Cuatro docentes que desempeñan sus tareas en el área de nivel inicial de la cuenca carbonífera de Río Turbio fueron separados de sus cargos en los establecimientos donde trabajan. Ellos denuncian que es un castigo arbitrario por parte del Consejo Provincial de Educación y los directivos escolares.
Lunes 26 de agosto de 2019 01:38
Lito Paredes es docente de música, Laura Arruabarrena, Claudia Guenten y Alfredo Abilgard son docentes de educación física que trabajan en jardines escolares. Desde hace un año y medio mantenían un reclamo con el Concejo Provincial de Educación en el cual afirman que de acuerdo a los reglamentos no pueden trabajar más de 15 horas y pueden acomodar la carga horaria de acuerdo a sus necesidades laborales semanales en no más de 4 días. Sin embargo el CPE y los directores de los jardines escolares pretendían que trabajen 5 días a la semana sin que hubiera un acuerdo que permita dicha imposición. Hay que agregar que impide un seguimiento adecuado de los alumnos de jardín.
Los docentes se opusieron por considerarlo un capricho que no esta especificado en el convenio laboral y además perjudicaba la posibilidad de trabajar en otras escuelas y vivir dignamente. La novedad fue que de manera arbitraria fueron separados de sus cargos en los jardines escolares con el inicio de sumarios a cada uno que puede asentar un precedente para el resto de los docentes de otros establecimientos de la provincia.
La separación de los 4 docentes ocurrió el viernes 23 de agosto y AdosacC 28 de Noviembre denunció públicamente el accionar del CPE como una persecución laboral de sus afiliados que se niegan a aceptar imposiciones que afectan las tareas laborales de los trabajadores. Y en especial el inicio de sumarios fue rechazado porque los docentes no incurrieron en ninguna indisciplina laboral grave.
Por otro lado la separación de sus cargos atenta con la calidad educativa ya que los cuatro docentes son considerados por sus compañeros como excelentes profesionales en sus tareas de educar a los alumnos.
Luego de difundirse lo ocurrido se empezó a denunciar en las redes sociales recibiendo un importante apoyo del resto de la comunidad de la cuenca carbonífera. Mientras tanto el sindicato docente de 28 de Noviembre aclaró que van a iniciar acciones legales contra el CPE porque consideran que es un atropello a los trabajadores de la educación. Además comenzarán a difundir todo lo que está ocurriendo al resto de la comunidad para conseguir todo el respaldo necesario de la cuenca.
La preocupación es tal, que al ser separados de sus cargos agudiza más su situación laboral que ya viene golpeada desde hace años con miserables aumentos salariales, con el cierre de cursos en varios establecimientos educativos, la falta de inversión edilicias y un pacto fiscal entre el gobierno nacional de Mauricio Macri (2017) y el gobierno provincial de Alicia Kirchner implicó que la mayoría de los trabajadores de la administración pública estén por debajo de la canasta básica ( valorada en 47 mil pesos). Tal ajuste significó un ahorro de gastos que obtuvo un déficit cero, pero con mayores penurias para los trabajadores de Santa Cruz.
