Sobre el ciclo político del MAS desde 2006 al 2019. ¿Revolución Política o reformas políticas para garantizar un desvío?

La profunda crisis que se ha desatado desde hace algún tiempo al interior del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), está dando lugar a la elaboración y reflexión de diversos balances que intentan explicar lo sucedido durante el gobierno de Evo Morales y luego con Luis Arce. La torpe intentona golpista del 26J y el creciente protagonismo militar en la política boliviana, alientan las reflexiones y debates, que buscan explicar cómo ha terminado este ciclo político. El golpe de Estado el 2019 puso de relieve que el Estado Plurinacional, que prometía avanzar en la descolonización y democratización de la sociedad, avanzando hacia un Estado más “integral”, se muestra tan gelatinoso, débil y excluyente como las anteriores formas estatales.

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Pero también estos debates están siendo alentados por las violentas disputas en el seno del MAS, donde evistas y renovadores pareciera que están dispuestos a hacer llegar la “sangre al río” con tal de mantenerse al frente de la administración del Estado, aunque esto solo sea para aplicar los planes de ajuste que economistas neoliberales recomiendan. La decepción, el escepticismo y la desmoralización en amplias franjas de los movimientos sociales y de sectores populares imponen la necesidad de un balance que explique lo sucedido y que a partir del mismo pueda establecer un horizonte de acción frente al imperialismo, las clases dominantes y una derecha cada vez más envalentonada, para desde ahí preparar la contraofensiva obrera y popular por el socialismo y una sociedad sin clases.

En las líneas siguientes pretendemos centrarnos en uno de los balances que está teniendo aceptación por sectores de la izquierda, que mientras ven con preocupación como terminó el ciclo político pasado y como está terminando el MAS, cada vez más derechizado en sus diversas alas, intentan reivindicar el primer momento del gobierno de Evo Morales calificándolo como el de una “Revolución Política” o “Revolución Política parcial”.

Esta visión, expresada en algunos artículos de Jorge Viaña, Hugo Moldiz o el libro recientemente publicado de José Daniel LLorenti [1] se apoya en el supuesto cumplimiento de la agenda de octubre como era la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos, y otras. Estos esfuerzos buscan encontrar una explicación de la situación actual del MAS evitando las explicaciones basadas en la supuesta traición de los renovadores, o la supuesta traición y cobardía durante el 2019 de los evistas, o simplemente reduciendo los graves problemas estructurales a una disputa de gente buena vs gente mala.

Este esfuerzo de intentar establecer una explicación de lo sucedido, en realidad busca justificar lo realizado por Evo Morales y el MAS hasta el momento de aprobación de la Constitución, evitando cuestionar este primer momento del progresismo andino, y por lo tanto privándose de una comprensión y explicación que aborde los problemas estratégicos y programáticos que adoleció al MAS y que terminaron conduciendo al país donde estamos hoy. Nos referimos a la cuestión de “clase” que diversos sectores del MAS, evistas y renovadores, se niegan a abordar y analizar. Hay una fuerte tendencia a establecer el balance del ciclo político pasado tomando como punto central de análisis las políticas sostenidas por el MAS otorgando, dependiendo del analista, poca o ninguna sustancia al ciclo de levantamientos populares que se produjeron desde abril del 2000 hasta mayo-junio del 2005. Las diversas etapas o periodizaciones que se construyen desde el 2000 hasta el 2019 se centran especialmente en lo sucedido desde el 2006 con el inicio del gobierno de Evo Morales.

En general todos los analistas tienden a coincidir que en estos momentos estaríamos atravesando una etapa “administrativista-burocrática”, caracterizada por priorizar la gestión y donde el momento “transformador y heroico” del proceso de cambio ya habría concluido, por lo menos hasta una segunda etapa, en la mirada de Álvaro García Linera.

En una reciente entrevista a la BBC [2], Álvaro García Linera (AGL), quien se mantiene al margen de las disputas entre los caudillos del MAS por su “incompetencia” para estos momentos, afirma que:

“La lógica administrativa de transición de las grandes hegemonías que emergen de la acción colectiva, a las hegemonías fragmentadas y divididas que emergen de estos momentos administrativos, requiere otro tipo de conocimientos y de saberes políticos que yo no los poseo. Admito mi incompetencia para este momento.”

Con estas palabras AGL evita explicar cómo y gracias a qué política se llegó desde las ‘grandes hegemonías’ hasta las actuales ‘hegemonías fragmentadas’, casi como que se buscara naturalizar estas distintas “fases” o “etapas”, evadiendo su propia responsabilidad política en estos resultados. Prácticamente todos los analistas del MAS repiten estas afirmaciones muy sueltos de cuerpo, sin comprender que estos resultados son producto de una política no revolucionaria. Por tal razón comenzaremos este debate remontándonos al ciclo de los grandes levantamientos nacionales del 2000-2005.

Origen del llamado “proceso de cambio”: ¿Abril del 2000 o enero del 2006?

La llegada de Evo Morales y el MAS a la presidencia en enero del 2006, y sus 14 años de gobierno, hasta el golpe de estado del 2019, son absolutamente incomprensibles sin otorgar un lugar central al ciclo de lucha de clases que se abrió con la Guerra del Agua en Cochabamba en abril del 2000 y la seguidilla de levantamientos nacionales que se prolongaron hasta mayo-junio del 2005, cuando caen Carlos Mesa, presidente del Estado, Orlando Vaca Diez, presidente de la cámara de senadores y Mario Cossío presidente de la cámara de diputados. El ascenso, luego de esta última crisis, de Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la presidencia del Estado marcó el colapso final del régimen político neoliberal conocido como “Democracia pactada” en alusión a los acuerdos obligados que las diversas representaciones burguesas llevaban adelante para garantizar gobernabilidad. Estos pactos, desde luego, estaban finamente lubricados con el reparto de los cargos públicos y diversos negociados que garantizaban el compromiso de todas las fuerzas políticas en aplicación del modelo neoliberal.

