A 18 meses de la desaparición de los normalistas, en veinte días el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) está obligado a presentar el informe que contiene las conclusiones de las investigaciones realizadas durante 13 meses sobre la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014
Jueves 7 de abril de 2016
Imagen: @CENCOS
En las últimas semanas el gobierno federal en voz de la Procuraduría General de la República (PGR) y el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declararon por concluida la estancia del GIEI en México pues consideran que no muestran información distinta a la “verdad histórica” presentada por la PGR a principios de 2015.
Sin embargo la tarde del 6 de abril el GIEI dio una conferencia de prensa en la cual denuncia que la PGR rompió acuerdos al dar información a los medios de comunicación sobre el resultado del tercer estudio de fuego, relativo a los eventos suscitados en el basurero de Cocula el 26 de septiembre de 2014.
El grupo de expertos mandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refiere que el informe sólo abarca una parte de la investigación sobre las preguntas que deben responderse, mas no es la conclusión de todas las líneas de investigación en torno a los hechos ocurridos en Iguala.
Denuncian además que el gobierno federal muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad al no querer que se conozca la verdad sobre los normalistas.
Ayotzinapa: Fue el Estado
Tras casi dos años de cuestionamiento a la “verdad histórica” por parte de la sociedad, las autoridades siguen escudándose en la versión que refiere a un gran incendio en el basurero de Cocula, Guerrero.
Esta versión es el reflejo de la magnitud de hechos violentos que son consecuencia de las políticas implementadas desde el gobierno federal. Los 43 normalistas desaparecidos son parte del sector que se ha puesto a la cabeza de la lucha contra las reformas estructurales; la exigencia de su presentación con vida ha sido la bandera del descontento generalizado que se expresó en las movilizaciones que denuncian la responsabilidad del Estado en estos hechos, ya sea por acción u omisión de éste.
