A los graves problemas de gestión ante la crisis de la pandemia se avizora un futuro de recesión económica. Los dólares del Plan Castello: un proyecto capitalista para unos pocos que condiciona el futuro de toda una generación en Río Negro.
Sábado 9 de mayo de 2020 23:14
La gestión de la crisis por la pandemia del coronavirus en la provincia fue la de un Gobierno sin poder de reacción, sin orientación y “pegado a Fernandez”, lo que no evitó el desarrollo de focos infecciosos en sectores tan imprescindibles como los hospitales y clínicas. Lo mostró esta semana el reclamo de trabajadores de salud en Villa Regina, antes el Sanatorio de Cipolletti, como así también la clínica de Bariloche y en Choele Choel, con la primer muerte de un enfermero del geriátrico.
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En el medio de esto, la Gobernadora Arabela Carreras decidió en abril emitir Letras del Tesoro para obtener financiamiento por unos 3800 millones de pesos. De este total, unos $3000 millones aproximadamente fueron a la cancelación de intereses de la deuda pública, quedando un indigno remanente que se invirtió en Salud. Prioridades son prioridades.
La última novedad de la semana fue la percepción de un nuevo aporte del Tesoro Nacional de 228 millones de pesos, menos de la mitad que los $ 499 millones que había recibido en abril. Carreras, esta vez también decidió hacer coparticipable a los municipios de este monto, para que los intendentes tengan algo de cash con las cuentas de recaudación a la baja.
El gobierno provincial tiene un límite para intentar cualquier reactivación: la deuda pública. El famoso Plan Castello implicó un endeudamiento sideral: en 4 años creció más del 500% la deuda. Hoy supera los 33 mil millones de pesos. Pero eso no es todo; la deuda antes era con el Gobierno Nacional, hoy el 70% es deuda contraída con acreedores extranjeros, o sea que se contabiliza en pesos pero debe pagarse en dólares, y bajo legislación extranjera, según la residencia del tenedor del bono. Una entrega lisa y llana de la soberanía provincial. Algo de lo que no podría haberse desarrollado sin el apoyo cómplice de un sector del PJ, ahora FDT rionegrino.
¿Dónde fue la plata del Castello? A distinto tipo de obras, a negocios de unos pocos seguro. Una gran parte de las principales obras fueron al PITBA, Parque Industrial en Bariloche: 236 millones de pesos se facilitaron para que distintas fábricas compren terrenos a bajo precio, con todos los servicios incluidos, y garantía de exenciones impositivas provinciales y municipales. Para colmo, lo que se vende como una de las obras de mayor generación de empleo futuro, de las últimas empresas que se radicarían en el Parque figuran la empresa Tienda de Mascotas y un estudio contable, sin palabras.
El Plan Castello contempla otras obras de “utilidad pública”, que en realidad son negocios para la Fruticultura. Se definió invertir 200 millones de pesos en riego para 1800 hectáreas en la zona aledaña a Vaca Muerta, 60 millones de pesos para pavimentar el camino que en Río Colorado circula la mayor parte de la fruta producida y procesada por las empresas productoras de esa región. Todo un plan “racional” con plata de estado, para otro de los sectores que incluso con la pandemia tuvo record en exportación, más de 60 millones de dólares en lo que va del año según datos de la Terminal Portuaria Patagonia Norte.
En 2019 Río Negro debió pagar unos 6800 millones de pesos de deuda. En 2020 debe responder por unos 8300, y deberá desembolsar casi 13 mil millones de pesos en 2023.
La deuda generada por el Plan Castello es impagable y los beneficiados son la pequeña “patria contratista”, los sectores gordos del negocio frutícola y nuevos sectores que vienen haciendo negocios como el INVAP, una Sociedad del Estado de la que la provincia no puede reconvertir la producción en plena pandemia, ni deducir una parte de sus ganancias para paliar la crisis sanitaria y social. Para terminar con esta sangría, hay que empezar por democratizar las decisiones del uso y destino de los recursos provinciales y cuales son las obras publicas prioritarias.
Y también es indispensables para invertir las prioridades, dar vuelta de cabeza esta matriz que facilita la extranjerización y la precarización de la economía. El impuesto a las altas fortunas por la emergencia sanitaria y social frente a la pandemia al pequeño grupo de terratenientes como Lewis, a los empresarios de la fruta como la familia Sanchez, a las mineras y petroleras que saquean los recursos, se vuelve fundamental para que la crisis no la pague la clase trabajadora y el pueblo arruinado. Un proyecto integral de este tipo presentó Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, con la negación “en bloque” de Cambiemos y el Peronismo del Frente de Todos. Pero se trata de ellos o nosotros. No hay más vueltas.
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