Los ataques neoliberales a las y los trabajadores y el pueblo a fines de 1999 y principios del 2000 avanzaron sobre el agua. Pretendían expropiar los pozos de agua de propiedad de las comunidades campesinas conocidas como “regantes” para entregarlos a las empresas trasnacionales distribuidoras del líquido vital en las áreas urbanas. Llegaron a privatizar incluso el agua de lluvia y finalmente elevar los precios de una manera que provocaron la formación de un poderoso movimiento social que con barricadas de por medio, generalización de los bloqueos campesinos y una valiente resistencia callejera a las instituciones armadas de la policía y las FF.AA., iniciaron el fin del ciclo neoliberal y abonaron el terreno para un nuevo ciclo político caracterizado por una nueva relación de fuerzas entre las clases.

La intensidad de la Guerra del Agua se expresó en el surgimiento de un Frente Único [3] de masas que se materializó en la Coordinadora del Agua, integrada por todas las organizaciones sindicales y sociales del departamento de Cochabamba que finalmente dirigirá el levantamiento. Por otro lado, en Achacachi, ciudad aymara del altiplano, se había constituido un segundo epicentro del conflicto, organizando decenas de miles de comunarios en los bloqueos de caminos.

Desde la Guerra del Agua, le siguió ese mismo año el levantamiento aymara de septiembre del 2000, que, dirigido por Felipe Quispe, el Mallku, le impuso al gobierno del General Banzer un pliego de más de 70 puntos de demandas agrarias y políticas, dejando herido de muerte al régimen político. Este levantamiento puso sobre la mesa el conjunto de reivindicaciones indígenas donde lo más sobresaliente era la reivindicación de la identidad y del carácter nacional del pueblo aymara.

Los años 2001 y 2002, se caracterizaron por conflictos sectoriales y corporativos muy duros, al punto que durante esos dos años, varios de estos conflictos terminaron con muertos y heridos. También el 2002 se desarrollaron las elecciones nacionales, donde por muy poco margen frente a Evo Morales, salió victorioso, por última vez, el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) con Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) al frente del gobierno. La extrema debilidad del gobierno alentó a todos los partidos del régimen neoliberal a construir un gran acuerdo que garantizara la gobernabilidad, conocida como la mega coalición, que, pese a ese compromiso, lejos estaba de lograr algún tipo de legitimidad social, obligando al gobierno a apoyarse sobre la policía y a sostener una gestión altamente represiva.

El fin se aceleró cuando el gobierno, acosado por un enorme déficit fiscal y sin mecanismos para obtener ingresos debido a la masiva privatización realizada años antes, impuso un impuesto al salario, que en febrero del 2003 detonó una enorme crisis nacional que terminó con más de 35 asesinados luego de los enfrentamientos entre policías y militares. El motín policial, el 12 y 13 de febrero, se produce unos días antes de la convocatoria de la COB a una Huelga General con bloqueo de caminos abriendo una descomunal crisis política que obligó a retirar el impuestazo. Resurgía así, una grieta que se arrastraba desde la revolución de 1952, y era la disputa entre policías y militares, disputa que en diversas ocasiones se había traducido en enfrentamientos armados.

La magnitud de la crisis abierta en febrero empujó a todos los partidos del régimen a asumir un nuevo compromiso de gobernabilidad, sumándose al gobierno con redoblado ahínco. Pareciera que ese gran acuerdo nacional firmado alrededor de Sánchez de Lozada venía a blindar al gobierno, el cual gozó de unos pocos meses de calma hasta el 19 de septiembre de ese mismo año.

La insurrección popular de octubre, la llamada Guerra del Gas, en la ciudad de El Alto como epicentro, arrancó ese 19 de septiembre luego de que policías y militares levantaran un bloqueo de caminos en la localidad de Warisata dejando 7 muertos entre ellos una niña de 7 años. Inmediatamente conocida la acción militar y sus resultados cientos de bloqueos se generalizaron por todo el altiplano, mientras Felipe Quispe y varios dirigentes de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) ingresaban en una huelga de hambre en radio San Gabriel.

El enorme bloqueo de caminos campesino fue seguido por un ampliado de la COB realizado en Huanuni donde se declara la Huelga General indefinida y se organiza la movilización minera a la ciudad de La Paz en los primeros días de octubre. Cuando la movilización minera y de la UNSXX (Universidad Nacional Siglo XX), luego de sortear diversos retenes policiales y militares, llegó a la localidad de Ventilla, en las puertas de la ciudad de El Alto, fueron recibidos por un cordón policial y militar que emulaba aquella derrota recibida por la clase obrera en 1986 y que abrió el camino al D.S. 21060 [4] y a todas las políticas neoliberales. Luego de una profunda deliberación la marcha decide romper el cerco y continuar hacia la ciudad de La Paz. La represión fue feroz y ahí perdió la vida el minero de Huanuni Atahuichi. La noticia, que corre como reguero de pólvora alienta a las juntas vecinales alteñas a empezar un vigoroso y masivo levantamiento popular generalizándose las barricadas y la pérdida de control de la ciudad por parte del gobierno. Había comenzado la gran insurrección popular alteña que expulsaría definitivamente del gobierno a Goni y al MNR, el 17 de octubre del 2003.

Con el MNR en fuga, tras suyo le acompañaban todos los partidos políticos y los personajes que daban forma al régimen de “democracia pactada” neoliberal. El inicio del gobierno de Carlos Mesa cubierto de ciertas expectativas populares, debido a que no era un miembro formal del MNR y por su labor de periodista, fue relativamente “tranquilo” ya que su política fue canalizar las diversas demandas sociales al terreno electoral, tratando de esquivar la profunda polarización social y política que desde la Guerra del Agua no había dejado de profundizarse.

Mesa convocó a referéndum nacional para establecer por sí o por no a una Asamblea Constituyente (AC), así como para la exigencia de autonomías departamentales, demanda de larga data de las burguesías regionales y franjas de la sociedad civil en lucha por un mejor reparto de la renta nacional ante el duro centralismo paceño. Ahora, al histórico contenido de la demanda autonómica se le añadía el hecho de que podría servir de dique de contención a las tendencias revolucionarias que se expresaban fundamentalmente en el occidente del país y por lo mismo se convirtió en la bandera de toda la derecha nacional que se refugiaba en un regionalismo oligárquico, conservador y racista.

