Nacional. Rosenkrantz: el abogado de Clarín que fue artífice del 2x1

Carlos Fernando Rosenkrantz será el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de 1º de octubre de 2018. Fue designado a dedo para el cargo que hoy ocupa.

Sin embargo, el decreto de Mauricio Macri, donde nombraba a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rossatti para integrar la Corte, generó tanto repudio que sus nombramientos tuvieron que esperar a que el Senado aprobara el pliego. En junio de 2016 pasaron la prueba legislativa y en agosto de ese año juraron como ministros de la Corte.

Vale recordar que los designados por Macri recibieron el apoyo del entonces bloque mayoritario en el Senado: PJ-FpV. Sin los votos de este bloque los pliegos de los jueces no podrían haber sido aprobados. Carlos Rosenkrantz contó con 58 votos a favor: 26 PJ-FpV, UCR 8 y el PRO 6, por nombrar solo los principales. Hoy muchos de los partidarios del bloque PJ-FpV (en la actualidad dividido), expresan su rechazo a que Rosenkrantz ocupe la presidencia de la Corte.

Clarín y el 2x1

Carlos Rosenkrantz, antes de asumir su cargo en la Corte fue socio del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados. En su bufete atendía importantes clientes corporativos como el Grupo Clarín, YPF, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, Quilmes e IRSAE, entre otros.

“El 19 de agosto del 2016 el Dr. Carlos F. Rosenkrantz se desvinculó del Estudio y dejó de practicar la abogacía por haber sido designado Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. El breve texto corresponde al sitio del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, fundado en 1990 por el ministro la Corte y otros letrados.

Pero antes de renunciar, desde su bufet Rosenkrantz había logrado favorecer a varios de sus clientes corporativos.

Una investigación del periodista Ari Lijalad, publicada en el portal de noticias El Destape revela cómo fue la maniobra jurídica que utilizó el próximo presidente de Corte Suprema para beneficiar al Grupo Clarín. El estudio jurídico de Rosenkrantz creó una ONG falsa, la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC). “La maniobra de Rosenkrantz en favor del holding que comanda Héctor Magnetto fue la siguiente. Todo comenzó con la resolución 100/2010, que estableció la caducidad de la licencia de Fibertel, absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado. La medida se publicó en el Boletín Oficial el 20 de agosto de 2010, con la firma del entonces Secretario de Comunicación Carlos Salas”, dice Ari Lijalad en su artículo.

Además el periodista explica que esta ONG, ADC, presentó una medida cautelar contra la resolución 100/2010, alegando un supuesto derecho colectivo de usuarios de Fibertel. La causa tuvo la carátula “Asociación para la Defensa de la Competencia c/ Estado Nacional Secretaría de Comunicaciones s/ amparo”.

Tan impune fue la maniobra jurídica, que Rosenkrantz figuraba como presidente de ADC, y el domicilio de esta ONG era el mismo que el estudio de Rosenkrantz. ADC “sólo fue utilizada en dos ocasiones: en la de Fibertel y en un cuestionamiento a la fusión Telefónica-Telecom, también dentro de los intereses del Grupo Clarín” señala Lijalad.

Para que la estafa diseñada por el juez de la Corte tuviera éxito necesitó del apoyo de otros jueces. Los jueces Graciela Medida y Ricardo Recondo, que le otorgaron una medida cautelar que permitió a Fibertel seguir operando de forma irregular durante años "alegando un interés colectivo que no era más que una treta del actual cortesano Rosenkrantz”, dice el periodista y agrega que “la jueza Medina esta casada con Julio César Rivera, abogado histórico de Mauricio Macri. Por su parte, Recondo es uno de los principales operadores de las rencillas intestinas del mundillo judicial”.

Pero Mauricio Macri dio un pasó más allá. El 4 de marzo de 2016 revocó la resolución 100/2010 para liquidar el pleito y el 22 de abril le autorizó a Fibertel transferirle su licencia a Cablevisión.

Además Carlos Rosenkrantz suma a su prontuario un fallo que fue repudiado por las movilizaciones que se desarrollaron en todo el país. El miércoles 3 de mayo de 2017, una ajustada mayoría de tres jueces declaró aplicable la derogada ley 24.390 (conocida como 2X1). Además de Rosenkrantz, el otro cortesano propuesto por Macri, Horacio Rosatti, junto a Elena Highton de Nolasco, votaron a favor de este fallo, y en disidencia quedaron Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

El fallo reducía la condena a Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976. El genocida Luis Muiña, fue condenado por secuestros, torturas y desaparición contra trabajadores del Hospital Posadas. Allí donde funcionó un centro clandestino de detención, donde se torturó, asesinó y desapareció a trabajadoras y trabajadores del mismo hospital, y vecinos de la zona. Muiña era civil y formaba parte del autodenominado grupo “SWAT”, un comando interno del Hospital. Recorrían las instalaciones deteniendo y torturando a trabajadores y vecinos, muchos de los cuales siguen desaparecidos. Por esto fue condenado en 2011 a la pena de 13 años de prisión.

Juana Galarraga, periodista de La Izquierda Diario aportó otros datos sobre Rosenkrantz. "El rechazó que generó su nombramiento fueron también por sus posiciones vertidas en un artículo publicado en una revista en el año 2007, Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo). Allí abordó los fallos de los casos Simón y Mazzeo y relativizó los fundamentos para declarar la nulidad de la Ley de Obediencia Debida y de Punto Final sobre delitos de lesa humanidad. Según él, el derecho internacional de los derechos humanos carece del mismo “estatus valorativo” de “nuestro derecho”. Estos fallos, por tanto, se basaban en la importación apresurada de jurisprudencia extranjera. Según denunció el CELS, “estas posiciones teóricas se contraponen con la vigencia efectiva y el desarrollo progresivo de los derechos humanos””, dice Galarraga en su articulo.

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El futuro presidente de la Corte también sostuvo que "una protesta que incluya un corte (de calle, ruta, etc.) configura un delito". "En la Argentina, al menos del modo en que yo lo veo, piquetear una ruta o autopista es un delito", afirma en un artículo titulado La pobreza, la ley y la constitución.

El juez niega que este tipo de protesta esté protegido por la libertad de expresión. En otras declaraciones afirmó que “la pobreza no es relevante y no puede ser usada como una razón para explicar y justificar la violación de los derechos consecuencia de la regulación del derecho privado”.

Este magistrado que representó a estas corporaciones, que pretendió con un falló borrar la lucha contra la impunidad de los genocidas, que lleva cuatro décadas, hoy presidirá la Corte que mantendrá la misma mayoría que aplicó el beneficio del 2x1.

Nadie los votó y deciden sobre el destino de millones, y además buscan terminar con las luchas de organismos de derechos humanos, y el pueblo trabajador.

El PTS en el Frente de Izquierda propone la disolución de la Corte Suprema, una institución con poderes casi monárquicos que nadie vota, designada por el Presidente o por el aristocrático Senado que ha bloqueado las luchas contra nuestros derechos, como fue en la última votación contra el derecho al aborto. Solo existe para resguardar los intereses de la clase dominante.

Para acabar con los privilegios y poderes "supremos" de la Corte, proponemos que los jueces sean elegidos por el voto popular, revocables, que deben cobrar como un trabajador.

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