Sancionada en 2006. Rosca judicial: la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura

Por unanimidad y con una disidencia parcial de Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal de justicia invalidó la reforma que promovió Cristina Kirchner en 2006 y redujo la cantidad de miembros del organismo que interviene en la selección y remoción de los jueces. Hace poco más de una semana, el oficialismo había presentado un proyecto en el Congreso que buscaba evitar el actual fallo de la Corte.

La ley declarada inconstitucional fue la 26080 sancionada en 2006, la cual redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura. La modificación había sido promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner con el fin de aumentar la influencia de su espacio político por sobre el de la oposición de derecha, aumentando la proporción de legisladores en el cuerpo. Luego el proyecto presentado recientemente por el Gobierno, reducía esa proporción, aumentando la de los jueces, abogados y académicos.

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Sin embargo esa modificación que intentaba dialogar con las aspiraciones de los sectores de la oposición de derecha y los jueces de la corte no logró frenar el fallo que declaró inconstitucional aquella ley de 2006. Ahora el Consejo sería integrado por la ley que regía hasta ese momento, la cual dispone que éste sea conformado por el presidente de la Corte (actualmente Horacio Rosati); 4 jueces; 8 legisladores; 4 abogados; 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 del mundo académico.

También ordenó al Congreso a que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo. A la vez, el Consejo de la Magistratura deberá adecuar su conformación a los términos establecidos en la ley anterior. Si transcurren 120 días y no se realizan los cambios exigidos por la Corte, sus actos serían declarados nulos.

En el marco de esa rosca entre el Gobierno y la Corte, el martes pasado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, mantuvo una reunión con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Allí habría señalado a los jueces el “retrasar fallos de enorme trascendencia” mientras resuelven “en tiempo récord fallos que solo son urgentes para la corporación judicial”. Pero no es más que parte de la disputa del Gobierno por la influencia en el poder judicial que no se propone poner en cuestión su fuerte carácter antidemocrático y de privilegios.

Según trascendidos, los jueces de la Corte sostuvieron que hay una “demostración concluyente” de que a lo largo de 16 años de vigencia “se ha quebrado la regla de no predominio” y surgieron “falencias que ponen seriamente en riesgo la independencia del Poder Judicial”. Y que “la noción de equilibro significa ausencia de predominio, de manera que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo el cuerpo”, entre otros argumentos en la misma sintonía.

Lorenzetti, que votó con una disidencia parcial, planteó que no puede ser restituida la ley 24.937 porque está derogada. Y aseguró que imponer la aplicación de la ley que fue derogada hace 16 años no solo afecta la seguridad jurídica, sino que además implica arrogarse facultades legislativas que la Corte no tiene.

Mirando más allá del fallo actual de la Corte y la reciente presentación del proyecto por parte del Gobierno, el Consejo de la Magistratura viene siendo históricamente un terreno de disputa entre el oficialismo y la oposición, un lugar de verdadera rosca para acomodar jueces afines a uno u otro sector y ante eventuales acusaciones a un lado u otro de la grieta.

Estas idas, vueltas y disputas por parte de los partidos mayoritarios alrededor del Consejo de la Magistratura en nada modifican el carácter profundamente corrupto del poder judicial, siempre ligado a los poderes de turno. Un poder ajeno a la influencia de la voluntad popular, que juzga y decide en función de preservar siempre los intereses de una minoría privilegiada en el actual sistema social.

Por eso es necesario que los jueces y fiscales sean electos por el voto popular, junto a la revocabilidad de sus cargos. También terminar con sus sueldos y jubilaciones de privilegio y que los juicios sean definidos por jurados, entre algunas medidas elementales que podrían avanzar en terminar con los privilegios de esta verdadera casta parasitaria.