Sin embargo, llegados al 2005 la situación se deterioró rápidamente al tratarse en el parlamento la ley de hidrocarburos, impulsada por la bancada del MAS, que imponía una suba sustancial de impuestos a la producción y comercialización de hidrocarburos, suba que ponía a Bolivia al mismo nivel de impuestos que, por ejemplo, el Estado francés le cobra a la Total francesa. Esta ley, que, aunque no estatizaba las empresas hidrocarburíferas les imponía una severa reducción de sus utilidades, recibió en el parlamento una cerrada negativa, amenazando Carlos Mesa con renunciar antes que promulgar una ley que según sus palabras significaban el hundimiento de Bolivia. La ley, hoy vigente, detonó en su tratamiento un nuevo y último levantamiento nacional, mayo-junio del 2005, hasta la asunción del gobierno de Evo Morales en enero del 2006, luego de haber obtenido el 55% de los votos en las elecciones de diciembre del 2005.

Este enorme primer ciclo de lucha de clases se caracterizó por un despertar de las masas, por un aprendizaje acelerado sobre los mecanismos tramposos de la democracia neoliberal. Se realizó una vasta experiencia en diversos métodos de lucha, donde cada gran conflicto sindical o sectorial emulaba los planes militares de organización, creando simbólicamente expresiones de su propio poder callejero y movilizador, como fue el cuartel General Aymara de Kalachaca, el plan pulga del movimiento campesino, el plan araña, etc. y diversas formas de expresar la organización de los bloqueos de rutas y calles así como los puntos de apoyo y concentración en caso de enfrentamientos con la policía.

A lo largo de esos años se realizaron diversas experiencias de unidad de las organizaciones sindicales y sociales, siendo el Pacto de Unidad, uno de los últimos y rápidamente cooptado por el gobierno del MAS. A lo largo de esos años se realizaron múltiples experiencias de autoorganización obrera, campesina y popular, desde el poder de las juntas vecinales alteñas el 2003, poder que se mantuvo disperso y no llegó a coordinarse como un organismo alternativo a la decadente democracia representativa, hasta experiencias como los múltiples comités y formas de autodefensa durante las movilizaciones. Quizás la forma más avanzada de formas de autoorganización obrera, campesina y del pueblo haya llegado a ser la Coordinadora del Agua en Cochabamba, organismo democrático y estructurado a partir de todos los sindicatos a los que se sumaron todo tipo de organizaciones. Había surgido a partir de la iniciativa de una ONG como un espacio semi intitucional que pudieran controlar y terminó transformándose, producto de la presión popular, desde abajo, en un organismo de frente único de masas, con algunos rasgos sovietistas o de consejo obrero y popular.

Es durante estos años en que el régimen político que surgió de la mano del 21060 con las elecciones de 1985 se hundió definitivamente. Fue demolido en cada movilización, huelga y bloqueo de caminos. En cada toma de fábrica o centro minero, en cada levantamiento nacional. A la par que se allanaba el camino al ascenso del MAS al gobierno, surgían formaciones políticas indianistas como el MIP (Movimiento Indígena Pachakuti) de Felipe Quispe, con raíces fuertes en el mundo aymara y limitadas al mismo, así como organizaciones populares de izquierda en Potosí, etc. Es decir, la lucha de clases anteriormente descrita abrió un momento para el reverdecer de las organizaciones que se reclamaban del campo obrero, campesino y popular. La presión de la movilización popular le arrancó al aún neoliberal gobierno de Carlos Mesa el mandato imperativo para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, demanda que fue satisfecha de manera negociada en el posterior parlamento entre el oficialismo del MAS y la oposición derechista recientemente aglutinada en PODEMOS, con Tuto Quiroga al frente.

La demanda de Asamblea Constituyente emergió con fuerza en cada uno de los grandes levantamientos nacionales y estaba estrechamente asociada con la idea de realmente refundar el país sobre nuevas bases. En el imaginario popular, desaparecida la idea del socialismo, se entendía que la forma democrática de terminar con el saqueo de los bienes comunes naturales, e iniciar su industrialización, terminar con el latifundio, etc., era con la demanda de Asamblea Constituyente que a ojos del pueblo estaba íntimamente ligada a las demandas económico sociales, que, de ser satisfechas en su integridad, tendían a afectar los intereses de las clases dominantes. Esto es importante tener en cuenta para comprender el posterior desarrollo de la AC, y como primó el carácter de desvío de la movilización, y paulatina pasivización de la acción de masas del periodo anterior.

Si hubo un cambio en la Bolivia contemporánea es el que se desarrolló en esos primeros 5 años del milenio, que establecieron una nueva relación de fuerzas entre las clases sociales y que van a cristalizar en forma de leyes y normas democráticas e inclusivas durante el gobierno de Evo Morales. Lo harán sin embargo de una manera distorsionada, degradando su contenido, y negociando con las clases dominantes los límites de sus alcances y profundidad.

La Asamblea Constituyente y el Estado Plurinacional: ¿Revolución política o pasivización de masas?

Aquí entramos en un problema nodal del cómo y porqué llegamos a esta situación, por lo que la discusión de cómo entender e interpretar todo el ciclo político es de una importancia estratégica para los próximos combates que la lucha de clases está cocinando a fuego lento.

Como ya hemos señalado, la idea de una revolución política para explicar el primer gobierno de Morales no solo es errónea, sino que es peligrosa, si es adoptada por amplios sectores de la vanguardia y de los trabajadores y trabajadoras avanzados, toda vez que induce a seguir los mismos pasos que condujeron a esa “Revolución Política”, repitiendo así nuevamente los errores -si se los puede llamar así- que reconstruyeron el Estado y el orden capitalista burgués que había sido demolido en los años precedentes. Contuvieron al movimiento de masas para que depositen sus expectativas en la AC pactada y en el gobierno para la gestión de los conflictos con la derecha regionalizada.

