El 1 de junio el gobierno celebra el Día de la Marina. La clase trabajadora y los sectores populares no: los marinos torturan, violan y matan a los nuestros.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Jueves 1ro de junio de 2017
Ese fue el caso de una persona en 2012: en Veracruz marinos irrumpieron en su domicilio por la fuerza, sin ninguna orden, golpearon y amarraron a su familia, y además la retuvieron ilegalmente por 39 horas. Durante ese lapso de tiempo, fue torturada e indagada sobre un grupo del crimen organizado. La obligaron a firmar una declaración en la que se autoinculpaba de formar parte de una organización criminal.
Otro caso fue el del médico Óscar Valle Sánchez, detenido sin orden de aprehensión en su vivienda en Coatepec, también Veracruz. Valle Sánchez denunció que los marinos lo torturaron por una semana, le fabricaron un caso y lo mantuvieron detenido por 21 meses.
Registros oficiales de torturas
De 43 quejas por tortura registradas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2015 pasaron a 209 quejas en 2016: un crecimiento de 386%. Mientras tanto, el gobierno mantiene la impunidad.
Se presentaron 311 quejas por presunta tortura presentadas entre el 2010 y el 2016, y por cada una la CNDH ha abierto expedientes de investigación. Esta institución emitió 68 recomendaciones por tratos crueles y tortura a distintas autoridades federales y estatales. En cinco casos, según la versión oficial se cerró la indagatoria “por falta de interés de la persona que la promovió o por no haber evidencia suficiente”, mientras que el resto de las quejas siguen abiertas y algunas se han acumulado por tratarse de un mismo caso con varias víctimas.
La institución que encabeza el ranking de tortura es la policía federal, con 46% de las quejas presentadas, seguida por la Procuraduría General de la República con un 24.39% de las quejas –lo cual implica que en 1 de cada 4 casos de tortura reportados ante la CNDH está involucrada la PGR.
A su vez, en 10% de los reportes se señala a alguna autoridad estatal o municipal como responsable de la tortura. Mientras que la Marina está acusada en 8% de los casos y el Ejército en 7%.
Por su parte el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social -la institución que administra y opera los penales federales- concentra el 3.25% de las quejas por tortura y tratos crueles. También hay quejas contra el Instituto Nacional de Migración y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Todas estas cifras corresponden a registros oficiales. ¿Cuántos serán los casos que no se denuncian o que no se tienen en cuenta? ¿En cuántos las fuerzas represivas del Estado silencian a las víctimas y sus familias?
El yugo de la militarización
Prima la impunidad. Como en la masacre de Tlatlaya, como en la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, todos hechos en los que estuvo involucrado el Ejército. Los muertos los pone el pueblo.
Mientras tanto, sigue el despliegue de militarización, que hasta llega a facultades de la UNAM, como en el caso reciente de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.
La militarización, desplegada en nombre de la guerra contra el narco y financiada con los fondos de la Iniciativa Mérida, ha dejado como saldo cientos de miles de muertos, desaparecidos, torturados. Se han disparado las cifras del feminicidio. Y mientras tanto, una y otra vez salen a la luz los vínculos con el crimen organizado de funcionarios de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
Al mismo tiempo, las administraciones estadounidenses financian la militarización, venden armas, entrenan a militares, marinos y policías, y solapan también el tráfico de armas mediante el cual se pertrecha el crimen organizado. Agentes estadounidenses están encubiertos y armados en territorio mexicano.
La Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa exigen garantías para operar con total impunidad y, en ese sentido, presionan para la imposición de la Ley de Seguridad Interior, en realidad una carta blanca para aplastar la protesta social con la legitimidad de esta democracia de los ricos.
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Las fuerzas represivas en las calles son el instrumento del gobierno para mantener a raya la protesta social y preservar el orden que requieren las trasnacionales y los magnates para sus negocios y para imponer una creciente degradación de las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías, a través de la aplicación de las reformas estructurales.
Por eso, es indispensable que la clase trabajadora y los sectores populares pongan en pie un amplio movimiento contra la militarización y la injerencia estadounidense, así como en defensa de los migrantes.
