Paro general 24E. Ridícula amenaza: según Adorni, el Gobierno "analiza" descontar el día de paro a estatales

Por la mañana de este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni aprovechó su habitual conferencia de prensa para ensayar una amenaza con el fin de buscar amedrentar a los trabajadores estatales que adhieran y participen del paro general convocado por la CGT y las CTA.

Según sus dichos, el Gobierno "está analizando como una posibilidad cierta” descontar el día de paro a los trabajadores estatales que participen. Se trata del paro general de 12 horas con movilización convocado para el próximo 24 de enero por la CGT, y al que adhieren las dos CTA.

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Se trata de una amenaza que tiene como fin intentar asustar a algunos trabajadores para que no ejerzan su derecho constitucional a la huelga, con el fin de restarle fuerza al paro. Algo de muy dudosa probabilidad que suceda y que muestra la preocupación del Gobierno en que la clase trabajadora exprese su descontento con las políticas adoptadas y propuestas durante esa jornada.

Más allá de las bravuconadas de los funcionarios del Gobierno de Milei, lo cierto es que el derecho a huelga de quienes decidan ejercerlo está consagrado en la Constitución. En el Artículo 14 bis establece los derechos colectivos del trabajo, garantizando a los gremios tanto el derecho a la negociación colectiva, como al derecho de huelga.

En segundo lugar, la ley de Contrato de Trabajo establece la protección del derecho a huelga en varias partes. Especialmente, el Artículo 244 señala que "El empleador no podrá concertar durante el tiempo de duración de la huelga u otras medidas de acción directa aprobadas por la organización sindical pertinente nuevos contratos de trabajo que tiendan a sustituir o reemplazar en su cargo al trabajador, ni adoptar medidas disciplinarias en su contra, ni alterar la situación o condición en que se encuentra revistando en la empresa".

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Por último, la ley de Asociaciones Sindicales describe en su Artículo 53 todas las acciones que realice el empleador que puedan ser calificadas y sancionadas como prácticas desleales. Entre ella menciona: "Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales...".

El respaldo jurídico que posee el derecho a la protesta y a la huelga en nuestro país es producto de las diversas luchas, movilizaciones, acciones y huelgas que fueron asentando esos precedentes. Son conquistas plasmadas en el terreno de lo jurídico pero que tienen su lugar de origen en las calles, fábricas, lugares de trabajo y movimientos sociales. Las mismas han valido todo tipo de amedrentamientos, despidos y represiones -algunas de ellas con muertes y heridos-.

Ello recuerda la importancia clave de movilizarse y organizarse para tirar abajo el plan del Gobierno y todo intento de atacar los derechos de las mayorías. Pero no se puede confiar en las direcciones sindicales de la CGT y las CTA, que permitieron pasar los ajustes de los últimos años y el retroceso en el poder de compra del salario. Hay que preparar el paro desde abajo para que sea activo e inicie un plan de lucha hasta tirar el DNU y la Ley Ómnibus.

La inviabilidad de las amenazas del Gobierno sólo se explican por su afán de atacar cualquier posibilidad de involucramiento y participación activa de los trabajadores, frente al brutal plan de ajuste que lleva adelante. Se suma a los artículos de la Ley Ómnibus que buscaban cercenar el derecho a la protesta callejera, sumado al protocolo antipiquetes de Bullrich. La protesta y la huelga son dos derechos que la clase empresaria junto a su funcionariado político busca en todo momento limitar o cercenar.