Avanza la normalización autonómica, con el gobierno “progresista” y el govern ERC-JxCat como protagonistas. Más allá de los indultos, el acuerdo se fundamenta en un proyecto común basado en fondos europeos, expansión imperialista y un nuevo ajuste draconiano sobre la clase trabajadora y los sectores populares.

La imagen de la semana ha sido sin duda la del encuentro entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el recién investido president de la Generalitat, Pere Aragonés. Sucedía el pasado lunes en Foment del Treball, y los protagonistas tenían tanta importancia como los acompañantes del evento.

Allí estaba como maestro de ceremonias, Sánchez Lliure, el presidente de la patronal catalana, que galardonaba ese día al Conde de Godó, propietario de La Vanguardia. Dos insignes representantes de las grandes familias y empresas catalanas auspiciando un reencuentro que, al menos de propósito entre las partes, aspira a forjar un nuevo proyecto en común que restablezca las buenas relaciones y sobre todo los negocios que la burguesía catalana ha logrado bajo el Régimen del 78.

En el aire otro invitado, que, aunque imperceptible a simple vista, es la condición de posibilidad de todo esto: los 140 mil millones de los fondos europeos con los que el gobierno “progresista” y el nuevo govern quieren recomponer este nuevo proyecto en común.

Que el procesismo se ha reconciliado con estos poderes -si es que algún día se enemistó- es todo un hecho. No solo Lliure y Godó se opusieron al 1 de octubre y alentaron, por arriba y por abajo, la guerra económica contra el movimiento catalán – los asonados cambios de sede social de las principales empresas -. Es que incluso en el nuevo govern se han integrado parte de quienes fueron parte de esa guerra, como el conseller de Economía, propuesto en este caso por JxCat, Jaume Giró, que era por entonces directivo de la Caixa que abandonaba Barcelona.

Junqueras desde prisión, por medio de un artículo editorial, bendecía el nuevo entendimiento e iba un paso más allá. Si Jordi Cuixart hizo famoso el lema de “ho tornarem a fer” en su alegato final del jucio del procés, el líder de ERC le enmienda ahora la plana en un auténtico “no ho tornarem a fer”, con su rechazo a la vía unilateral, su arrepentimiento de lo que fue el 1O y su propósito de encorsetar el derecho a decidir en un diálogo con el mismo Estado que viene negándolo a golpe de represión, presos políticos y golpes institucionales y judiciales.

Para entender las bases profundas de esta nueva entente hay que hurgar más allá de los relatos vacíos de unos y otros, los que la avalan en nombre de la reconciliación y los que se oponen, con cada vez menos beligerancia por otra parte, y se manifiestan este domingo en Colón en una redición senil de la España de los balcones. Los indultos serán solo el gesto – no cambiarán mucho la situación de los presos políticos, que en julio ya accederían al tercer grado – para que parezca que este intento de echar el candado sobre las aspiraciones democráticas del pueblo catalán se hace a cambio de algo. Para los otros 3000 procesados todo seguirá igual, es la contracara del acuerdo, abandonar la lucha por la amnistía y el derecho a decidir.

El origen del procés por abajo: el derecho a decidir como el canalizador catalán de la crisis del Régimen del 78

Este año se cumplirán 9 años del hito fundacional del procés catalán. La Diada de 2012 fue la primera movilización de masas en la que la reivindicación del derecho a decidir se convirtió en cabecera. Como antecedente directo en julio de 2010 otra movilización masiva, que reunió a cerca de 700 mil personas en Barcelona, protestaba contra la sentencia que recortaba el Estatut catalán, y ese mismo año comenzaban en Arenys de Munt las consultas populares por la independencia que lograban la participación de un cuarto del censo en decenas de municipios.

La remergencia de la cuestión catalana fue la expresión particular de una crisis económica, social y política que hizo entrar en crisis al Régimen del 78, sobre todo a partir de mayo de 2011. El impacto de la crisis de 2008, que hizo escalar el desempleo hasta el 26% en el peor momento y dio pie a las políticas de contrarreformas laborales y de pensiones y los ajustes de Zapatero en 2010 – profundizados por Rajoy a partir de 2012-, hizo saltar el “consenso del 78”.