Consideramos que para abordar un análisis integral de todo este periodo histórico es necesario sin embargo establecer algunos conceptos y definiciones que serán fundamentales para el análisis marxista de este periodo.

a) La naturaleza social del Estado. Para los ideólogos y políticos del MAS, el Estado ha sido comprendido en general como un campo en disputa, como una herramienta o instrumento que dependiendo de quien posee el poder, puede ser un vehículo de transformación social. Esta concepción rompe con las formulaciones clásicas de Marx y Engels, así como con Lenin que buscó profundizar el estudio de la naturaleza social de esta institución central de toda sociedad dividida en clases. En esta concepción, y tal como formulan Marx y Engels en el Manifiesto Comunista luego de la Comuna de París “el Estado no puede ser reformado, debe ser destruido”. Esta importantísima conclusión, es el resultado de la comprensión de cómo, en cada momento histórico, las formas estatales son herencia y perfeccionamiento o refinamiento de las formas estatales precedentes, cuestión que puede observarse, por ejemplo, en la evolución y desarrollo del ius civile romano que llega hasta nuestros días, formando parte de los modernos estados capitalistas, que han refinado este cuerpo normativo, regulador de los contratos.

El radical punto de vista de Marx y Engels sobre la necesidad de destrucción del Estado capitalista y su remplazo por otras formas, como las aportadas por la Comuna de París, obedece a que el Estado desde sus orígenes se ubica por encima de la sociedad, pero al servicio de garantizar la reproducción de las relaciones sociales de producción establecidas por las clases dominantes. Es por esta razón, que en última instancia el Estado puede reducirse [5] hasta los aparatos punitivos del Estado, es decir Tribunales, Policía y FF.AA. Esto es importante tener en cuenta a la hora de preguntarse, como lo hacen muchos en las filas del MAS luego del golpe del 2019 y el reciente fallido intento golpista del 26J ¿Por qué las reformas descolonizadoras no llegaron a las FF.AA. y la policía?

La Revolución obrera de 1952 destruyó el ejército, es decir el Estado Republicano pero la burguesía, blanco-mestiza, con la ayuda del MNR, sobre los restos del ejército destruido y con colaboración norteamericana, reconstruyeron un nuevo ejército y pusieron en pie un nuevo Estado, el Estado Nacional, que evolucionará a mediados de los años 80’ al Estado del ciclo neoliberal. El Estado Plurinacional se distingue en diversos aspectos formales de las anteriores formas, donde quizás las más relevantes sean las autonomías indígenas, muy pocas por cierto y el pluralismo jurídico al incorporar a la justicia indígena-originario-campesina como parte del ordenamiento jurídico, así como diversos derechos colectivos, que lo hacen más moderno y teóricamente más democrático. Sin embargo, si pensamos cómo en los momentos de crisis, y en Bolivia son recurrentes, el rol protagónico de las instituciones armadas se acentúa, tenemos que convenir que la naturaleza del Estado, al servicio de las clases-etnias blanco mestizas, no ha cambiado, pese a ampliaciones normativas e institucionales desarrolladas estos años luego de la nueva CPE (2009). Pedregal, Sacaba y Senkata están para recordarlo.

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b) El doble carácter de las demandas democrático – radicales como la Asamblea Constituyente. La demanda de una Asamblea Constituyente como dijimos estuvo presente en cada uno de los levantamientos nacionales. Se arrastraba como exigencia de las marchas indígenas del oriente desde los años 90 y durante el gobierno de Carlos Mesa se aprobó en referéndum.

Para las y los marxistas, tomando las enseñanzas de los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista (IC), valoramos el alto poder movilizador que tienen las consignas y demandas democráticas, en especial la de Asamblea Constituyente Libre y Soberana (ACLS) que promete refundar el país desde su raíz. Pero también valoramos el potencial desmovilizador que puede tener al ser usado para reestablecer, sobre nuevas bases, el orden burgués. La tercera internacional y luego Trotsky en el Programa de Transición, plantearon la incorporación de las demandas mínimas y democráticas en tanto mantengan su fuerza vital a un programa transicional en la lucha por el socialismo.

Durante el periodo que va del 2000 al 2006, la demanda popular de una AC cumplió un poderoso papel movilizador, sin embargo, la manera en que fue negociada su convocatoria con PODEMOS el 2006 y luego con toda la oligarquía financiera y agroindustrial atrincherada en la media luna en octubre del 2008, alentaron el comienzo del desgaste y de la decepción por los resultados en franjas del movimiento de masas. Los latifundistas agroindustriales no perdieron ni un centímetro de tierra y los grandes negocios capitalistas no solo que se mantuvieron, sino que gozaron durante el gobierno de Morales de muy buenas ganancias. El carácter pactado de la AC alentó la desmovilización y pasivización del movimiento de masas a la par que se asimilaban los organismos sindicales a la estructura estatal, mientras reconstruían un régimen político, al servicio de las clases dominantes, más sólido y coherente de lo que había entre 2005 y 2009 [6].

c) La contradictoria relación entre movimiento de masas y superestructura partidaria y estatal. Uno de los errores metodológicos para abordar el análisis del ciclo político “progresista”, radica en que los ideólogos del MAS, tienden a comprender la relación del movimiento de masas con el MAS y con el Estado de una manera lineal y sin contradicciones. Para ellos, los movimientos sociales y sus direcciones que protagonizaron los levantamientos son los mismos que se incorporan a la estructura del MAS y son los mismos que ocupan espacios en la estructura estatal. Pareciera que no hay ningún tipo de transformación en esta relación.

Esta comprensión lineal y evolutiva de los movimientos sociales y su relación con el MAS, se traduce en la idea de que “el proceso de cambio estaría atravesando una fase administrativista”, es decir limitada a la gestión de lo estatal y de lo existente, como si esa fase fuera expresión de una evolución casi natural de los procesos políticos y no como resultado de la lucha (o de la falta de ésta) no solo entre las clases, partidos y organizaciones de clase sino también al interior del mismo MAS y entre sus diversas tendencias. Por tal razón al interpretar como una continuidad a los movimientos sociales primero en las calles y luego en el Estado, y centrar sus análisis en si se cumplieron o no las demandas de estos movimientos sociales y las disposiciones del gobierno como la convocatoria a una Asamblea Constituyente o la nacionalización de los hidrocarburos reducen el análisis a las disposiciones gubernamentales y no a las relaciones que esas disposiciones provocan entre las masas y el Estado.

