Lesa Humanidad. Represores de la Armada y Prefectura al banquillo

El pasado lunes, se dio inicio en la ciudad de La Plata al juicio oral conocido como Fuerza de Tareas 5 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1. La audiencia comenzó a media mañana pero desde temprano se realizó una radio abierta con gran cantidad de referentes y organismos de derechos humanos junto a organizaciones sociales y políticas de izquierda, que se mantuvo durante toda la audiencia mostrando en la calle lo que se juzgaba en la sala de audiencias bajo una bandera que decía: “la memoria es del pueblo no de los gobiernos”.

Además, estuvo presente una destacada delegación de trabajadores del Astillero Rio Santiago, entre los que se encontraban referentes históricos como José “Negro” Montes, dirigente del PTS y testigo de concepto en esta causa, quien antes de comenzar el juicio expresó “Este es un primer paso pequeño aún para toda la tarea que nos queda a los luchadores obreros y populares, a los organismos de Derechos Humanos que peleamos en contra de la supuesta reconciliación que impulsa el gobierno con las fuerzas armadas genocidas y con los responsables del genocidio y de la desaparición de los 30 mil compañeros en todo el país, de los cuales el 70 por ciento eran trabajadores, activistas, luchadores del movimiento obrero y estudiantil.”

La audiencia comenzó con seis de los imputados presentes, excepto Antonio Vañek y José Casimiro Fernández Carró, ambos Jefes de la Armada, que estuvieron ausentes por un supuesto problema de salud que fue planteado por la defensa horas antes de comenzar la lectura de las acusaciones. Al sentarse los imputados en el banquillo de los acusados, los penitenciarios los rodearon mirando al público, es decir cuidando que nadie los agrediera, vaya paradoja!

Por eso desde la querella de Justicia Ya La Plata solicitamos ante el Tribunal que los penitenciarios custodien a los imputados y no al público presente, petición a la que se le hizo lugar y fue aplaudida por todos aquellos que estaban presentes en la sala.

Posteriormente se llevó a cabo la lectura de la acusación fiscal sin sobresaltos hasta que llegó el momento del Prefecto Herzberg y su defensor dijo que el represor no comprendía la acusación como si durante los años de dictadura hubiera estado tejiendo escarpines tranquilo en su casa. Luego de un cuarto intermedio se reanudó la audiencia y comenzaron las indagatorias, todos los imputados se negaron a declarar.

La defensa por su parte insistió en que los reos no estén presentes en las sucesivas audiencias. El tribunal luego de deliberar, por mayoría rechazó el planteo de la defensa con los votos de Rozansky y Álvarez. Castelli votó en minoría a favor del planteo de la defensa. El voto de Castelli hace caso omiso a la significación que tienen los juicios de lesa humanidad desde el punto de vista histórico, social y político. Es insostenible que quienes participaron del genocidio en nuestro país pasen los juicios orales en los que se los juzga sentados cómodos en su casa como si fueran delitos comunes. Es más, estos privilegios que gozan los genocidas no los tienen los presos comunes, ejemplo de esto es que al día de la fecha los pocos imputados en este juicio gozan de prisión domiciliaria salvo Guitian quien se encuentra en la cárcel de Ezeiza.

Las audiencias se retomarán el 3 de agosto. Luego del receso judicial, continuarán con las indagatorias a Vañek y Fernández Carró y comenzarán a declarar los más de 100 testigos que darán testimonio durante los cuatro meses de debate que restan.

Es importante remarcar que esta causa llega a juicio completamente fragmentada tomando un número reducido de víctimas, ya que la Fuerza de Tareas 5 que operó en la zona industrial de La Plata, Berisso y Ensenada a través de la Armada y parte de la Prefectura en coordinación con el resto del aparato represivo que actuaba en la zona tuvo una magnitud notablemente mayor dentro del plan nacional orquestado por la dictadura cívico- militar, que implicaba operativos de inteligencia, secuestros, torturas, interrogatorios y asesinatos para eliminar y disciplinar al movimiento obrero combativo de la región. Han sido centenares los obreros desaparecidos y torturados por la armada que pasaron por el BIM 3 y la Prefectura y otros centros clandestinos de detención, y decenas de ellos han sido asesinados. Sin embargo el juicio que hace 39 años vienen esperando los compañeros solo incluye a 8 represores por 29 sobrevivientes, 9 desaparecidos y dos asesinados. Varios de los testigos que darán su testimonio una vez más tendrían que estar incluidos como casos en este juicio.

Así, el desguace de las causas, la no apertura de los archivos del Estado, la falta de unificación por centro clandestino o circuito represivo, el no juzgamiento de los empresarios y burócratas sindicales cómplices del genocidio perpetúan la impunidad. Los represores se mueren impunes en sus casas y los compañeros después de años de lucha, sin justicia. De esto es responsable la justicia, los fiscales y el gobierno.