La primera gran expresión fue la apertura de una crisis de representación bajo el “no nos representan” del 15M. Miles de jóvenes tomaron las plazas en aquella primavera hace 10 años en contra de la casta política del bipartidismo y los partidos regionales satélites y las políticas de ajuste que comenzaban a aplicarse con dureza.

En Catalunya la Convergencia i Unió de Artur Mas, el exconseller de Economía y delfín de Jordi Pujol, era el foco del movimiento de los indignados. El 15 de junio se realizó la acción más radicalizada de todo el movimiento 15M, el intento de bloquear el Parlament de Catalunya impidiendo la entrada de sus diputados para evitar la aprobación de un paquete de ajuste. Artur Mas tuvo que acceder humillado en helicóptero.

A las plazas le siguieron las mareas de trabajadores y trabajadoras públicos, en especial de la sanidad y la educación, el movimiento estudiantil, las PAHs y dos huelgas generales en 2012 contra la reforma laboral de Rajoy. Catalunya siguió siendo uno de los focos, sino el principal, de esta ola de protestas. Destacó el movimiento estudiantil, que en el curso 2011-2012 mantuvo en un estado de movilización casi permanente las facultades, o la huelga general del 29 de marzo, en la que las calles de Barcelona se convirtieron en una batalla campal de miles de jóvenes contra los Mossos d’Esquadra.

Este marco fue el que acabó eclosionando en aquella Diada de 2012. La idea de ejercer el derecho a decidir como vía para establecer una república catalana en ruptura con el Régimen del 78 sintetizaba para cientos de miles un proyecto desde el que se podía resolver las demandas democráticas y sociales que se habían venido expresando en las calles.

Se abría pues una oportunidad para ligar estos dos planos de la desafección. La pelea por una demanda democrática estructural no resuelta, el derecho a decidir, con un programa que impugnaba el régimen heredero de la dictadura, y con las reivindicaciones que cuestionaban esta democracia para ricos y apuntaban a resolver los grandes problemas sociales, como el de la vivienda, la precariedad, el desempleo de masas y el aumento de la pobreza.

Lo que para los de abajo era una oportunidad, para los de arriba era una amenaza. Los que hasta ese momento eran diana de la crisis de representación hábilmente se reubicaron para bloquear esta posible dinámica. No lo hicieron solos, como veremos las izquierdas hegemónicas allanaron el camino a esta gran operación de desvío.

Las raíces del procés por arriba: cuando la crisis de 2008 puso fin a tres décadas de grandes negocios comunes

Paralelamente, los herederos del pujolismo venían tratando de negociar un nuevo pacto fiscal. Un cupo que se asemejara lo más posible al régimen impositivo vasco que permitiera, en tiempos de vacas muy flacas, mantener una porción mucho mayor de recursos en las arcas de la Generalitat. La gestión propia de la Hacienda era sin embargo inaceptable para un Estado español que escalaba en el endeudamiento público por encima del 100% del PIB. Catalunya representaba más del 20% del PIB total.

La emergencia de una fuerte demanda democrático nacional era una oportunidad para usarla como herramienta de presión en esa negociación. Artur Mas se esforzó en el verano de 2012 tratando de convencer a Mariano Rajoy de que tenía que ceder en este terreno y que, de lo contrario, se acabaría poniendo a la cabeza de la demanda del derecho a decidir. La crisis de la prima de riesgo y el rescate europeo a la deuda española se producía al mismo tiempo, con lo que la negociación acabó en un no de entrada.

Además de la lógica de presión, Mas supo ver también que asumir esta demanda democrática tenía dos grandes ventajas. Podría poner freno a la crisis de representación que en Catalunya golpeaba especialmente a CiU, y, lo que es más importante, con el president al frente, el campeón de los recortes, se podía fraguar una suerte de “unidad nacional” que actuara de cortafuegos a una posible dinámica que vinculara la lucha por la autodeterminación con la agenda, podríamos decir, del 15M y las huelgas generales que le siguieron.