Por el contrario, Trotsky, intentando explicar el rol de las organizaciones obreras y populares luego del triunfo de Franco en la guerra civil española, nos brinda líneas valiosas para comprender la contradictoria evolución de las relaciones del MAS y los movimientos sociales. Trotsky polemiza con una visión en la que la derrota de la revolución española hubiera sido el resultado “de la falta de madurez de las masas” o peor aún afirmaciones como “El Dios de los revolucionarios no trajo a España un Lenin o un Trotsky”. De conjunto todas estas visiones terminan naturalizando las derrotas o peor aún, descargando la responsabilidad de las mismas no en los dirigentes, sus programas y sus estrategias, sino en las masas, es decir justamente en aquellas que son las que realmente hicieron de todo para terminar con el neoliberalismo y sentaron las condiciones de posibilidad para que el MAS pudiera llegar al gobierno el 2006.

Trotsky, refiriéndose a España de los 30 afirma [7]:

“Existe un viejo dicho que refleja la concepción evolucionista y liberal de la historia: un pueblo tiene el gobierno que se merece. La historia nos demuestra, no obstante, que un solo y mismo pueblo puede tener durante un período relativamente breve, gobiernos muy diferentes (Rusia, Italia, Alemania, España, etc.) y además que el orden en que éstos se suceden no tiene siempre el mismo sentido, del despotismo hacia la libertad, como creen los liberales evolucionistas. El secreto de este estado de cosas reside en que un pueblo está compuesto de clases hostiles y que estas mismas clases están formadas por capas diferentes, parcialmente opuestas unas a otras y que tienen diferentes orientaciones. Y además, todos los pueblos sufren la influencia de otros pueblos, compuestos a su vez de clases. Los gobiernos no son la expresión de la "madurez" siempre creciente de un "pueblo", sino el producto de la lucha entre las diferentes clases y las diferentes capas en el interior de una sola y misma clase y, además, de la acción de fuerzas exteriores -alianzas, conflictos, guerras, etc. Hay que añadir que un gobierno, desde el momento en que se establece, puede durar mucho más tiempo que la relación de fuerzas del cual ha sido producto. Es a partir de estas contradicciones históricas que se producen las revoluciones, los golpes de estado, las contrarrevoluciones. El mismo método dialéctico debe emplearse para tratar la cuestión de la dirección de una clase. Al igual que los liberales, nuestros sabios admiten tácitamente el axioma según el cual cada clase tiene la dirección que merece. En realidad, la dirección no es, en absoluto, el "simple reflejo" de una clase o el producto de su propia potencia creadora. Una dirección se constituye en el curso de los choques entre las diferentes clases o de las fricciones entre las diversas capas en el seno de una clase determinada. Pero tan pronto como aparece, la dirección se eleva inevitablemente por encima de la clase y por este hecho se arriesga a sufrir la presión y la influencia de las demás clases. El proletariado puede "tolerar" durante bastante tiempo a una dirección que ya ha sufrido una total degeneración interna, pero que no ha tenido la ocasión de manifestarlo en el curso de los grandes acontecimientos. Es necesario un gran choque histórico para revelar de forma aguda, la contradicción que existe entre la dirección y la clase. Los choques históricos más potentes son las guerras y las revoluciones. Por esta razón la clase obrera se encuentra a menudo cogida de sorpresa por la guerra y la revolución. Pero incluso cuando la antigua dirección ha revelado su propia corrupción interna, la clase no puede improvisar inmediatamente una nueva dirección, sobre todo si no ha heredado del período precedente los cuadros revolucionarios sólidos, capaces de aprovechar el derrumbamiento del viejo partido dirigente. La interpretación marxista, es decir dialéctica, y no escolástica, de las relaciones entre una clase y su dirección no deja piedra sobre piedra de los sofismas legalistas de nuestro autor.”

Reproducimos esta extensa cita ya que consideramos que en estas líneas hay aportes metodológicos sustanciales para comprender de manera marxista, las relaciones entre la estructura y la superestructura, entre los movimientos sociales movilizados y los partidos de izquierda con los que contaba esos años.

Para los diversos analistas del MAS, pareciera que las fricciones al interior del MAS se habrían producido luego del golpe de estado, sin embargo, esto también es un intento de soslayar las disputas que al interior del MAS se produjeron desde sus inicios, pero que quedaban opacadas por la fuerte hegemonía que expresaba Evo Morales. Así, al inicio de su gobierno, Evo Morales no contó con el apoyo de los trabajadores mineros, particularmente de Huanuni, quienes en octubre del 2006 tuvieron un violento enfrentamiento con el ministro de Minería del MAS, el cooperativista empresario, Walter Villarroel, quien pretendía entregar el yacimiento a la voracidad de empresas chinas. Luego vinieron profundas rupturas con la vieja guardia del MAS como eran Santos Ramírez, que pasó gran parte de ese ciclo tras las rejas, Román Loayza, Félix Santos, Isabel Ortega, todos ex senadores y miembros del movimiento campesino y la exdiputada y exministra Julia Ramos, por ejemplo.

