jesús Mendoza, quien fuera secretario general suplente de la sección 7 y quien también tiene orden de aprehensión, señaló que los gobiernos estatal y federal se comprometieron en la mesa de negociación chiapaneca a limpiar los expedientes de los dirigentes magisteriales y sociales a cambio de iniciar las clases, además de que la Reforma Educativa quedaría sin efecto en Chiapas hasta finales del 2018.
Sin embargo, las autoridades gubernamentales no cumplieron con los compromisos contraídos en esas mesas. Ahora se están lanzando contra los profesores disidentes, todo ello en el contexto de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual es una ley con un carácter fuertemente reaccionario, ya que permite un uso discrecional de las fuerzas armadas para tareas de “seguridad interior”, mientras este concepto se expresa de manera ambigua al no clarificar la diferencia entre seguridad nacional y seguridad interior. Una ley que servirá para reprimir brutalmente la protesta social.