Así lo hizo, con resultados contradictorios, pero en general muy a favor de sus propósitos. El movimiento siguió tomando fuerza, a pesar del rol de quien se puso a la cabeza, que por momentos parecía alentarlo -si había que apretar a Madrid o revalidar mayorías frente a su otro competidor, ERC- y en la mayoría de las ocasiones lo frenaba en una suerte de aplazamiento indefinido – el famoso “día de la marmota procesista” -. Así, hasta octubre de 2017, cuando se vivieron las jornadas del 1 y el 3, referéndum y huelga general, en las que el movimiento estuvo más cerca de rebasar esta dirección, entonces ya encarnada en el tándem Puigdemont-Junqueras, sin lograrlo.

Que el viejo pujolismo reciclado, con no pocos cadáveres políticos dejados en el camino, y el republicanismo de ERC, se mantuvieran al frente del movimiento democrático catalán durante esta década corta, lo condenaba a un callejón sin salida. Como demostraron en el momento más crítico, preferían claudicar, el exilio y la prisión, antes que desatar una movilización que además de conquistar el derecho de autodeterminación pusiera en riesgo el estatus quo por la necesaria participación de la clase trabajadora y los sectores populares en el centro y de forma independiente.

Pero esta hegemonía de los partidos históricos de la burguesía catalana solo pudo lograrse por la colaboración directa de la izquierda independentista. Su estrategia de conciliación de clases y unidad nacional para la conquista del derecho a decidir dejó a la CUP como el ala izquierda del procesismo con su famosa política de mano extendida. “Apretaban” para que los gestos fueran más allá de lo que Convergencia y ERC querían, incluso hasta llegar a convocar el referéndum de 2017, pero se negaron a romper la unidad del bloque soberanista vinculando esa pelea democrática con la lucha sin cuartel contra sus socios y sus políticas neoliberales.

Cuando llegó la previsible claudicación de la república imaginaria, la CUP fue totalmente impotente para plantear una alternativa a una dirección de la que, a su manera, eran ya parte. En el otro lado de la izquierda hegemónica las posiciones eran aún peores. Los Comunes, como parte de la integración del neorreformismo en el Régimen del 78, dieron la espalda al 1-O sin reconocer su legitimidad y convirtiéndose en la voz adelantada de la vía negociada que hoy parece estar empezando a tomar forma con la foto de Sánchez y Aragonés en Foment.

Una restauración autonómica que, esta vez sí, parece abrirse paso

Desde 2017 en adelante ha habido distintos proyectos de restaurar la normalidad, todos con un nivel de disenso entre las partes que le hicieron fracasar. El primero fue la restauración conservadora que encarnaron el PP y la ofensiva posterior al discurso del rey el 3-O. Fracasó en las elecciones del 21D de 2017, no se pudo evitar otro gobierno independentista -aunque sí que salieran electos sus candidatos- y al final la Gürtell abrió el camino a la moción de censura de 2018. El primer gobierno Sánchez y el gobierno de coalición tanteó otro tipo de intento de restauración, que como todo su gobierno era una restauración “progresista de manos vacías”. Bajo su mandato se mantuvo la represión, se condenaron a los presos políticos del juicio del procés y se mantuvo una ofensiva judicial y mediática que llevó al adelanto electoral y a la también fracasada operación Illa.

¿Qué ha cambiado entonces para que en apenas una semana las importantes expectativas de la CUP con un gobierno progresista a la catalana que preparara un nuevo “embate democrático” se hayan esfumado? Varias cuestiones de coyuntura y otras más de fondo están operando.

En lo inmediato la derrota de la coalición “progresista” en las elecciones de Madrid y el rumbo de las encuestas dejan claro que si el gobierno no se sostiene, un adelanto electoral entregaría Moncloa a la derecha. Para evitar este escenario Sánchez necesita consolidar los apoyos parlamentarios del bloque de la investidura, en especial ERC. El indulto y una normalización en términos autonómicos de la relación con el nuevo govern de ERC-JxCat es una condición para ello, aún incluso aunque en un principio no contara con el respaldo de buena parte del aparato del PSOE.

