El lunes 22 de junio, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) denunció el allanamiento y robo de sus instalaciones. Aunque se desconoce aún el móvil del crimen, diversas organizaciones se han pronunciado para señalar una clara ofensiva en contra del periodismo y de la defensoría de los derechos humanos.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Viernes 26 de junio de 2015
Si bien la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenó los hechos por medio de un comunicado publicado el 24 de junio e hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública del GDF para que implementaran medias precautorias, el llamado por sí mismo es incapaz de garantizar la no repetición y mucho más lejos está de garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos y de comunicadores en el país.
En meses anteriores, la periodista Carmen Aristegui y parte de su equipo de trabajo enfrentaron la relación que tienen los grandes medios de comunicación y quienes ostentan el poder en México. El Estado es incapaz de garantizar libertades democráticas elementales como la libre expresión pues contradice los intereses de las clases dominantes, que para preservarse requieren del ataque a aquellas.
¿Al servicio de quién está entonces la información y los medios en el país? La fabricación de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial en 2012, el silencio cómplice que guardan los medios ante masacres como la de Tlatlaya, Apatzingán o el ataque recientemente sufrido por jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana pueden ir adelantándonos la respuesta.
México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En sus números carga con decenas de comunicadores muertos o desaparecidos, además de las altas cifras de defensores de derechos humanos hostigados y perseguidos.
Apenas hace algunas semanas se daba a conocer la noticia de que el gobierno de Veracruz (el estado del país en donde más que en ningún otro se asesina a periodistas) implementaba planes de seguridad que contemplan el espionaje de activistas, líderes sociales, campesinos, funcionarios públicos, militantes de partidos políticos opositores, estudiantes, periodistas y defensores de DH.
Esto es una pequeña muestra de cómo la represión se orquesta y legitima por medio de artículos como el 362, los proyectos de ley de movilidad, protocolos “de seguridad” (en escala local) y a nivel nacional, con planes como la “guerra contra narcotráfico” o el mismo plan de seguridad “Elecciones 2015”, puesto en marcha para intentar contener el enorme rechazo de diversos sectores a la realización de las elecciones del pasado 7 de junio, que dejó como resultado un estudiante muerto y decenas de presos.
El saldo de estas políticas es de más de 200 mil muertos y más de 26 mil desaparecidos ¿contra quién es la guerra entonces? Las medidas implementadas para tratar de hacer frente al crimen organizado están muy lejos de resultar efectivas.
La militarización del país, la creación de la gendarmería nacional y la constante injerencia de Washington en asuntos de la agenda nacional están íntimamente ligadas. Cada reforma estructural aplicada, cada medida tomada en materia de seguridad, ha significado un grado más en la subordinación de México a la Casa Blanca.
Este régimen está mostrando cada vez más su verdadera cara, la misma del viejo PRI y a sus métodos probados durante la Guerra Sucia: represión, asesinatos y desapariciones para quienes se atrevan a protestar. Censura e intimidación para quienes difundan y hagan de estos hechos una noticia.
La democratización de los medios de comunicación ha demostrado ser más que una consigna, es una lucha que se libra diariamente en la incesante pelea contra este régimen político asesino y represor.
