MOVIMIENTO OBRERO. Ridículas sanciones a las grandes consultoras multinacionales por violar los derechos laborales

En noviembre de 2022 se detectó que en las denominadas “big four”, las cuatro grandes consultoras-auditoras (Deloitte, PwC, EY y KPMG), imperaba un régimen laboral de semiesclavitud con jornadas maratonianas de trabajo. Incumpliendo la legislación vigente en materia de registro de las jornadas laborales y en lo referente a las jornadas máximas legalmente establecidas, así como en la remuneración de las horas extras. Transcurridos todos estos meses parece ser que las actuaciones de la Inspección de Trabajo comienzan a sustanciarse en expedientes sancionadores que podrían ver la luz a lo largo de los próximos meses.

Sin embargo, lo adelanta el diario económico Cinco días deja en mal lugar al “gobierno progresista” de Sánchez. Este periódico informaba este martes de multas por un total global de 1,4 millones de euros, una cuantía que resulta insultante y ridícula para empresas que atesoran volúmenes de facturación de miles de millones de euros. Esas sanciones irán destinadas a costear las cuotas de la Seguridad Social no pagadas y como multa por incumplir la obligación de registrar las jornadas laborales de las trabajadoras y trabajadores de las empresas de consultoría. Algo que pasó a ser obligatorio desde 2019 para todas las empresas en el Estado español.

Los expedientes no están concluidos y todavía puede haber nuevas sorpresas porque las investigaciones siguen abiertas. Sin embargo, la información que ha trascendido ya sitúa claramente las coordenadas en las que se van a desembolsar las sanciones que, desde luego, nada tendrán de ejemplares. Algo que no llama la atención si tomamos en cuenta la impunidad de las grandes empresas que incumplen las leyes laborales de forma recurrente, puesto que obtienen más beneficios al transgredir la ley laboral, aun cuando paguen una pequeña multa. Otro problema que agrava la situación son las pocas fuerzas materiales y humanas con las que cuenta la Inspección de Trabajo para perseguir las prácticas ilegales y mafiosas de muchos empresarios en materia laboral. No en balde, el “gobierno más progresista de la historia” ha tenido que enfrentar una huelga de varias semanas por parte de los trabajadores de la Inspección, en protesta a lo escaso de los recursos humanos disponibles.

Según el diario Cinco días ha quedado demostrado que ninguna de estas consultoras tenía el registro de las jornadas de trabajo realizadas por su plantilla. Este control fue una exigencia de los sindicatos de CCOO y UGT mientras se negociaba con el Gobierno la derogación de la reforma laboral de Rajoy -algo que nunca sucedió- presumiendo que acabaría con la práctica fraudulenta empresarial de no abonar las horas extraordinarias. Sin embargo, se ha mostrado como una herramienta bastante inútil. En todo caso, durante casi 4 años, empresas de ese calibre no han implantado el sistema de control obligatorio y habrá que ver si lo hacen a partir de ahora, dado lo ridículo de las sanciones. Esa falta de registro acarrea una multa máxima de 7.500 euros, una bicoca para estas empresas multinacionales. Además, no han permitido el acceso a sus sistemas informáticos por parte de la Inspección, algo que también es sancionable, pero que se pueden permitir.

Las medidas cosméticas del gobierno para supuestamente frenar el frauda laboral, no sirven. Solamente la apertura pública real de la información contable y la intervención directa de los trabajadores en las cuentas podría hacer viable ese control de la Inspección. Pero eso es algo que el “gobierno progresista” está muy lejos de querer implantar.

En realidad, el problema de base es que el autodenominado gobierno “más progresista de la historia” en materia laboral ha sido incapaz durante toda la legislatura de desarrollar un corpus legislativo que pudiera ser valorado mínimamente como avanzado y progresista, y mucho menos que supusiera un cambio de rumbo histórico en derechos laborales, después de nada menos que ocho reformas laborales reaccionarias desde los albores de la “Transición”.

