Corrupción. Rosario Robles, Videgaray y la simulación del combate a la corrupción

La extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, se encuentra rindiendo su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso conocido como “la estafa maestra”, con un desvío de 7 mil millones de pesos para financiar las campañas electorales que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó en 2018. En ésta acusa al ex titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, de haber orquestado algunos de los grandes actos de corrupción del gobierno pasado, además de señalarlo como el único responsable de los hechos.

Y es que los desvíos, según estas informaciones, se utilizaron para financiar la campaña presidencial de 2012, que sirvieron para poner a Enrique Peña Nieto en la presidencia de México, y la de 2018 del PRI, que lanzó a José Antonio Meade como candidato presidencial de ese mismo partido; además de financiar las campañas intermedias de 2015 y para elegir al gobernador del Estado de México en el 2017.

El abogado de Robles, Sergio Arturo Ramírez, declaró a nombre de su clienta que estos hechos no involucran al ex secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, además de que Rosario Robles estaría dispuesta a declarar, incluso, contra empresarios.

Por su parte, Luis Videgaray negó las acusaciones de Robles a través de su cuenta de Twitter, donde escribió que “la desesperación de Rosario Robles por recuperar su libertad no justifica que diga mentiras”, pues indicó que, si bien eran compañeros de gabinete en el gobierno de Peña Nieto, él no era su superior jerárquico. Todo esto nos deja preguntas muy intrigantes: ¿De verdad Luis Videgaray podría ser presuntamente el único responsable de semejantes actos de corrupción? ¿Es posible que una sola persona pueda hacer esto sin ayuda o sin respaldo de sus jefes o alguna institución?

Nos preguntamos eso porque partimos de una premisa fundamental, estos desfalcos sólo son posibles mediante la estructura política del Estado, imposible que puedan ser producto de una sola persona por la cantidad de recursos de todo tipo que necesitan ser movilizados para completar una operación de este tamaño. La corrupción misma es inherente al sistema capitalista, su Estado y sus instituciones, funcionarios, empresarios y políticos, los cuales construyen una red de complicidad para exprimir las finanzas públicas y al pueblo pobre y trabajador.

Lo que la estafa maestra dejó

La estafa maestra dejó un terrible legado, pues los recursos que podrían haberse usado para el bienestar social, por ejemplo mejoras al sistema de salud -algo que sería muy necesario en estos tiempos de pandemia del Covid-19-, terminó en campañas electorales para que se mantuviera la oligarquía de siempre en el poder; de hecho, la falta de ese dinero deterioró, aún más, la precaria condición de la clase trabajadora. Hace un momento mencionábamos el ejemplo del sistema de salud, pero hay que señalar, en los hechos, en donde causó severas afectaciones.

Resulta que los recursos desfalcados en la estafa maestra se movieron a través de ocho universidades, hoy once universidades se encuentran en quiebra y algunas de ellas estuvieron involucradas en la propia estafa, lo que significa que no le pueden pagar a sus trabajadores y están en peligro sus conquistas laborales. Como es notorio, esto no hubiera sido posible sin la complicidad de funcionarios estatales, universitarios y burocracias académicas, a quienes aún no se les han fincado responsabilidades.

Esto se da en el marco de ataques que el neoliberalismo llevó adelante a nivel internacional en contra de la educación pública y, en especial, contra la educación pública de nivel superior y media superior durante 30 años, encaminándola hacia su privatización; política que la 4T no ha modificado y, por el contrario, ha continuado y hasta profundizado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha declarado, abiertamente, que no las rescatará a pesar de la necesidad que tienen los miles que ahí laboran de no perder sus derechos, así como la de de sus estudiantes para continuar con su formación profesional.

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Límites de esta política

La reflexión anterior nos lleva a otra pregunta: si el juicio a Rosario Robles no es para resarcir el daño causado al erario público ni para devolver a los trabajadores sus derechos, entonces ¿para qué se lleva adelante este proceso? Todo indica que es un golpe selectivo contra los opositores del Morena dentro del propio régimen. El ataque va dirigido a un poderoso sector de la casta política y empresarial, que constantemente intenta poner frenos al proyecto del presidente, además de que permite mostrarse mediáticamente como la administración que combate la corrupción.

A inicios de su sexenio, López Obrador abogó por una política de reconciliación, donde la “unidad nacional” estuvo en el centro del discurso, especialmente cuando Trump anunció el aumento a los aranceles, además de desenvainar la cantaleta de “paz y amor”. El problema fue que, en las conferencias mañaneras, hablaba de los corruptos del sexenio anterior, pero jamás había tocado a ninguno de ellos.

La ofensiva parece cerrarse sobre el círculo cercano al ex presidente Enrique Peña Nieto, ya que la detención de Robles fue precedida por el arresto del famoso abogado Juan Collado y de Emilio Lozoya (quien también señaló a Videgaray por corrupción), pero con muchos límites, ya que la medida no es en sí atacar a los corruptos sino dar una señal estratégica de fuerza a sus adversarios de otros partidos políticos y empresarios de que no interfieran en sus planes. Es decir, a la política actual del Morena no conviene llevar a la cárcel ni a Peña Nieto, ni a Videgaray, más bien va dirigida a disciplinarlos, junto con otros sectores, al poder presidencial. Queda pendendiente ver cómo actuará el gobierno en el caso del general Salvador Cienfuegos, que por el momento se encuentra libre.

Ahora, este disciplinamiento no queda sólo por fuera de su partido, también es una medida para que el propio Morena sepa quién manda y quién es su máximo dirigente, con el fin de tener una posición fuerte rumbo a las elecciones de 2021 que ya están muy cerca de comenzar. Ha sido, desde su inicio, una medida para fortalecer los flancos débiles de este gobierno y para mantener débil a la oposición de derecha, pero cuyo objetivo no es ni de cerca una verdadera lucha contra la corrupción ni una transformación de las instituciones.

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