Varias organizaciones han presentado una denuncia sobre los maltratos tras la protesta en el CIE de Aluche. Conversamos con Clara García de SOS Racismo Madrid.
Josefina L. Martínez @josefinamar14
Viernes 21 de octubre de 2016
Durante la noche del 18 al 19 de octubre una treintena de personas protestó desde la azotea del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche para exigir “libertad” y “dignidad” frente a condiciones de internamiento que son miserables, en el marco de una situación de detención que vulnera los derechos más elementales, ya que se los detiene por el solo hecho de no tener papeles.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y los derechos de los inmigrantes han presentado la mañana del viernes una denuncia ante el Juzgado de guardia, “en la que se pide la investigación de lo ocurrido y la asunción de las medidas cautelares pertinentes para evitar la expulsión del territorio nacional de las personas que han podido sufrir agresiones o los posibles testigos hasta que se esclarezcan los hechos”, dice un comunicado de SOS Racismo Madrid.
“Hemos presentado una denuncia esta mañana desde SOS racismo Madrid, con la Coordinadora de Barrios, con el apoyo de la Coordinadora para la prevención de la tortura, en la que pedimos una investigación de los hechos de los que hemos tenido conocimiento a través de las visitas que realizamos en el CIE de Aluche”, explica Clara García a Izquierda Diario.
“Cuando hemos realizado las visitas ayer hemos encontrado varios testimonios de personas que afirmaban haber sufrido malos tratos por parte de la policía después de haber bajo de la azotea del CIE, cuando estaban reivindicando por su dignidad y sus derechos”, agrega.
Clara García relata que los testimonios recogidos por las ONGs dan cuenta de malostratos físicos y psicológicos: “Lo que nos contaban las personas a las que hemos visitado es que habían llegado a un acuerdo con la policía de que no se iba a tomar represalias después de que bajasen de la azotea. Lo que nos cuentan es que cuando bajaron sí que hubo malos tratos, nos cuentan que hubo golpes, que a algunas personas las pusieron de rodillas durante largos períodos de tiempo mientras les gritaban y no les dejaban moverse. También nos cuentan que han estado en una situación de incomunicación durante todo el día siguiente: no pudieron recibir visitas de las ONGs que solemos ir allí, no pudieron recibir llamadas ni siquiera de sus familiares ni de sus abogados y abogadas y estuvieron en una situación de encierro y aislamiento en las celdas en las que estaban.”
Desde las organizaciones han exigido una investigación a fondos de los hechos, y que se tomen medidas para evitar que todo quede en la más completa impunidad: “Nuestra preocupación es que, por un lado, se investiguen estos hechos, y por otro lado que se paralice la deportación de estas personas damnificadas o que hayan podido ser testigos hasta que se esclarezcan todos estos hechos. Y que esta situación no quede en una impunidad como ya hemos visto en otras situaciones en los CIEs del Estado español”, segura Clara García.
Cárceles racistas, espacios de “no derecho”.
La protesta en el CIE de Alucha ha permitido visibilizar una situación de profundo racismo, vulneración de derechos y maltrato hacia las personas inmigrantes.
Dice Clara García que “los CIEs son espacios de no derecho”. “Las demandas que tenían eran tan básicas, cuando les escuchábamos, desde la azotea; eran ‘libertad’, ‘justicia’, ‘nos tratan como perros’, ‘queremos dignidad.”
Pero la situación de maltrato y denigración no es nueva, sino que es constante y se venía incrementando en las últimas semanas: “Esto viene después de unas semanas donde hemos visto, por lo que nos han contado, que no se atendía a personas que estaban enfermas y se llegó a deportar a una persona que estaba con fiebre. Nos contaban cómo durante la madrugada ponían música a todo nivel, o cómo durante las horas del rezo se escuchaban comentarios obscenos. Es decir, -asegura Clara García- se ha dado un maltrato, por lo que hemos podido conocer.”
La “oscuridad” de estos centros de internamiento, se puede comprobar en otro hecho llamativo: no es posible saber cuántas personas se encuentran actualmente en su interior.
“Esta es una información de la que no disponemos, porque no son datos que se faciliten y que se hagan públicos, solo se hacen públicos una vez al año con los informes de la defensora del pueblo o el ministerio del interior. Nosotras ahora no sabemos el número exacto de personas que puede haber en el CIE.”
Le preguntamos a Clara García qué pueden hacer todas las personas que se conmovieron con la imagen de esas personas pidiendo “libertad” y “dignidad” desde el CIE.
“Pues yo creo que lo primero es reconocer la valentía de estas personas para reclamar su dignidad, porque están haciendo eso, reclamar de forma pacífica su dignidad.
Y, por otro lado, que estos centros existen durante todo el año y tenemos que trabajar y movilizarnos socialmente para que se cierren, para no permitir que en nuestros barrios y ciudades se vulneren los derechos de nuestras vecinas y vecinos de esta manera.
Y la única alternativa que hay para el respeto de los derechos humanos es el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones.”
Josefina L. Martínez
Nació en Buenos Aires, vive en Madrid. Es historiadora (UNR). Autora de No somos esclavas (2021). Coautora de Patriarcado y capitalismo (Akal, 2019), autora de Revolucionarias (Lengua de Trapo, 2018), coautora de Cien años de historia obrera en Argentina (Ediciones IPS). Escribe en Izquierda Diario.es, CTXT y otros medios.