El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, y Yasna Provoste (DC) interpusieron un requerimiento ante el retiro del reglamento que regiría a los Servicios Locales de Educación establecidos en la Ley de Nueva Educación Pública, defiendo así una ley ampliamente rechazada por el gremio docente y sin ninguna propuesta alternativa.
Bárbara Brito Docente y ex vicepresidenta FECH (2017)
Jueves 12 de abril de 2018
Meses atrás las y los profesores de todo el país manifestaron su descontento con el proyecto de ley de la Nueva Mayoría, la NEP –Nueva Educación Pública–. El diputado Giorgio Jackson (RD) se abstuvo de la votación de la NEP generando revuelo al interior del Frente Amplio. La discusión giró en torno a si la abstención –en vez del rechazo– podía mostrar ambigüedades ante una ley que finalmente fue aprobada y que no asegura la desmunicipalización.
La discusión fue tibia, el problema no es la ambigüedad, el problema es que el que calla otorga. Hoy se confirma con el senador Juan Ignacio Latorre (también RD) quien, junto a Yasna Provoste (DC), interpusieron un requerimiento ante el retiro del reglamento que regiría a los Servicios Locales de Educación establecidos en la Ley de Nueva Educación Pública.
El problema entonces es mayor: no es solo la abstención de Revolución Democrática recibida como silencio por parte de miles de profesores que continúan luchando por la defensa de la educación pública y que rechazaron ampliamente la NEP; los parlamentarios del Frente amplio junto con el Partido Comunista terminaron por avalar y defender una ley que reforzó aspectos esenciales del modelo educativo heredado de la dictadura de Pinochet – el financiamiento vía voucher, la figura de los sostenedores, y un precario financiamiento a la educación pública–, sumado a ataques concretos como la carrera docente y las deudas por sueldo y pagos previsionales a los profesores, estas dos políticas impulsadas tanto por la derecha –en el primer gobierno de Piñera– como por la Nueva mayoría.
La única respuesta a un gobierno que busca profundizar aún más el mercado educativo y salvar su modelo de educación municipalizada, como lo es el gobierno de Piñera, es con la fuerza de los profesores organizados y en las calles, como lo están haciendo hoy las y los profesores de Antofagasta, luchando contra los despidos antisindicales y por el pago inmediato de los sueldos, no defendiendo el legado de Bachelet contra el cual el gremio docente ya se pronunció tajantemente.
Hacia el 19 de abril, levantemos un paro efectivo de todo el mundo educativo exigiendo el financiamiento integral a través de aportes fiscales directos a la educación pública – incluyendo el salario docente– y la elección de los directores de las escuelas para que no decidan más por nosotros.
