“La cita”. Rodolfo Ortega Peña por Agustín Comas

“Creo que tampoco deben abandonarse los planes legales para enfrentar al enemigo, se debe denunciar, querellar, cuando se encuentra alguna punta, descubrir a los responsables, hay que llevar adelante los procesos para que todo el país tome conciencia de dónde parte la ofensiva y que comienzan a surgir nucleamientos defensivos que pueden dar una respuesta a este tipo de políticos” (Rodolfo Ortega Peña a “Avanzada Socialista”, Nº 108 – Junio de 1974).

Elegí esta cita de Rodolfo Ortega Peña especialmente por el contexto político en el que fueron dadas y porque serían unas de sus últimas declaraciones. Dos meses después caería asesinado por la Triple A, en pleno centro de Buenos Aires, la noche del 31 julio de 1974.

Sin desconocer las críticas necesarias a la estrategia política con la que se identificó en las filas del peronismo de izquierda, es claro que su figura sobresale entre muchas otras. Junio de 1974, por entonces diputado nacional del Bloque de Base del Peronismo Revolucionario, Ortega Peña había acudido al acto organizado por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) por la llamada masacre de Pacheco, cuando un comando de la Triple A asesinó a tres militantes de ese partido: Mario Zidda, Antonio Moses y Oscar Meza. En ese acto, desde las alturas del balcón del local, en la calle 24 de noviembre de Capital, señaló a quien consideraba responsable: “el responsable directo de esta política, que ha abandonado las pautas programáticas, que ha dejado de ser peronista y que es el general Perón”, una declaración que algunos afirman fue su sentencia de muerte.

El llamado a no abandonar el frente legal era solo una parte de una política más general que proponía Ortega Peña para enfrentar el Pacto Social y a las bandas fascistas paraestatales que ya atacaban desbocadamente. “El pelado”, como lo llamaban sus compañeros, reclamaba la “necesidad de coordinar todos los sectores que se den una política antiburocrática, anticapitalista, y que tratan de enfrentar al Pacto Social”, a la vez que proponía la autodefensa desde las fábricas y los sectores populares ante los ataques fascistas.

Abogado de profesión, había conseguido el reconocimiento por su defensa de los presos políticos, organizaciones sindicales y trabajadores. Fue en estas defensas donde desplegó todo tipo de estrategias legales y desde donde entendió también que podía aportar a la militancia política.

Primero, con su socio Eduardo Luis Duhalde, asumió la defensa de Ignacio Vélez en el juicio por el secuestro de Aramburu. Desde ese momento discutirán las estrategias de defensa a desplegar, como las que el abogado francés Jacques Vergès había conceptualizado “Juicio de ruptura” o “Juicio de connivencia”. En el primer caso se ponía en primer plano denunciar políticamente al sistema, sus contradicciones y aberraciones y en el segundo, se buscaba la absolución con las herramientas legales a mano. El reconocimiento ganado en ese juicio los llevó luego a ser parte de la defensa de los presos políticos del ERP por el secuestro del Gerente de FIAT en Argentina, Oberdan Sallustro, el que para Ortega Peña debía convertirse en “un juicio contra las transnacionales, un juicio que cambiara el eje”.

Defendieron a casi todo el arco político de presos de las organizaciones de la época. Y también intervinieron ante la fuga del penal en donde se encontraban algunos de los presos políticos que habían defendido y que luego serían fusilados en la masacre de Trelew en agosto de 1972. Duhalde viaja a Chile para entrevistarse con Salvador Allende, mientras que Ortega Peña se queda en Buenos Aires para realizar una conferencia de prensa en la que comenzó a denunciar la masacre.

La opinión pública no era un tema más para el abogado. Las estrategias de defensa no podían agotarse en un escrito judicial o en un alegato oral ante los jueces. Es en el tema de la agitación de los medios que Felipe Celesia, coautor junto a Pablo Waisberg de La Ley y las Armas, una de sus biografías más completas, entiende que Ortega Peña era un adelantado, al considerar que a los hábeas corpus primero había que repartirlos en las redacciones y solo después en los juzgados.

Ortega Peña también tuvo el mérito de conformar e impulsar la “Gremial de Abogados” junto a Mario Hernández y Roberto Sinigaglia, llegando a agrupar a casi ochenta abogados provenientes de distintas vertientes ideológicas, que se dedicarían centralmente a la defensa de los distintos presos políticos a través de un “sistema de turnos”.

La “Gremial” se convertiría en una pieza importante para la militancia política de principios de los ’70. El avance represivo de parte del Estado, las diarias detenciones a militantes y los distintos atentados que iban sufriendo los abogados defensores de trabajadores y presos políticos, hicieron surgir esta experiencia inédita hasta ese momento.

No era una cosa sencilla enfrentar el régimen judicial represivo de esa época. En el año 1971 la dictadura de Agustín Lanusse había creado la Cámara Federal, conocida como “El Camarón” o “cámara del terror”, con una jurisdicción especial para juzgar las actividades consideradas subversivas de militantes políticos, sindicales, estudiantiles y organizaciones guerrilleras. Había que plantarse frente a los mismos jueces que, por ejemplo, rechazaron los habeas corpus por los presos políticos de la fuga del Penal de Rawson y que luego fueron fusilados. Ortega Peña y el resto de los abogados y abogadas que los enfrentaron tenían una especial valentía.

Además de su militancia en el peronismo de izquierda, Ortega Peña fue historiador alineado en la corriente del revisionismo, llegando a publicar tres libros; tecleó incansablemente para la revista “Militancia Peronista” y creó la Editorial Sudestada. El reloj parecía correr a otro tiempo para Ortega Peña.

El pelado Ortega Peña fue brutalmente asesinado en la noche del 31 de julio de 1974 por la Triple A en pleno centro porteño. A su velorio en la Federación Gráfica Bonaerense fueron miles de personas. Una bandera con la leyenda: “la sangre derramada no será negociada” decoraba el segundo piso del sindicato, la misma frase con la que juró cuando asumió como diputado. La caravana de autos y personas que marchó con rumbo a Chacarita fue brutalmente reprimida por la policía. Más de 300 militantes fueron detenidos ese día.

Quienes integramos el CeProDH nos sentimos herederos de las y los abogados que han puesto su conocimiento y su militancia cotidiana junto a las causas populares, con las y los trabajadores ocupados y desocupados, luchadores perseguidos por el poder judicial, familiares de víctimas de gatillo fácil y querellantes en causas de lesa humanidad.

A cuenta de este nuevo aniversario, volver sobre la figura de Ortega Peña nos recuerda la importancia de que la clase trabajadora y los sectores populares cuenten con profesionales que pongan sus conocimientos al servicio de las luchas obreras, contra la represión y la impunidad. Enfrentar desde lo legal y en las calles el ajuste y el régimen represivo con el que el actual gobierno intenta disciplinar a los sectores populares para mantener el país alineado a los intereses de las grandes multinacionales y el FMI.

Acerca del autor

Agustín Comas es abogado, integrante del CeProDH (Centro de Profesionales de los Derechos Humanos). Junto a Myriam Bregman y otros abogados y abogadas del organismo, participó en la defensa de trabajadores y estudiantes procesados por luchar, en la defensa de los trabajadores de Donnelley (hoy Madygraf), Lear, de los trabajadores tercerizados del ferrocarril, entre otras luchas obreras de las últimas décadas.

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