Crisis Coronavirus. Residencias de ancianos: trampa mortal del Covid-19 por las privatizaciones, los recortes y la desidia capitalista

La situación en las residencias ha sido dantesca durante toda la crisis sanitaria y ejemplo claro de la criminal gestión capitalista de la crisis sanitaria frente a las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables. El número de fallecidos ha golpeado, sobre todo, a las residencias privadas o concertadas, ubicadas en los núcleos de población más humildes.

La situación ha sido una hecatombe y ha diezmado la población de las y los ancianos que vivían en residencias. A tal punto que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas a día de hoy 121 diligencias civiles y 110 penales contra residencias de ancianos; 42 de las investigaciones han partido de las denuncias directas de los familiares y pacientes de dichas residencias.

Las cifras, sin embargo, son confusas y el gobierno se sigue negando a ofrecer datos fidedignos. Los territorios más afectados han sido Madrid, Catalunya y las dos Castillas. Solo en la Comunidad de Madrid ha habido más de 5.828 muertos (1 de cada 10 residentes). En Catalunya son 3.131 fallecidos, el 59,8% del total de ese territorio. En el conjunto del Estado se habla de más de 17.200 muertos en residencias, según RTVE, dado que no hay cifras oficiales.

El siguiente gráfico elaborado por RTVE da cuenta de la cantidad de fallecidos en residencias frente a total de muertos en cada comunidad, en base a los datos brindados por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las CC.AA. (Fecha de actualización: 5 de mayo).

Se han abierto asimismo cinco procedimientos judiciales en los juzgados de Madrid, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM).

Epicentros de la pandemia

Desde el principio de la crisis sanitaria las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los epicentros de la pandemia, tanto por el número de contagios como por el de fallecimientos, al tratarse de población muy vulnerable a la acción destructora del virus del Covid-19. Lo sufrido por este colectivo de población se ha constituido en un ejemplo paradigmático de la ineficaz y criminal gestión de la crisis sanitaria por parte de las empresas capitalistas, en este caso grandes fondos de inversión propietarios de la mayoría de las residencias privadas y concertadas. Pero también, de la gestión ineficaz y criminal por acción u omisión, de los Gobiernos central y autonómicos, es decir, del Estado capitalista. Puesto que todos han sido responsables directos o indirectos de las muertes y contagios producidos, al ocasionarse en espacios institucionalizados y, por lo tanto, bajo la supervisión directa del Estado en el caso de los centros públicos, o indirecta en el caso de los privados y concertados.

El Estado de Alarma, decretado el 14 de marzo, permitía la intervención pública de todos los recursos privados, sanitarios, industriales, científicos, etc., bien para ponerlos a disposición de la acción contra la pandemia o bien bajo gestión pública para garantizar la salud y la seguridad de sus usuarios. Algo que sin embargo no han realizado en ningún momento ni el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ni desde luego los Gobiernos autonómicos gestionados en su mayoría por PSOE o PP para no tocar los límites sacrosantos de la propiedad privada. Por eso, son también responsables de lo sucedido en las residencias privadas o concertadas, además de las públicas.

Lo cierto es que no se pusieron los medios necesarios para evitar los contagios y las muertes acaecidas en las residencias de ancianos. Sin mascarillas y guantes ni para los ancianos ni para los y las trabajadoras y sin ningún tipo de EPI. Sin la realización de test masivos tanto al personal como a los y las ancianas residentes. Así resultó imposible frenar el contagio y actuar una vez producido, separando y tratando médicamente tanto a los ancianos contagiados con síntomas moderados como desde luego a los graves. Algo tan elemental que no se hizo. Por el contrario, se les abandonó a su suerte.

En muchos casos personas mayores murieron abandonadas y en soledad al no disponer las residencias, ni contratar urgentemente, al personal socio-sanitario suficiente, mientras crecían las bajas (6.000 sobre un total de unos 25.000 trabajadores) por la cadena de contagios entre el personal. Si no se contrataron mas trabajadores cualificados para enfrentar la pandemia fue por los costes que ese gasto suponía en las residencias privadas o concertadas y la consecuente reducción de los boyantes beneficios que los grandes fondos de inversión vienen obteniendo durante el último período. Como siempre, sus beneficios por encima de nuestras vidas.

Todo eso llevó a que no se realizara la imprescindible medicalización de las residencias ni por la acción de sus propietarios soportando los costes, ni a través de la intervención institucional del sector público. Lo que, añadido a la imposibilidad del traslado de los más graves a los hospitales -por el colapso del sistema sanitario en los momentos álgidos de la crisis- tuvo como resultado el insoportable número de muertos y contagiados que se ha producido.

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Mientras tanto, los propietarios cínicamente han argumentado que las residencias no son centros de atención médica sino solo de cuidados y aseguran que han tomado medidas. Pero la cruda realidad deja al desnudo la desidia capitalista.

Salvo casos completamente excepcionales, la amplia mayoría de las residencias mantuvo los pocos recursos de partida existentes, personales y materiales -si es que no los redujeron-, lisa y llanamente para ganar más dinero a costa de la muerte de miles de personas.

