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Red Internacional
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Conferencia matutina. Respuesta de López Obrador a señalamientos de Ernesto Zedillo sobre tiranía en México

El presidente también minimizó la agresión de trabajadores del poder judicial que le arrojaron una botella en Veracruz.

Lunes 23 de septiembre de 2024

Siguen las repercusiones luego de las críticas del ex presidente Zedillo (1994-2000) contra la reforma judicial recientemente aprobada. Así es que en la conferencia de prensa brindada desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que el “proceso de transformación” que él encabeza genera la respuesta de representantes del viejo régimen, y que Ernesto Zedillo cumple su papel como “un conservador”.

“Lo que viene a hacer Zedillo es enfrentar a quiénes estamos impulsando esta transformación, aunque él no tenga autoridad moral, sin embargo, están en su papel, siempre ha habido una corriente de pensamiento conservadora”, declaró el mandatario.

La semana pasada, el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en entrevista con radio Fórmula, había señalado “Aseguro con absoluta convicción que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado las bases para que México se convierta en una tiranía, es un riesgo que existe hoy con altísima probabilidad”.

El ex mandatario es el autor del rescate a la banca privada, el FOBAPROA, así como de otros salvamentos que beneficiaron con millones a magnates como Carlos Slim y Germán Larrea, a trasnacionales como Citibank, a costa del erario. Y llevó a cabo la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), que se concluyó a fines de 1997, como parte del paquete de “recomendaciones” del Banco Mundial para avanzar en la aplicación de los planes neoliberales inaugurados durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988).

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Zedillo, que habla de “tiranía del Morena”, al igual que sus pares del PRI y del PAN en el poder ejecutivo, es uno de los principales responsables políticos de represiones contra los sectores populares, como las masacres de Aguas Blancas en 1995, en Guerrero, contra integrantes de Organización Campesina de la Sierra del Sur que viajaban a Atoyac de Álvarez, y la de Acteal en Los Altos de Chiapas en 1997, contra pobladores e integrantes del EZLN, y la represión contra estudiantes para acabar con la heroica huelga de la UNAM de 1999-2000.

Aunque la reforma judicial de López Obrador no es la panacea de todos los males, pues no implica terminar con la preeminencia de los intereses del capital, solo limita parcialmente los privilegios de la casta judicial y la permisividad irrestricta de trasnacionales y magnates, el voto popular de jueces, magistrados y ministros -que alienta aspiraciones democráticas en amplios sectores- nada tiene que ver con la imposición de una tiranía.

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López Obrador reivindica que su transformación demuestra que se puede modificar la constitución y combatir la pobreza de manera pacífica, al contrario de lo sucedido con las anteriores transformaciones: la Guerra de Independencia (1810-1821), la Guerra de la Reforma (1857-861) y la Revolución Mexicana (1910-1921).

Sus reformas laborales, educativas y políticas, sus planes sociales, la regulación del outsourcing, los aumentos al salario mínimo -que le granjearon un gran apoyo popular- son insuficientes para terminar con la pobreza y la violencia estructural y con la precarización laboral. Porque su proyecto de país, al que dará continuidad el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, busca reducir la enorme brecha entre los más ricos y los más pobres, pero no tiene el objetivo de afectar los intereses de magnates y trasnacionales que continúan expoliando los bienes comunes naturales y explotando a las y los trabajadores con bajos salarios, pocas o ninguna prestación y muchas veces con jornadas laborales extenuantes o con la necesidad de tener más de un trabajo para poder subsistir.

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