Por otro lado, Aragonés, el jóven neoliberal de ERC, hijo de una familia de hoteleros de la Costa Brava, quiere cuatro años de gestión tranquila. Utilizó a la CUP para “apretar” a JxCat, pero acabó convenciéndoles con un reparto de carteras que deja en los herederos del pujolismo las de mayor peso económico y las que gestionarán la mayor parte de los fondos europeos. Aceptar los indultos, abandonar a los más de 3000 procesados, olvidarse de todo lo que se parezca a un nuevo gesto procesista que tensione las relaciones con el Estado central y pactar un apoyo mutuo en el Congreso y el Parlament con PSC y Comunes, es su verdadera hoja de ruta.

Sus socios de gobierno lo aceptan, aunque con aspavientos. JxCat no va romper y quedarse por fuera de la mayor ola de millones de la UE desde los fondos de cohesión de los 80 y 90. La CUP por su parte se lamenta y se lamenta, aunque por el momento ni siquiera ha dado por roto el acuerdo de legislatura con ERC por el que le dieron sus 9 “síes” al president que acaba de sellar el acta de defunción del procés negando la legitimidad nada menos que del 1-O.

Un nuevo proyecto: los fondos europeos y una restructuración del capitalismo español a costa de la clase trabajadora.

El trasfondo que puede hacer posible esta restauración autonómica va más allá de los frágiles equilibrios parlamentarios en los que se sustentan Moncloa y Palau. Si hoy Sánchez puede lograr lo no que no consiguió Rajoy ni él mismo hasta ahora, es por dos grandes razones.

El movimiento democrático catalán ha sido conducido a un notable retroceso por la labor combinada de su dirección y la represión estatal. Aunque no se ha acabado con las aspiraciones a poder ejercer el derecho a decidir de casi el 80% según casi todas las encuestas, sí se lo ha pasivizado enormemente. Esto, sumado a un horizonte electoral a cuatro años, permite que posiciones más abiertamente claudicantes como la de Aragonés o el mismo Jordi Sánchez -que reconoció que para ellos el 1-O solo pretendía forzar una negociación-, puedan avanzar.

Por el otro lado, la entrada de los fondos europeos anima el reparto entre Comunidades Autónomas. Aragonés y JxCat ya no hablan de Pacto Fiscal, pero hay 140 mil millones a repartir de los que hasta 41 mil podrían recaer en inversiones en Catalunya. A diferencia de 2012, cuando el Estado central se negaba a toda renegociación del pastel, hoy el gobierno “progresista” se muestra más que generoso con su esperado socio.

De hecho, de la primera partida adelantada a las comunidades, de 3000 millones, casi la mitad – 1.487- han ido para la Generalitat. Pero la lista de proyectos es larga, destacando 27 de gran envergadura ligados a la industria del litio, las energías renovables o la gestión del agua, que serán gestionados por empresas como Naturgy, ICL, Celsa, Aigües de Barcelona, Telefónica Cellnez o Factorenergía. Otros supondrían una ampliación de infraestructuras como el puerto, Mercabarna o la creación de diversos parques empresariales.

A esto hay que sumar la ofensiva diplomática y comercial que, desde el Ministerio de Exteriores, se viene teniendo en regiones como el Magreb y América Latina -de la que los recientes viajes de Sánchez a Libia o Argentina son parte – para facilitar nuevos “desembarcos” de las empresas españolas y catalanas para una mayor participación en el expolio imperialista de sus recursos.

Como en los 90 y primeros 2000, los años de las “vacas gordas”, nuevamente fondos europeos y expansión imperialista vuelven a ser dos motores clave de la recuperación y restructuración del capitalismo español. Los partidos procesistas, sin la presión de la calle y con un pastel así por repartir, apuestan por intentar revivir los gloriosos años del pujolismo.

La factura del banquete va a costa de los de siempre. Los fondos europeos no son donaciones filantrópicas. 70 mil millones engrosarán la deuda pública y deberán ser devueltos a costa de nuevos ajustes y recortes como los que ya vivimos de 2010 en adelante. Los otros 70 mil son a cambio de nuevas contrarreformas laborales y de pensiones. La expansión imperialista de las multinacionales con rojigualda o senyera, irán a cargo de aumentar el expolio, la dependencia y la pobreza de pueblos hermanos.