Luego se expresaron en las fricciones y expulsiones de los llamados “libre pensantes”, finalmente vinieron las rupturas con fracciones del movimiento campesino como fueron los cocaleros de Yungas de Vandiola, cocaleros del norte de La Paz, persecución a mineros y docentes que impulsaron el Partido de los Trabajadores (PT) [8], e infinidad de rupturas y fracciones con el movimiento campesino y obrero que iban consolidando el divorcio entre Evo Morales y la cúpula del MAS con sus propias bases. Afirmar que el MAS-IPSP es el instrumento político de los movimientos sociales solo es una ficción edulcorada que busca embellecer a la jefatura del MAS y evitar críticas profundas a una política abiertamente pro patronal.

d) Revolución Política: ¿cambios en el Estado o en el régimen político? Volvamos ahora a este concepto de Revolución Política (parcial) que nos ofrecen desde la izquierda del MAS para explicar por lo menos el primer gobierno de Evo Morales, hasta la promulgación de la nueva Constitución. Algunos prolongan esta fase del “proceso de cambio” incluso hasta el 2013-2014. Ese año, el MAS logró, en las elecciones nacionales casi un 63% del total de votos, el más elevado de todas las contiendas electorales, aunque desde el 2009 el MAS cumplía el papel de garante de los acuerdos constitucionales, administrando el Estado y acentuando el autoritarismo de Morales.

El fundamento para sostener la existencia de una revolución política son las importantes incorporaciones normativas e institucionales en la CPE, que habrían modificado el “Estado”, democratizándolo. Sin embargo, si nos atenemos a la comprensión del Estado formulada por los marxistas clásicos (expresada en el inciso a. de este mismo apartado), vemos que lejos de haber cambiado el Estado, el mismo sigue siendo en su naturaleza clasista y étnica. Sigue siendo el mismo estado garante del orden burgués semicolonial [9] de Bolivia. Pero si esto es así ¿Qué es lo que ha cambiado con el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia?

En las Ciencias Políticas se ha convenido en entender el régimen político como las formas institucionales en las que diversos gobiernos pueden alternarse siguiendo reglas comunes, como por ejemplo un régimen dictatorial puede tener en un periodo de tiempo más o menos prolongado diversos gobiernos incluso con orientaciones distintas, o por ejemplo un régimen democrático neoliberal, como el que se estableció luego de 1985, contó con diversos gobiernos que se movieron en los marcos establecidos por ese régimen político basado en elecciones y acuerdos de gobernabilidad sobre la base del reparto de la administración estatal.

Podríamos decir que los diversos regímenes políticos son el resultado de la cristalización de diversas relaciones de fuerza entre las clases, relaciones de fuerza que, en el caso boliviano, no solo cambiaron gobiernos (de Goni a Mesa y de este a Rodríguez Veltzé y de éste a Evo Morales) sino también las formas institucionales que establecen el marco y los procedimientos para acceder al gobierno. Sin embargo, también podemos decir que, dentro del gobierno de Evo Morales, y en el marco del Estado Plurinacional (EPB) también hubo modificaciones no solo en el gobierno, con la adopción de rasgos cada vez más autoritarios de Morales, sino dentro del mismo régimen del EPB con el desarrollo de tendencias semi bonapartistas del órgano ejecutivo.

Se podría argumentar siguiendo estas últimas ideas, que si bien durante el ciclo político pasado no se cuestionó las relaciones sociales capitalistas ni tampoco el papel central de las clases dominantes en la sociedad, cuestión que solo podría haberse modificado con el desarrollo de la movilización hasta alcanzar la posibilidad de una revolución social que terminara con la burguesía y las relaciones sociales capitalistas, pero que sin embargo la movilización popular alcanzó para llevar adelante una transformación en el régimen político de tal magnitud que es lo que permite a algunos calificarla de una “revolución política”. Con esta visión se adjudica a las masas el no haber podido establecer mejores relaciones de fuerza, casi como si la cúpula del MAS quisiera ir más allá de lo que las masas les habrían permitido. Como si esas relaciones de fuerza fueran algo dado y no resultado de la lucha de estrategias, programas y finalmente políticas. Es decir, es el resultado de decisiones políticas conscientemente adoptadas por los sujetos, sociales y políticos, que intervienen en la lucha. La dirección del MAS pudo avanzar en el establecimiento de algunas reformas políticas en la estructura estatal, que ellos denominan Revolución Política, a condición de sacrificar las posibilidades de avanzar en una revolución social y, por lo tanto, luego de reconstruido el orden de las clases dominantes, poner en riesgo esas mismas reformas que hoy son cuestionadas por las clases dominantes.

La concepción de prácticamente todas las fuerzas políticas que se integraron y dieron forma al MAS, compartían la visión estalinista, de la necesidad de una primera etapa necesaria de una “Revolución democrática y cultural” que completara las tareas inconclusas de la revolución del 52, es decir la cuestión indígena y la necesidad de alcanzar el presupuesto de la burguesía ilustrada sobre “igualdad ante la ley”, cuestión que en Bolivia no había sido posible debido a la formación de la sociedad sobre la base de la construcción de las clases sociales en base a la etnicidad, dando origen a lo que conocemos hoy como clases-etnias.

Esta concepción, para efectivizarse debía sin embargo trabajar para obstaculizar todas las tendencias obreras y populares que buscaran ir más allá que una reforma política usando las reformas, democráticas e incluyentes, para limitar y pasivizar las tendencias a continuar y profundizar la movilización. Lejos de una revolución política tenemos que afirmar que se trató de reformas políticas con el objetivo de garantizar la reconstrucción del maltrecho orden burgués y sin modificar las bases materiales que lo sostienen, es decir, evitando tocar los intereses de los grandes capitales, agroindustriales, bancarios-financieros y mineros. En pocas palabras, introducir reformas políticas como parte de una estrategia de contrarrevolución social, cuestión que se desarrolló con fuerza a partir del 2009 y que se consumó con el golpe del 2019.

Estas reflexiones, sin embargo, no son nuevas. Ya Lenin en 1907, cuando aún pensaba la próxima revolución rusa como una revolución democrático burguesa, aunque rechazaba que esta fuera acaudillada por los representantes de la burguesía liberal, planteaba que la convocatoria a la Asamblea Constituyente, solo podría ser realmente una asamblea expresión de la voluntad de todo el pueblo a condición de llevarse a efecto por medios revolucionarios es decir, la caída de la monarquía de manera revolucionaria, la formación de un gobierno provisional revolucionario y la convocatoria a la asamblea constituyente por ese mismo gobierno provisional revolucionario, que apoyado por la fuerza armada podía llevar la revolución hasta el final:

“Para la instauración de la república es absolutamente necesaria la asamblea de los representantes populares, asamblea que debe ser necesariamente de todo el pueblo (a base del sufragio universal, igual, directo y secreto) y constituyente. (…) Para establecer un nuevo orden de cosas que "exprese realmente la voluntad del pueblo" no basta con dar a la asamblea representativa la denominación de constituyente. Es preciso que dicha asamblea tenga poder y fuerza para "constituir"(…) La resolución del Congreso dice que sólo un gobierno provisional revolucionario, con la particularidad de que sea el órgano de la insurrección popular victoriosa, es capaz de garantizar la libertad completa de la agitación electoral y de convocar una asamblea que exprese realmente la voluntad del pueblo. ¿Es justa esta tesis?”

