La detención
Por vender sus productos en la vía pública. Ya sabemos de este acoso constante y abusivo. Pero lo peor de esta detención fue cuando dejaban a su niña de 2 años en la calle mientras trasladaban a la joven al vehículo policial.
Con indiferencia respondieron a los desesperados gritos de la artesana para que no dejaran abandonada a su hija, y a los reclamos de los transeúntes.
Investigación y querella
Hecho público en las redes sociales el hecho, el jefe de la Décima Zona de Carabineros Eduardo Weber resolvió que se inicie una investigación. El Sename de la Región de Los Lagos haría lo mismo.
Tras ser liberada, la artesana Betsabé Seisdedos Duque presentó una querella en contra de los tres funcionarios policiales ante el Juzgado de Garantía en compañía del abogado, Milton Cuevas, por lesiones que habría sufrido durante la detención y por la condición de desprotección en que quedó su hija.
¿Exceso, irracionalidad, error?
Una historia, una conducta
Una larga historia de represión y abusos caracteriza a Carabineros.
Una historia que se incrementa año a año. Un patrón de conducta. Una función, no admitida. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales demostró que desde 1990 hasta 2004, la violencia policial fue en creciente aumento: durante esos años se presentaron, solo en la región central de Chile, más de 6.400 denuncias por el delito de violencia innecesaria ante los juzgados militares. El programa de DDHH de la Universidad Diego Portales (UDP) señala que “si consideramos que solo llegan a la jurisdicción militar casos en donde los abogados estiman que tienen pruebas claras del maltrato policial (radiografías, certificados médicos, videos u otros), entonces, es muy plausible que la cifra real sea muy superior a las denuncias presentadas ante los tribunales o a las denuncias realizadas a nivel administrativo. Del mismo modo, el grado de desconfianza en relación al sistema institucional encargado de la persecución de estos delitos constituye un factor determinante de esta ‘cifra negra’”.
No se detuvo en ese año 2004, sino que seguiría aumentando. Recordemos algunos hechos de los últimos años, que denuncian los distintos Informes de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Programa de DDHH de la Universidad Diego Portales.
La represión policial se centra en la juventud y los trabajadores, durante sus movilizaciones, marchas en las calles, tomas de establecimientos, huelgas y paros.
Pero no se detienen allí. El pueblo mapuche, los pobres, la diversidad sexual, son también objeto de la represión policial.
Año 2014
En su Informe Anual Situación DDHH Chile 2014 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se recuerda un caso emblemático del año 2014. Jorge Aravena Navarrete fue detenido el 17 de febrero, esposado y obligado a subir a un furgón policial, permaneciendo allí al menos ocho horas sin ventilación
e inadecuado acceso a oxígeno, lo cual provocó su muerte. Murió a las 23.00 horas, aunque a las 15.00 horas el fiscal había ordenado su libertad.
Año 2013
En el Informe anual 2013 del “Programa de DDHH y función policial” del INDH, se destacan, entre otros, los siguientes hechos de represión policial:
En las movilizaciones: El uso balines de pintura. En las luchas del movimiento estudiantil. El violento desalojo de liceos en toma durante las elecciones primarias. Un caso conocido fue el de las 16 estudiantes detenidas del Liceo Carmela Carvajal: los Carabineros las tomaban de sus prendas de vestir de tal forma que les subían toda la ropa hacia la cabeza, tapándoles la cara en algunos casos, dejándolas con el torso expuesto y solo el sostén cubriéndoles la parte frontal. Algunas incluso denunciaron que, además, con los tirones a varias le bajaron la parte de abajo de la ropa mientras las arrastraban por el suelo en la calle. Además, habrían estado sujetadas entre varias/os carabineras/os, las mujeres de los brazos y los hombres de los pies, elevándolas en el aire o arrastrándolas por el suelo y “tirándolas” dentro y fuera de los furgones momento, en el que se golpeaban en la cabeza o en otras partes del cuerpo, sin darles la posibilidad de subir o bajar de los furgones caminando. Por último, varias de las detenidas manifestaron que en la Asistencia Pública no quisieron acreditar las lesiones que ellas les mencionaban, desechando constatarlas. - En las luchas del pueblo mapuche, el caso Temucuicui del 9 de octubre de 2013. Se procedió al desalojo de los comuneros mapuche del fundo La Romana y Montenegro, y tras eso Carabineros se habría dirigido hacia los caseríos de la comunidad de Temucuicui y, al entrar al acceso público desde 7 vehículos blindados habrían comenzado a disparar sin ningún motivo aparente. Primero, habrían disparado cerca de una casa próxima la vía pública y luego habrían seguido disparando cerca de la Escuela Municipal G-816. Al regreso de los vehículos habrían continuado disparando en las proximidades de la Escuela y las casas de la comunidad. Produciendo miedo y terror en niños y niñas.
