Obligado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa con los preparativos para la consulta de revocación de mandato presidencial.
Arturo Méndez Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Viernes 21 de enero de 2022
En sus resoluciones, dichos organismos judiciales plantearon la posibilidad de que el INE solicitara a la Secretaría de Hacienda más recursos para poder realizar la consulta. Así lo hizo el Instituto el 13 de enero, solicitando 1,738 millones de pesos y quedando en espera de una respuesta formal a más tardar el 31 de enero.
Por su parte el gobierno federal, basado en un análisis de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, presentó un plan de austeridad para que el INE reduzca gastos y que de ahí pueda obtener recursos por hasta 2,972 millones de pesos.
Dichos recursos se obtendrían a partir de una revisión a los tabuladores salariales de mandos medios y superiores, de eficientar gastos de operación, por ejemplo suprimiendo gastos en telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos, pasajes y bienes informáticos, entres otros, y también a partir de un remanente en los fideicomisos operados por el Instituto.
Aunque el INE respondió que valoraría el contenido del plan de austeridad, el consejero Ciro Murayama lo calificó de inviable, lo que refleja la intención del Consejo General del Instituto de defender sus privilegios, tomando en cuenta que, por ejemplo, el consejero presidente (Lorenzo Córdova) percibe un sueldo bruto de 220 mil 614 pesos mensuales y las consejeras y consejeros restantes 220 mil 520; a los once se les asigna un vehículo del año con chofer, con combustibles, lubricantes y aditivos a cuenta del erario público; y cada uno recibió en diciembre pasado un aguinaldo de 450 mil 149 pesos, entre otros lujos.
Del otro lado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, adelantó que no se le otorgarán más recursos al INE pues “no hay margen en el presupuesto público”.
Ante esta situación, el INE amaga con no colocar las 161 mil casillas previstas para la consulta, sino solo unas 60 mil o aproximadamente un tercio.
Por lo pronto, el Registro Federal de Electores anunció que ya se validaron las firmas requeridas -y más- para realizar la consulta, por lo que el INE tiene previsto hacer la convocatoria para la misma el 4 de febrero y realizarla el 10 de abril.
Lo anterior mientras que sigue su curso la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la República por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, en contra de seis consejeros y el secretario ejecutivo del instituto electoral.
Te puede interesar:Revocación de mandato. El INE vs la 4T
Hacia una acotada participación democrática en beneficio del gobierno
Al mismo tiempo que legisladores, gobernadores y funcionarios pro 4T, además del propio presidente, han defendido la consulta y ahora el “plan de austeridad”, durante todo el conflicto la oposición de derecha ha respaldado al INE, usándolo como trinchera para golpear desde ahí al gobierno de López Obrador, rechazando ahora el plan propuesto para la obtención de recursos y con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, llamando a la ciudadanía a no participar en la consulta y a sumarse en defensa del Instituto Nacional Electoral.
Pero el proceso, en todo caso, ha favorecido al gobierno al permitirle aparecer como defensor de un ejercicio de “democracia participativa”, frente a un Consejo General electoral renuente a perder privilegios; y también ha servido para hacerle propaganda a la propia consulta, misma que tiene por objetivo fortalecer a la 4T frente a la oposición y al Morena hacia las elecciones por venir.
Sin embargo, más allá de las disputas en las alturas, lo que pone de relieve la consulta son los límites de la “democracia participativa” promovida por la 4T, muy lejos de una participación real de las grandes mayorías en la toma de decisiones cruciales, algo a lo que el gobierno de AMLO no está dispuesto pues atentaría contra los intereses empresariales que defiende, como lo muestra -por poner sólo un ejemplo- la irresponsable y negligente política impuesta desde arriba frente a la pandemia, para beneficio de los grandes empresarios y sus ganancias, en donde el grueso de los contagios y las muertes lo ponemos los de abajo.