Las residencias privadas quedaron abandonadas a su suerte y sin recursos dada la dejación absoluta y criminal de sus propietarios, aunque en el sector público también los trabajadores y trabajadoras carecieron de la protección necesaria para realizar su trabajo y también se produjeron muchos contagios por la mala gestión de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

Bajos salarios, recortes y falta de plazas: el gran negocio de los fondos de inversión en las residencias

El negocio de las residencias estaba en plena expansión en el Estado español en el último período, con anuncios de consultoras especializadas, aseguradoras y empresas financieras que destacaban el enorme beneficio que se podía obtener con estas inversiones, un auténtico boom. No en balde, en el año 2018, último del que hay datos, la facturación de este sector alcanzó los 4.500 millones de euros. Durante los últimos años se han mostrado especialmente interesados en estas inversiones grandes fondos internacionales.

Una de las razones para que sean un gran negocio son los bajos salarios del sector. Así, el salario bruto de una de una cuidadora no llega a los 1.000 euros y el de una enfermera apenas los sobrepasa, según el Convenio de Dependencia. Estos son varios cientos de euros menos por trabajador en comparación con otros sectores socio-sanitarios. También la enorme precariedad de los contratos laborales, teniendo en cuenta que las mujeres representan el 90% del conjunto del personal. Se doblan turnos, para poder llevar algo más de dinero a casa y no se cubren bajas ni vacaciones en muchas ocasiones. Los grandes fondos de inversión sacan pecho en jornadas empresariales por tener unos costes totales salariales del 50% de los ingresos, cuando en otro modelo de residencias este coste alcanza el 75%. A esto hay que añadir la baja ratio oficial de 3,7 residentes por cuidadora que se transforma en una cuidadora por 11 residentes debido a los tres turnos de trabajo. Ya el Defensor del Pueblo denunció en un informe de 2018 señalando que había que revisar al alza las ratios mínimas.

También favoreció el enorme negocio, el bajo número de plazas públicas de camas en residencia que incrementa la especulación y los precios ante la baja oferta existente. Respecto al número de plazas tanto públicas como privadas, lo primero hay que señalar que se encuentra por debajo de lo recomendado por la OMS que establece una ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Faltarían 200.000 camas en todo el Estado y 10.000 solo en la Comunidad de Madrid. En el ranking por territorios, según datos de 2019, destaca Catalunya en primer lugar con 62.015 plazas, de las que 12.601 (20,32%) son públicas. La Comunidad de Madrid, curiosamente ocupa, pese a tener menos residencias que Andalucía y Castilla León, el segundo lugar por número de plazas con 48.768 plazas, siendo 11.463 públicas (23,51%). Luego figuran Castilla y León con 46.457 plazas totales, de las cuales 11.993 son públicas (25,82%) y Andalucía con un total de 42.585 plazas, de las que un 22,31% son públicas.

Por otra parte, el número de residencias total en el Estado español es de 5.417. De ellas, 1573, un 29%, son públicas y 3.844 privadas, un 71%. El territorio con mayor número de residencias es Catalunya con 1.002, de las cuales solo un 17% son públicas. Andalucía va en segundo lugar con 673 residencias, de las cuales un 23% son públicas. La Comunidad de Madrid figura en cuarta posición con 425 residencias, de las cuales solo un 16,94% son públicas, no llega ni siquiera al rácano 17% de Catalunya. Esto demuestra por los territorios afectados que las políticas de PSOE y PP han sido muy parecidas, igual de privatizadoras y neoliberales, en este sentido, dado que no hay grandes diferencias entre la mayoría de los territorios.

Estas condiciones que favorecen el negocio privado y la especulación hacen que el margen del beneficio de explotación de las residencias alcance el 20% y el 25%. Y “hay quién llega al 50%”, dependiendo si trabaja con plazas públicas o privadas. De hecho, la oscilación del coste de las plazas también es muy variable, de 1.500 euros a casi el doble dependiendo del tipo de residencia y su ubicación.

Por otra parte, del total de las plazas existentes en residencias privadas, el 34,7% de las plazas son concertadas y el 65,3% sufragadas en su totalidad, aparentemente, por los residentes privados. Está claro que el mayor negocio se encuentra cuando las plazas son totalmente privadas, se puede especular y encarecer mucho más el coste y como no hay plazas suficientes, pues a pagar y socavar los recursos de las clases populares que tienen que ingresar a sus padres al no poder hacerse cargo de ellos. Además, existen muchos Gobiernos autonómicos como el de Madrid que ofrecen cheques para cubrir parte de los costes, de modo que totalmente privadas no hay tantas.

Así, en relación a los ingresos totales y en porcentaje obtenidos según el tipo de plazas, son las plazas puramente privadas las que logran el 59% de los ingresos del sector, 2.655 millones. En segundo lugar, están las plazas concertadas con un 30,4% de los ingresos, 1.370 millones. Y, por último, las plazas públicas de gestión privada que copan el 10,6% de los ingresos del sector con un 10,6%, 465 millones de euros de ingresos por esta vía.

Ante el enorme escándalo y la infamia que ha supuesto la enorme mortalidad y los innumerables casos de contagio entre los y las ancianas de las residencias y los y las trabajadoras solo cabe la exigencia de la intervención pública sin compensación bajo gestión de los y las trabajadoras, con una efectiva medicalización de las residencias y la dotación de los equipos de protección y seguridad necesarios, incluidos EPI, para todos.

Al mismo tiempo, es necesario iniciar un proceso de investigación independiente de lo ocurrido, gestionado y controlado por comités de trabajadores, familiares y residentes.