Los 30 años de impunidad en los que Roberto A. Gigli, ex Policía Federal imputado en la Causa Operativos Policía Federal en 1977 se desarrolló como judoca, hincha destacado de futbol y jefe de seguridad del Consejo de la Familia en épocas de la “Chiche” Duhalde.
Jueves 15 de diciembre de 2016 17:09
Foto: Mario Frías Casado – Enfoque Rojo
Roberto Arturo Gigli es uno de los seis ex policías de la Federal imputado en la Causa Operativos Policía Federal en 1977 que se está desarrollando en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata.
Detenido en abril de 2013 a raíz del estudio realizado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación en 2012, sobre un expediente interno de la Policía Federal del año 1977. En dicho expediente se lo felicitaba por su actuación (junto a los otros policías) en el operativo que se propuso liquidar la columna 27 de la organización Montoneros, relatando de manera pormenorizada los procedimientos realizados, como forma de justificar el pedido de ascenso y de reconocimiento de los que habían participado de la operación.
En la última audiencia el Ministerio Público Fiscal pidió penas de prisión perpetua para todos los imputados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robos y tormentos cometidos en el Operativo realizado por fuerzas conjuntas de la delegación La Plata de la Policía Federal y el Ejercito entre el 11 y 13 de Octubre de 1977.
“El Gordo” Gigli
Roberto “el gordo” Gigli, como se lo conoce en City Bell donde residía junto a su familia,fue un judoca destacado. Desde mediados de los 80 retomo sus actividades como profesor de judo en City Bell y en el Centro de Fomento de Los Hornos,entre otros centros de enseñanza. Por sus clases pasaron cientos de niños, jóvenes y mayores que se apasionaban con la práctica del arte marcial japonés promotor del desarrollo y el equilibrio físico y mental.
A la vez es un reconocido hincha del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata donde desarrolló tareas para mejorar el club, sobre todo en el predio “El Bosquecito” de futbol infantil, como se puede ver acá y acá.
Este hombre de la dictadura, acusado de robar, perseguir, torturar y matar a militantes políticos, pudo instalar una imagen de tipo simple, humano y solidario porque 30 años de impunidad impidieron que sus vecinos, alumnos o los simpatizantes del lobo supieran quien era en realidad.
Compartiendo con el enemigo
Pero en estos 30 años de impunidad Gigli, además, se desarrolló como especialista en seguridad. De buenas migas con el PJ de la Provincia de Buenos Aires, a mediados de los 90 fue responsable de la seguridad en el Consejo de la Familia (hoy Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires), dirigido por Hilda “Chiche” Duhalde. Un organismo con una activa militancia política, gremial, pero sobre todo en Derechos Humanos entre sus trabajadores y trabajadoras.
María Laura Bretal, ex detenida en la Cacha, y Celina Rodriguez, ex detenida en la ESMA, son dos de los ejemplos de trabajadoras del organismo, victimas del aparato del terror, testigos en las causas contra los genocidas, activas militantes contra la impunidad, por los derechos de las mujeres y los trabajadores, que compartieron, sin saberlo, el mismo espacio físico con su victimario.
Apertura de todos los archivos para terminar con la impunidad
Este caso muestra la importancia del reclamo histórico de los organismos de DD.HH. por la apertura de todos los archivos de la represión que continúan en manos del Estado, en poder de los organismos de inteligencia, las fuerzas armadas y de seguridad.
¿Cuántos represores aún no están identificados? ¿Cuántos caminan en libertad? Muchos.
¿Cuántos niños apropiados aún no recuperaron su identidad? Más de cuatrocientos.
¿Cuántos empresarios instigadores y cómplices de la dictadura están presos? Ninguno.
Como plantea Myriam Bregman “a los únicos que ha favorecido esta situación es a los que participaron del genocidio, civiles y militares. Nos consta que la documentación existe, el Gobierno tiene que abrir los archivos de la ex-SIDE, del Batallón 601, del Servicio de Inteligencia Naval y de todas las fuerzas que participaron del plan represivo”. La diputada del PTS/FIT enfatizó que “tenemos derecho a saber qué información tiene almacenada el Estado sobre las personas y organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, obreras y populares cuyos integrantes fueron espiados, secuestrados, torturados y desaparecidos. Queremos que los archivos se hagan públicos para quebrar este pilar de la impunidad que rige desde la dictadura hasta el día de hoy”.