Una izquierda que se prepare para los nuevos “embates” que impugnen esta restauración reaccionaria

La tranquilidad y los rostros serenos de Sánchez y Aragonés podrían engañar a un observador superficial. Recuerdan mucho a la campechanería que desplegaba Zapatero mientras invitaba a todos los directivos del IBEX35 a la Moncloa para acordar las medidas de rescate a los capitalistas y las contrarreformas que le sugerían. La entrada de los fondos europeos y el efecto rebote en las cifras de crecimiento económico que tenga el control de la pandemia, lubrican en gran medida la crisis por arriba.

La cuestión catalana, la principal fisura de la crisis del régimen, podría estar siendo estabilizada. Hasta la derecha ha bajado los decibelios, aunque se mantenga en una oposición firme a todo gesto de distensión. Sin embargo, el malestar y la desafección con esta democracia para ricos y los diferentes partidos que la componen, apunta en línea ascendente. Lo del “gobierno más progresista de la historia” no se lo cree ya nadie. La subida de la luz, la negativa regular los alquileres, el alargamiento de la edad de jubilación, la no derogación de la reforma laboral... son solo el anticipo de una segunda parte de la legislatura que se parecerá mucho más a Zapatero 2010.

Hay fondos para repartir y para que todas las familias del régimen, junto con los principales sectores de la burguesía de todo el Estado, salgan beneficiados. Pero esto se va a realizar a costa de un nuevo ajuste draconiano que incluirá ataques a las pensiones, nuevas vueltas de tuerca en el mercado laboral, reconversión de sectores enteros a costa de despidos, cierres y precarización y unas tasas de pobreza estructural muy superiores a las previas a la pandemia.

Zapatero pensaba que el consenso alcanzado con la burocracia sindical y la patronal, y la tregua de la derecha por cierta “responsabilidad de Estado”, le daba un margen casi infinito. Pero el 15M le explotó en la cara, hundió a la pata izquierda del bipartidismo y abrió una crisis de régimen de larga duración.

Sánchez y Aragonés hoy pueden pensar lo mismo. Están enterrando sin mucho coste el movimiento democrático catalán. Pero la receta de fondo puede estar engendrando un malestar que acabe estallando como en 2011. Las explosiones, aún episódicas pero sintomáticas, del malestar juvenil que vimos en el movimiento de Hasel, o la miríada de conflictos obreros que recorre todo el Estado, con luchas como la de Tubacex o Airbus a la cabeza, pueden ser solo un adelanto.

Las aspiraciones democráticas del pueblo catalán no han desaparecido, y pueden volver a la escena de forma activa, como pasó en 2012, espoleadas justamente por procesos que vuelvan a impugnar de conjunto el régimen y las recetas para hacer pagar la crisis a la clase trabajadora y rescatar a las grandes empresas y fortunas.

Para ese escenario debemos prepararnos desde la izquierda anticapitalista y revolucionaria. Llegar preparados, en base a la experiencia histórica y del ciclo anterior. Sin repetir ni las ilusiones en la gestión amable del capitalismo que alimentó Podemos para ser hoy parte de quienes gestionan el nuevo ajuste, ni en las que nos vendieron en Catalunya que era hora de construir la “unidad popular” con los partidos procesistas que claudicaron en 2017 y se preparan para ser los gerentes del proyecto en común con los social-liberales del PSOE.

La crisis capitalista, reabierta y profundizada con la pandemia, puede encontrar coyunturas de relativa estabilización, pero la dinámica es aumentar la pauperización de nuestras vidas y a que se abran nuevos escenarios y oportunidades para resolver las grandes demandas democráticas, como el derecho a decidir, y un programa que les haga pagar la crisis a los capitalistas. Construir una izquierda que pelee por un programa así, con eje en el desarrollo de la movilización y autoorganización obrera y popular, de forma totalmente independiente de los partidos capitalistas, es la tarea estratégica para que los próximos embates puedan abrir paso a la victoria.