Por su parte el Informe Anual sobre DDHH del 2013 de la Universidad Diego Portales (UDP), destaca la “verdadera militarización permanente de la zona en conflicto” en el territorio mapuche.
Años 2011- 2012
El Informe Anual DDHH 2012 de la UDP registra que en el periodo enero-febrero de 2011, se tramitaban 1.777 casos de violencia innecesaria denunciados en el segundo juzgado militar de Santiago (cuya competencia cubre la mayor cantidad de casos vigentes en la justicia militar); y en igual período del 2012 las denuncias habían subido a 2.657 casos, un aumento de 50%.
En las denuncias, destacan:
Las detenciones ilegales, no distinguiendo “entre manifestantes y delincuentes”. El recursos al “control de identidad sin que se cumplan los requisitos de procedencia exigidos”. Los abusos en los desalojos de colegios y Universidades en toma. El uso irracional, indiscriminado y desproporcionado de medios disuasivos: bastones, lacrimógenas, escopetas antimotines o antidisturbios, etc en los procedimientos de control del orden público ha sido sindicado como uno de los principales factores de abuso o violencia policial en el contexto de marchas o manifestaciones sociales. El uso de escopetas antidisturbios, con los balines de goma que se disparan en abierta violación del protocolo de “Medios Disuasivos en los procedimientos de control de orden público”. Lo más conocido de estos casos fue en la represión en la movilización en Aysén, donde diversas personas fueron afectadas por haber recibido balines de goma a corta distancia. El caso más emblemático en este sentido fue el del mecánico Teófilo Haro, quien perdió un ojo producto de perdigones lanzados a corta distancia. Esta situación se repetiría en Santiago el año siguiente. Los gases lacrimógenos, lanzados por carabinas, jeeps tácticos de reacción policial o mezclados con el agua de los carros lanza agua. El uso de los buses institucionales como unidades de detención en los hechos. La práctica conocida en lenguaje policial como “conducción” de personas a los centros de detención implica un patrón gravísimo, pues se infringe el derecho de acceder a información respecto de personas detenidas. Recordando la figura del “desaparecido”. Allí arriba, las golpizas son frecuentes, y se somete a los detenidos a verdaderos “paseos”. Uno de los casos más emblemáticos fue el del abogado Julio Cortés, profesor de la Universidad Central, quien alegó haber sido víctima de un trato cruel, inhumano y degradante al haber sido “retenido” en un bus de Carabineros durante varias horas, siendo evidentes los síntomas de deshidratación y mareo de los detenidos. La violencia y abusos en las poblaciones “intervenidas” por Carabineros. De acuerdo a un reciente amparo acogido por el Consejo para la Transparencia, el Ministerio del Interior no debería usar nombres de fantasía (“Planes de Intervención”) para referirse a situaciones de la realidad en las que pueden estar involucradas graves afectaciones a los derechos y libertades de las personas. El Informe destaca que ni siquiera existe claridad con respecto a la cantidad de denuncias en relación a poblaciones verdaderamente sitiadas por la policía militarizada. Las numerosas denuncias de torturas, definidas como: a) el infligir daño (dolores o sufrimientos graves) físico o psicológico; b) haber intencionalidad; c) el ser cometido por un agente del Estado en ejercicio de su función pública; y d) teniendo como finalidad, en los casos sometidos a examen, la intimidación, coacción o cualquier otro motivo discriminatorio. Resaltando gravemente los casos de tratos vejatorios en contra de mujeres menores de edad. Uno de estos casos es el de Javiera Sepúlveda (14 años), alumna del liceo Darío Salas, que recibió golpes en la vagina durante una manifestación. Y existen otras denuncias por desnudez forzada y manoseos en contra de mujeres menores de edad, como el caso de Laura Ortíz, con ocasión de una protesta en las afueras de Unicef. El 2012, la Corporación Humanas, denunció que se trataría de “un patrón de violencia sexual, no son casos aislados", recordando el caso de una joven que fue detenida y que un carabinero le pasó el pene por la cara. Agregando que "la violencia no sólo son tocaciones, sino que también tiene que ver con violencia verbal sexual que se utiliza contra las mujeres, porque se les dice, perra, prostituta, váyanse a sus casas”. El 2011 recuerda el lamentable asesinato del joven estudiante Manuel Gutiérrez.