Una larga historia de recortes y ataques a los derechos laborales

Los Gobiernos del PSOE de González, que alcanzaron el “alto honor social-liberal” de ser uno de los que emprendieron los mayores ataques históricos a los derechos laborales, implantaron una enorme precariedad laboral, primero con la creación de los contratos temporales (1984), supuestamente para combatir el fuerte desempleo y luego con la ampliación de las causas por despido procedente y una mayor flexibilidad (1994) con la legalización de las ETTs, entre otras medidas. Por otro lado, los Gobiernos del PP de Aznar profundizaron y ampliaron los ataques previos de los gobiernos del PSOE, con un nuevo contrato con indemnización por despido en rebajas (1997) y una nueva vuelta de tuerca en 2001 que le costó una huelga general por extender la precariedad con la famosa medida “de fomento del contrato indefinido” para muchos más colectivos. En 2006 Zapatero realizó una primera reforma laboral que continuaba con la misma línea de recortes de derechos, aunque dispuso del consenso favorable de empresarios y sindicatos burocráticos de CCOO y UGT. Pero con la crisis llegó la reforma laboral de 2010 que redujo indemnizaciones y facilitó y abarató aún más el despido. Sobre estas bases se nos vino encima la reforma laboral de Rajoy, la séptima reforma laboral, que profundizó mucho más las medidas de Zapatero posibilitando el despido de las trabajadoras y los trabajadores enfermos si se encontraban en esa situación durante un período determinado y sobre todo abarató el despido hasta límites insospechados. Esta reforma le costó dos huelgas generales convocadas por CCOO y UGT desganadamente y sin dar la batalla hasta el final, por lo que la reforma se impuso sin problemas.

El “gobierno más progresista de la historia” con Sánchez y Pablo Iglesias primero, y luego con Yolanda Díaz, a la sazón ministra de trabajo “comunista” que dirigió la última reforma laboral, la octava para todo el período, no solo traicionó la promesa de derogar la reforma laboral de Rajoy, sino mantuvo el abaratamiento del despido aprobado por el PP y la facilidad para ejecutarlo. Además de incrementar la flexibilidad laboral en las empresas, barra libre para el empresario, con extensión de los contratos fijos discontinuos y la implantación fácil y sin control efectivo de los ERTE a costa del dinero público y para facilitar la entrada y salida de las y los trabajadores según los puros intereses pecuniarios del empresario. El anuncio de que se había terminado con la temporalidad no fue tal.

Más allá de la subida del salario mínimo, que ha ido perdiendo fuelle según iban creciendo el IPC, no ha habido una solo medida laboral de fondo que cambiara significativamente la vida de los trabajadores y trabajadoras. En cambio, se han destinado ingentes recursos en ayudas financieras, préstamos prácticamente a coste cero, subvenciones a fondo perdido para sectores estratégicos, bonificaciones a la seguridad social y a la fiscalidad impositiva y por últimos, el bazooka de los fondos Next Generation. Todo eso ha ido dirigido a las cuentas de resultados empresariales, sobre todo de las grandes firmas del IBEX 35.

Retomar y extender la lucha de los trabajadores que revierta los ataques a los derechos laborales y avance sobre los privilegios empresariales

Este tema que ha saltado de nuevo a la prensa económica nos ha recordado las situaciones de sobreexplotación que tienen que soportar incluso sectores de la clase trabajadora de relativa elevada cualificación, sectores en su mayoría muy jóvenes, algo que hoy por hoy facilita su precariedad y los abusos detectados. No digamos la situación laboral de otros sectores más precarios (comercio, transporte, hostelería) que dieron la cara durante la pandemia y que tuvieron un reconocimiento hipócrita por parte del Gobierno, pero que una vez pasados esos momentos continúan en situaciones de penuria y miseria, con salarios muy golpeados por la inflación y con condiciones laborales lamentables.

Fueron las huelgas en algunas empresas del comercio las que marcaron y señalaron el camino y el ejemplo a seguir logrando importantes triunfos con subidas salariales muy significativas, como en las diferentes empresas de Inditex. Pero las burocracias sindicales se negaron a tomar esos ejemplos para seguir ese camino, al revés, se dedicaron a aislar cada conflicto.

Se hace imprescindible retomar las luchas por subidas salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación y por la mejora de las condiciones de trabajo, desbordando los límites establecidos por las cúpulas burocráticas de CCOO y UGT. Estas burocracias han firmado con la patronal el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un acuerdo ridículo que no sirve ni para recuperar todo el poder adquisitivo perdido durante la crisis energética, no digamos con lo perdido durante la crisis financiera de 2008.

En un momento en que toda la agenda política gira alrededor de la posibilidad o no de un nuevo gobierno “progresista” y las negociaciones sobre la investidura, estas reivindicaciones salariales y sociales hay que vincularlas a la lucha por la amnistía de todos los procesados y represaliadxs. Para los activistas del movimiento democrático catalán, pero también para todos los trabajadores represaliados por hacer huelga, como los trabajadores de Cadiz, y muchos otros. Esta es la mejor manera de prepararnos para las luchas que vendrán en el próximo período, en las cuales volverán a usar la represión, las leyes mordaza y las causas judiciales contra quienes salen a luchar.

Todos los sindicatos deberían tomar esta lucha en sus manos, uniendo así las luchas democráticas y las luchas laborales y sociales. Una perspectiva que merece la pena emprender si tomamos en cuenta que, gobierne quien gobierne, habrá que enfrentar futuros de recortes, más profundos en los servicios públicos esenciales y en las pensiones.