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Red Internacional
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Robo en sede de Comisión de DDHH: sustrajeron información de manifestantes víctmas de violaciones a los DDHH

La noche del sábado ocurrió el suceso. El presidente de la entidad asegura que no fue un robo común: "lo que sustrajeron fue información sensible en materia de derechos humanos". Contenían los relatos de aquellos casos ocurridos desde el 18 de octubre, a objeto de interponer acciones penales.

Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.

Domingo 15 de diciembre de 2019

En la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, calle Santa Lucía en el centro de Santiago; ocurrió la sustracción de cinco computadoras con información y denuncias de violaciones a los derechos humanos perpretadas por el Estado (Carabineros y Fuerzas Armadas) a la población manifestantes desde el 18 de octubre en que empezó la revuelta social.

El hecho, que sucedió la noche de ayer sábado, fue calificado por el presidente de la institución Carlos Margotta como un robo no común: "hemos constatado que, en realidad, esto no es un delito común, no es un robo común y corriente, sino que simplemente lo que sustrajeron fue información sensible en materia de derechos humanos"

Específicamente, "se sustrajeron testimonios de víctimas de violación de derechos humanos ocurridas en los últimos días, a partir del 18 de octubre, respecto a los cuales nosotros hemos tomado el patrocinio de muchas de las víctimas, a objeto de interponer las acciones penales correspondientes", agregó Margotta.

Calificando este hecho de un amedrentamiento, el presidente de la institución asegura que "afortunadamente tenemos respaldo (de la información)" .

Pero no solamente ocurre que se busca bloquear los cursos judiciales para quienes son responsables materiales de las atrocidades de estas jornadas de rebelión. También se sustrae información de miles de manifestantes en un contexto en que hay una ofensiva del Estado de criminalizar la protesta y hasta la libre expresión.

Ejemlpo de esto son los al rededor de 2000 luchadores y luchadoras en prisión preventiva o el caso del dirigente del PTR Dauno Tótoro a quien la Corte Suprema aprobó la investigación por "incitación a la subversión y al derrocamiento" al expresar lo que millones sentimos que es que este gobierno debe terminarse para poder avanzar en las tareas democráticas como un Asamblea Constituynte realmente libre y soberana, por medio de un Huelga General; eso es lo que Tótoro manifestó y por lo que actualmente busca ser procesado.

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Levantemos una gran campaña contra la criminalización de la lucha, la protesta, la organización y el derecho mínimo a expresarnos políticamente.

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