Esto lo planteaba rechazando las recomendaciones de representantes de la burguesía liberal y parte del menchevismo que buscaba comprender la convocatoria a la Asamblea Constituyente sobre la base de acuerdos y transacciones con la monarquía. Como vemos, pese a las sustanciales diferencias con Bolivia, tenemos que el MAS ha realizado precisamente la labor de los neoiskristas, mencheviques, y no las recomendadas por el líder bolchevique. Líneas arriba de la cita que acabamos de transcribir, Lenin retoma las ideas de Marx frente al fallido parlamento de Frankfurt en 1848, sobre la diferencia entre una Asamblea convocada sobre la base de una insurrección victoriosa, con la fuerza para cumplir sus decisiones, y una asamblea convocada por las organizaciones liberales y reformistas:

“La Conferencia de los mencheviques-neoiskristas ha incurrido en el mismo error en que incurren constantemente los liberales, (…). Estas gentes lanzan frases sobre la Asamblea "Constituyente", cerrando púdicamente los ojos ante la conservación de la fuerza y del Poder en las manos del zar, olvidando que para "constituir" hay que tener la fuerza de constituir. La Conferencia ha olvidado asimismo que de la "decisión" de unos representantes cualesquiera, hasta el cumplimiento de dicha decisión, hay un gran trecho. La Conferencia también ha olvidado que mientras el Poder quede en las manos del zar, cualquier decisión de unos representantes cualesquiera no es más que charlatanismo huero y mezquino, como resultaron serlo las "decisiones" del parlamento de Francfort, famoso en la historia de la revolución alemana de 1848 Marx, (…) fustigaba precisamente con sarcasmos implacables (…) porque pronunciaban bellos discursos, tomaban toda dase de "decisiones" democráticas, "instituían" toda dase de libertades, pero, en la práctica, dejaban el Poder en manos del rey, no organizaban la lucha armada contra las fuerzas militares de que disponía este último”. [10]

Todo esto contrasta con la política del MAS, que lejos de impulsar la movilización revolucionaria de las y los trabajadores del campo y la ciudad para imponer una Asamblea Constituyente verdaderamente Libre y Soberana, optó por el expediente de la negociación y de la transacción con las fuerzas burguesas cada vez más disminuidas. Así, se aceptó el condicionamiento parlamentario de los 2/3 con PODEMOS el 2006, y finalmente ante la resistencia de las clases dominantes y sus partidos el 2008, el MAS prefirió ceder en más de 100 artículos del texto constitucional antes que impulsar la movilización revolucionaria contra la derecha.

Nos resulta incomprensible que, al haber entregado la AC a la derecha, Álvaro García Linera y otros intelectuales califiquen los meses de septiembre a octubre de ese año “como el momento heroico del proceso de cambio”, cuando en realidad se estaba estabilizando la contrarrevolución social, momento que posteriormente calificarán como “revolución política”.

Entre septiembre y octubre de ese año, el movimiento campesino y diversos sectores populares se movilizaron intensamente contra la ofensiva derechista contra la Asamblea Constituyente, que veían como el texto final no ofrecía suficientes puntos de apoyo para la defensa y continuidad de los negocios capitalistas.

La ofensiva derechista, que se inició con la toma de oficinas y reparticiones estatales en Santa Cruz y otros departamentos de la llamada media luna, continúo con una explosión de agresiones racistas y violencia callejera, hasta que el 11 de septiembre en el departamento de Pando, decenas de campesinos afines al MAS fueron salvajemente emboscados por agentes armados afines al gobernador, el banzerista Leopoldo Fernández, con más de una docena de asesinados y decenas de heridos de bala. La asonada derechista sin embargo fue inmediatamente contestada con una enorme movilización de la COB y la CSUTCB en la ciudad de La Paz, y con el inicio de movilizaciones espontáneas desde Cochabamba hacia la ciudad de Santa Cruz. Estas movilizaciones, sin embargo, eran armadas, aunque improvisadas, luego de la masacre de El Porvenir, nadie estaba dispuesto a enfrentarse con las manos vacías. El primer enfrentamiento entre civiles se produjo en la localidad de El Pailón, con algunas horas de enfrentamientos, hasta que la movilización ingresó y continúo su marcha hacia la capital departamental. Una vez más, las y los trabajadores del campo y la ciudad mostraban su disposición de lucha y su voluntad de hacer respetar la voluntad que se había expresado en la AC. Se dirigían a la madriguera de la reacción oligárquica y derechista, dispuestos a terminar con la UJC (Unión Juvenil Cruceñista) y demás grupos paramilitares que habían sembrado el miedo entre los sectores populares cruceños.

Esta disposición de combate del movimiento de masas, que se venía expresando ante cada asonada derechista como fue en Sucre a fines del 2006, Cochabamba en enero del 2007 y finalmente agosto-octubre del 2008 y que eran expresión de esa nueva subjetividad construida al calor de los levantamientos entre el 2000 y el 2005, sin embargo, contrastaba con la política de la dirección del MAS. Mientras más agudo el enfrentamiento con la derecha mayor era el contraste entre bases movilizadas y su dirección política preocupada por evitar el “desborde” y por lo mismo preocupada en garantizar los intereses de las clases dominantes. El terror de derechistas, al ver la disposición combativa de la movilización, los empujó rápidamente a la negociación que el MAS había dispuesto como último recurso para detener los enfrentamientos. El 21 de octubre del 2008, en Cochabamba, finalmente se firmó el gran acuerdo que viabilizó el texto constitucional, que ya había sido modificado en más de 100 artículos, que garantizaba plenamente los negocios capitalistas en el país.

