Una nueva ofensa para el pueblo guatemalteco: el asesino Ríos Montt fue declarado incompetente para afrontar un nuevo juicio por la matanza de alrededor de 1770 indígenas llevada a cabo durante su gobierno, entre 1982 y 1983.
Jueves 9 de julio de 2015
Fue el Instituto Nacional de Ciencias Forenses la institución que dio el veredicto. La defensa de Ríos Montt la presentó ante el tribunal que en una audiencia del día 23 de julio decidirá si sigue adelante con el caso.
En mayo de 2013, el ex dictador había sido condenado a 80 años de prisión por la masacre, violación y tortura de miles de indígenas, acciones llevadas adelante por militares bajo su mando.
La Corte Constitucional de Guatemala la anuló ese mismo mes, a instancias del pedido de un grupo de empresarios organizados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF). Representan al sector financiero, comercial y agrícola del país. El fundamento de ese pedido fue “evitar que la polarización afecte el proceso de paz”.
Este hecho pone de relieve una vez más la asociación entre los empresarios y las dictaduras militares latinoamericanas.
Efraín Ríos Montt dio un golpe de Estado en 1982 y dirigió la junta militar que gobernó el país centroamericano entre 1982 y 1983, en el marco del desarrollo de la guerra civil (1960-1996), que finalizó con el terrible saldo de un millón de refugiados, 45,000 desaparecidos y más de 200,000 muertos. Este es considerado uno de los genocidios más grandes que haya ocurrido en América Latina.
Megaproyectos detrás del genocidio Ixil
En el territorio de la etnia maya Ixil, en particular en los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y Chajul –departamento de Quiché- operaban las fincas San Francisco y La Perla. Los empresarios y el gobierno buscaban desarrollar los proyectos hidroelétricos Xacbal, Palo Viejo y Xalalá. Los militares llevaron a cabo los planes de Victoria 82 y Firmeza 83.
Según el expediente de la sentencia contra Ríos Montt, que fue anulada, citada por Desinformemonos.org “la población civil del grupo Ixil, residente en las aldeas y caseríos de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, fueron objeto de asesinatos en forma masiva, constitutivos de masacres, tortura, degradación, violaciones sexuales masivas, desplazamiento forzoso, traslado de niños de un grupo a otro”.
Y los militares que perpetraron este genocidio fueron entrenados en la Escuela de las Américas, organizada por el imperialismo estadounidense, para desplegar una política represiva en toda América: persecución y exterminio de movimientos sociales y organizaciones sindicales.
De acuerdo con el artículo “Redes, poder y violencia”, de Harald Waxenecker, el objetivo del genocidio fue lograr la apropiación de las tierras de esta etnia maya para desarrollar las hidroeléctricas. Existe en la región una compleja red de poder donde están involucrados el gobierno, el ejército, la iglesia evangélica, trasnacionales como Ente Nazionale per l ́Energia Elettrica (ENEL) y empresarios locales.
El cuestionado presidente Otto Pérez Molina por los escándalos de corrupción en el ente que recauda impuestos y en el instituto del seguro social también fue parte de los operadores militares en el área Ixil, según el citado artículo de Waxenecker.
Así, la impunidad del genocida Ríos Montt pone de relieve el verdadero carácter de las “democracias neoliberales”: sumir en el olvido las masacres perpetradas en nuestro continente contra los sectores que se opusieron a la expoliación en beneficio de los capitales internacionales.
Y los actuales gobiernos, como el de Pérez Molina, con el despliegue de la militarización como recurso “para combatir al crimen organizado” reactualizan las condiciones para que las trasnacionales arrasen con lo que queda: tanto la salud pública como recursos energéticos.
El gobierno, el imperialismo, las trasnacionales y el crimen organizado, coludidos entre sí, mantienen sumida en la miseria a Centroamérica. Provocan el desplazamiento de decenas de miles de hombres, mujeres y niños que huyen hacia el norte del continente para salvar sus vidas. Son los migrantes quienes sufren de criminalización por parte de los gobiernos mexicano y el estadounidense, que encierran en centros de detención o que arrojan a las garras del crimen organizado.
Todos los indignados que tomaron las calles para exigir la renuncia de Pérez Molina en Guatemala, la de Juan Orlando Hernández en Honduras, el magisterio mexicano que ha tomado las calles contra la reforma educativa y por la aparición de los normalistas de Ayotzinapa, los migrantes de todas las nacionalidades que luchan por acceder a la ciudadanía en EEUU, los afroamericanos que enfrentan la brutalidad policiaca, tienen un gran desafío: aliarse más allá de las fronteras para luchar contra la impunidad del genocida Ríos Montt y la militarización de la región.
