Durante la gestión de la perredista Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano se desviaron mil 311 millones de pesos a través de pagos a empresas fantasmas, así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación. La funcionaria inmediatamente negó el asunto.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 20 de febrero de 2018
Según tres auditorías forenses realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a recursos ejercidos en 2014 y 2015, parte de ese dinero fue transferido a Monex y a CI Banco, de donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países como China, Bélgica, Ecuador, Israel, EE. UU., y otros más.
En la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la gestión de Robles fue del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y en Sedatu del 27 de agosto a la fecha. El desvío, en el caso de Sedesol, se hizo mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyo convenio y contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015.
Mientras, el convenio y contratos realizados por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social fueron firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
Por otra parte, la ASF señaló en sus informes que el mecanismo para desviar los recursos consistió en que la Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con estas entidades con la intención de eludir los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para las contrataciones públicas.
Los institutos subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasma, a las que en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias. Al ser dada a conocer esta información por Reforma Robles Berlanga envió un tuitazo confrontando a la empresa periodística:
Propongo al periódico @Reforma que mañana a las doce horas nos demos cita en la PGR para que lleven los documentos que acrediten una relación mía con las empresas mencionadas y transferencias de recursos de las mismas a mi nombre. Están obligados a probar su acusación.
— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) 20 de febrero de 2018
Rosario Robles ha señalado que para prevenir este tipo de situaciones, solicitó a la secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública que investigara sus cuentas bancarias, así como su evolución patrimonial. Además según sus propias declaraciones, recientemente autorizó para que se haga pública su situación financiera sin acudir al secreto bancario.
La defensa de Robles apunta también a otros personajes, ya que en un tuit indica “La prueba más contundente de la falsedad de su acusación es la publicación de 2001 a la que alude. Con toda la saña del gob. de López Obrador se investigó hasta por debajo de las piedras y no se encontró ninguna irregularidad. Se demostró que esa información también era falsa”.
Sin embargo, el nuevo escándalo se enmarca en los numerosos casos de corrupción e impunidad que protagonizaron altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto, quienes, mientras roban millones del erario público, han gobernado en beneficio de empresarios y trasnacionales.
Las auditorías, identificadas con las claves D17002, D17011 y D17012, fueron concluidas el 19 de enero pasado y su realización fue autorizada por el Auditor Superior de la Federación en marzo, julio y agosto del año pasado, tras recibir denuncias sobre estos ilícitos, por lo que su revisión se hizo con el carácter de forense, es decir, enfocada a la detección del fraude financiero, cuyos resultados deben ser puestos a consideración de las autoridades judiciales, instancias donde suele empantanarse la persecución del delito, como hemos visto en los casos de los gobernadores corruptos, los César y Javier Duarte, los Borge, etc. .
