Organismos de derechos humanos sumaron su rechazo a la criminalización de la protesta mediante el uso de servicios de inteligencia y un poder judicial clasista y racista.
Viernes 27 de octubre de 2017
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva, a 22 de los 31 detenidos en la represión desatada luego de la marcha por la aparición de Santiago Maldonado, del 1° de septiembre. El magistrado los acusa por los delitos de intimidación pública, resistencia a la autoridad y fijó embargos millonarios sobre algunos de ellos.
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La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) repudió la decisión del juez a través de un comunicado que circuló por redes sociales bajo el título "Un procesamiento a la medida de CAMBIEMOS: la gran Otranto de Martínez de Giorgi”. "En una resolución tan imprecisa y genérica como taimada y tendenciosa, el juez Martínez de Giorgi ha cumplido con la demanda que el Gobierno le impuso: pronunciarse sobre la situación, una vez terminado el proceso electoral", sostiene el organismo.
Por su parte, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, (CeProDH) también manifestó su repudio a la medida judicial en las redes.
Procesan a 22 manifestantes detenidos ilegalmente luego d la cacería policial el 1/9 a un mes de la desaparición de Santiago. Total repudio! pic.twitter.com/6dT3NkTwhd
— CeProDH (@ceprodh) 27 de octubre de 2017
"A escasos cuatro días del triunfo de Cambiemos, el juez cumple el rol legitimador que el Estado policíaco le tiene reservado: no juzga, sino que convalida todos y cada uno de los actos represivos emanados del Poder Ejecutivo", afirma el comunicado de Correpi y agrega que "apoyada únicamente en los testimonios de la Policía de la Ciudad y Federal, la resolución permite a los verdaderos provocadores, luego represores, deslindar responsabilidades sobre hechos tan graves como burdamente justificados por sus mandamases políticos".
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Recordemos que los hechos que se le imputan a los 22 procesados, ocurrieron luego de la marcha que se desarrolló con total normalidad durante la tarde del 1° de septiembre. Los sucesos que desataron la represión y la verdadera razia policial, fueron producto de provocaciones de efectivos infiltrados de civil entre los manifestantes. Correpi aseguró en su declaración, que con los procesamientos se "intenta poner un cierre a cualquier posibilidad de investigar los actos ilegales que los efectivos cometieron y que fueron denunciados por los detenidos".
LAS PENAS SON DE NOSOTROS, LAS VAQUITAS SON AJENAS
Después de las elecciones, el juez Martinez de Giorgi procesó a 22 de lxs 31 detenidxs en la represión post marcha del 01/09 por la desaparición de Santiago Maldonado...
— CORREPI (@CORREPI) 26 de octubre de 2017
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Entre los jóvenes que tuvieron que ser liberados días después, se encontraban dos reporteros gráficos, cuya detención constituyó un escándalo y permitió ver que el accionar de los efectivos policiales consistió en una verdadera cacería al voleo.
Los procesamientos recayeron sobre sobre Noemí Pianetti, Maximiliano Pierangeli, Andrés Ferraroti, Sofía Gamboa, Sebastián Nahabian, Patricio Salazaro, Aitor Basterrechea, Daniel Carrizo, Damián Tutaglio, Iván Palavecino, Cristian Vázquez, Paola Montero, Ada Luz Escobar Martín, Carlos Guerra, Hugo Medone, Juan Mourenza, Micael Tobías Maggi, Geraldine Sánchez, Gabriela Amira Sánchez, Yamila Barrios e Iván Meza.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
