Revés judicial para la Junta de Andalucía y el PP en la causa por contratos a dedo en el Servicio Andaluz de Salud

La Junta de Andalucía gobernada por Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular está siendo investigada por el posible delito de prevaricación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los años 2020 y 2024. Se encuentra bajo la lupa judicial la contratación a dedo (sin licitación pública, publicidad y escasa fiscalización de gastos) de clínicas privadas por un monto estimado de 300 millones de euros.

El gobierno autonómico del PP trata de ampararse en el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020 que habilitaba durante la pandemia de COVID-19 que habilitaba a las Comunidades Autónomas para contratar casi sin controles.

Bajo este argumento, Miguel Ángel Guzmán (ex gerente del SAS y ex viceconsejero de Salud que posteriormente fichó por Asisa, empresa beneficiada por estos contratos) habría firmado un Acuerdo de Emergencia en enero de 2021 que incluiría 79 contratos con clínicas privadas por 70 millones de euros. Estos acuerdos, fueron prorrogados hasta el 2023 inclusive, cuadruplicando el presupuesto inicial hasta los 243 millones de euros.

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Pero en su último auto, el juez Javier Santamaría complica la situación judicial del gobierno autonómico, en especial, de Valle García Sánchez, actual gerente del Servicio Andaluz de Salud desde diciembre de 2023.

La Junta había argumentado en defensa de Valle García que las nueve adendas firmadas por la funcionaria en enero de 2024 no debían considerarse nuevas contrataciones ni ampliación de gastos. Sin embargo, el juez interviniente considera que dichas adendas son “actos singulares de contratación con empresas concretas sin presuntamente habilitación legal ni presupuestaria” y que “modifican el presupuesto máximo de los contratos de servicio para la prestación de asistencia sanitaria médica, de diagnóstico y terapia para procedimientos oncológicos a usuarios del SAS”.

Este revés, puede complicar al propio Moreno Bonilla que desde el momento de la imputación ha sostenido que el último contrato del SAS se realizó el 17 de mayo de 2023.

La salud pública como chiringuito y el fuego cruzado judicial

La causa que investigan Santamaría y la Fiscalía Anticorrupción se origina en una denuncia del PSOE andaluz dirigido actualmente por Juan Espadas. Podría pensarse que la vocación opositora es velar por la sanidad y el dinero públicos, pero sería un error.

La Junta de Andalucía fue uno de los feudos más importantes del PSOE a nivel estatal, y controló los destinos de la comunidad desde 1979 hasta 2019. Por lo tanto, es responsable de los déficits de inversión, contratación, bajos salarios y mala atención durante cuarenta años. Pero, además, el propio Espadas es acusado por el PP andaluz de haber comprado -durante la pandemia y en tanto alcalde de Sevilla- las “mascarillas más caras de España” según reveló el Tribunal de Cuentas, y de haberse encontrado “los almacenes municipales en Torreblanca miles de mascarillas caducadas que no se habían utilizado”.

Como reza el dicho popular, en toda guerra (incluidas las judiciales) la primera víctima es la verdad, y probablemente mucho del barro judicial termine sin aclarar nada y mantener los chiringuitos de cada gobierno autonómico, provincial o municipal.

Mientras tanto, el PSOE andaluz trata de utilizar las irregularidades del PP para salir de la crisis política en la que se encuentra empantanado ya que según el último barómetro publicado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), el PP-A sigue consolidando su mayoría absoluta con un 43,5% de intención de voto, mientras el PSOE-A contaría con un 21,4% de apoyos, una diferencia abismal de 22,1 puntos.

La crisis del PSOE-A tiene larga data y traspasa la frontera del Despeñaperros con relevancia para el propio gobierno estatal de Pedro Sánchez. Ya en 2016, el 64,38% de los votos perdidos por el PSOE en todo el Estado Español, procedían de Andalucía. La actual cruzada judicial del PSOE-A, se apoya en uno de los problemas más sentidos por la población andaluza, pero también busca el fin de su vía crucis con la misma táctica que usó Moreno Bonilla para destronar hace cinco años a la dinastía socialista.

Los únicos interesados en sacar a la sanidad pública de su actual crisis y terminar con los chiringuitos que financian a las privadas, son las usuarias y las trabajadoras del SAS. Así lo revelan, por una parte, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que ubica a la sanidad como una de las principales preocupaciones de la población (23,1%) solo por detrás de la vivienda (26%). Por la otra las denuncias y protestas de los sindicatos SATSE, CSIF, CCOO y UGT que vienen exigiendo a la Junta de Andalucía el desarrollo completo del denominado Pacto por la Mejora de la Atención Primaria, la aplicación del nuevo modelo de Carrera Profesional, la actualización de la Bolsa de Empleo del SAS, el mantenimiento de los miles de contratos eventuales despedidos a finales de mayo y una política de personal que garantice la cobertura de las vacaciones, permisos o bajas, medidas sin las cuales se pondrá en riesgo la asistencia sanitaria.