A partir de este momento surge un nuevo régimen político, el del Estado Plurinacional de Bolivia, quedando el MAS con Evo Morales al frente como casi los exclusivos garantes de la misma, desarrollando fuertes tendencias conservadoras y autoritarias. El gasolinazo del 2011, la represión a los pueblos indígenas del TIPNIS, la represión a interculturales en Caranavi, al pueblo Leco y otras medidas antipopulares y anti obreras se ponían en marcha acelerando el divorcio entre el MAS y el movimiento de masas, divorcio apenas disimulado por el control de las organizaciones de masas a través de una corrupta y cooptada dirigencia sindical.

Golpe de estado del 2019: La política del MAS le abrió el camino a la derecha

El periodo que va desde la aprobación de la CPE y la caída de Morales el 2019, estará caracterizado por una fuerte tendencia a consolidar el nuevo régimen político, lo que se va a traducir por un lado en una actitud cada vez más hostil y represiva de las demandas populares y democráticas como fue la lucha contra el gasolinazo, la lucha del MAS contra los pueblos indígenas del TIPNIS, la lucha del MAS contra los pueblos Lecos del norte de La Paz y contra la producción de coca “excedentaria” o ilegal, la lucha del MAS a favor de las petroleras y contra los pueblos de Tariquía en Tarija, la lucha por la dotación de tierras de los interculturales en San Julián contra los agroindustriales y el gobierno del MAS, o el uso de normativas neoliberales contra los trabajadores asalariados, extendiendo el estatuto del funcionario público, impulsando micro empresas en las esferas de limpieza y arreglos de carreteras y autopistas, evadiendo derechos laborales y firmando contratos civiles altamente desiguales, y un conjunto de medidas que evidenciaban cómo la dirección del MAS se integraba cada vez más a los intereses y cultura política de las clases dominantes.

Pero mientras esta era la política hacia sectores populares que no podían disciplinar, se profundizó y extendió los acuerdos y concesiones a las clases dominantes, como fue no solo durante el 2014 con la agroindustria cruceña, a la que se le dieron nuevos créditos, extensión de la frontera agrícola, mayor apertura e integración con el mercado chino de carne y soja, la liberación de nuevas y más áreas fiscales para los empresarios-mineros de las “cooperativas”, las ventajas para el capital bancario y financiero que durante ese periodo realizó ganancias inéditas en nuestra historia. Sin embargo, que las concesiones y acuerdos con la gran burguesía nacional se hubieran potenciado geométricamente durante este periodo, no impidió que la gran burguesía agroindustrial y financiera mantuviera su profunda desconfianza no solo en Evo Morales y el MAS sino con diversas disposiciones “democráticas” que fueron incluidas en CPE y en la legislación.

Así, las medidas del MAS en este periodo tenían un doble efecto: por un lado sembraban el escepticismo y la desmoralización en los sectores populares que ahora tenían que enfrentar a lo que creían había sido su propio instrumento político, mientras que los buenos negocios para las clases dominantes durante ese periodo no solo que las había fortalecido socialmente, como clase, sino que políticamente se sentían más próximos al poder del Estado gracias al trabajo conjunto que desde el gobierno se impulsaba con agroindustriales, empresarios mineros, y banqueros.

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Toda esta política tuvo que ser sostenida en soledad por Evo Morales y el MAS, quienes se fueron recostando crecientemente en el aparato judicial, la policía y las FF.AA. para llevar adelante esta orientación, cultivando de esta manera las tendencias autoritarias que explotarán el 21F del 2016 con la derrota en el referéndum constitucional. El desconocimiento de esta derrota por parte de Morales, quien se volvió a postular el 2019, gracias a una sentencia constitucional realizada “a medida”, le otorgó a la derecha política, las suficientes banderas democráticas que conducirán a la asonada derechista de octubre y finalmente al golpe de Estado.

Pero, lejos de aprender de los dramáticos acontecimientos vividos ese año, el estado mayor masista, continuó y profundizó aún más la misma política de negociación y pactos con la derecha, esta vez en el marco de la derrota. Los diputados y senadores que hoy forman parte del “evismo”, formaron parte de las vergonzosas negociaciones los días del golpe auspiciadas por la iglesia católica, para luego de las masacres del Pedregal y de Sacaba, terminar reconociendo al gobierno de facto de Jeanine Áñez. Dos días después con la masacre de Senkata el golpe quedaba consolidado.

Se iniciaba así el gobierno de Jeanine Áñez en el marco de una profunda deslegitimidad de las instituciones estatales y de una feroz persecución política a diversos sectores populares que calificaban como "masistas" llevando la biblia al Palacio y haciendo gala de un profundo racismo. Los intentos de postergar indefinidamente las elecciones nacionales detonaron la rebelión popular de agosto del 2020 que amenazaba con iniciar un plan de lucha que tirara abajo al gobierno de Áñez y a todos los golpistas. Sin embargo la estrategia de negociaciones permanentes de Evo Morales y la cúpula del MAS alentaron el aceptar como fecha de elecciones el 18 de octubre acelerando la división entre los parlamentarios del MAS, y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. Esta política de colaboración con el golpismo fue sostenida tanto por Evo Morales como Luis Arce.

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El triunfo de Luis Arce en las elecciones de octubre del 2020 con el 55% de los votos, no fue suficiente para impedir que se desarrollen las fuertes tendencias centrífugas en el MAS, entre el evismo y los renovadores. Decenas de golpistas hoy se encuentran tras las rejas, incluyendo a Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y otros. La profunda crisis no solo en el MAS sino al nivel de las principales instituciones estatales como el órgano judicial, la policía y las mismas FF.AA. siembran incógnitas y dudas sobre el futuro del Estado Plurinacional de Bolivia, quedando los contornos del régimen profundamente marcados por aquellos acontecimientos, sin ellos no se puede entender la crisis actual.