En el marco del conflicto en SQM, continúa el saqueo a los recursos. Por un lado, Ponce Lerou aumentando su poder gracias al Estado, y por otro lado, una disputa de intereses imperialistas acecha el negocio del litio. La expropiación y nacionalización de SQM sin indemnización a los capitalistas, es una tarea de primer orden para poner fin al saqueo ilegítimo y fraudulento del litio, acompañada de la gestión de los propios trabajadores, en conjunto con profesionales que estén al servicio del pueblo y sus necesidades, y con comunidades locales, para poner esos recursos al servicio de la población trabajadora.
Sábado 16 de junio de 2018
Acuerdo SQM-CORFO: un saqueo promovido por el Estado enriqueciendo a las grandes fortunas
La disputa entre Estados Unidos y China respecto a las acciones de SQM, y el intento de apropiarse de este recurso estratégico para los intereses imperialistas, y el cuestionado acuerdo al que llegó CORFO con la minera privada donde jugó un rol clave Ponce Lerou (y que selló la impunidad para políticos de Chile Vamos y del “progresismo” concertacionista y la arruinada ex Nueva Mayoría, y para empresarios) han sido los dos aspectos más recientes en la arista SQM.
La tensión tiene de protagonistas al ex vicepresidente ejecutivo de CORFO, el PPD Eduardo Bitran, a los altos directivos y rostros de SQM tras la vuelta de los hermanos Ponce Lerou bajo la figura de “asesores estratégicos”, y a las empresas extranjeras que se pelean la mejor tajada de las ganancias del litio.
El primer conflicto fue tras el anuncio del acuerdo CORFO-SQM. Eduardo Bitran, quien fue ministro de Obras Públicas de Bachelet durante su primer gobierno y vicepresidente ejecutivo de la estatal entre 2014 y 2018, estuvo al mando de la entidad desde que estalló el escándalo de corrupción en SQM, y últimamente ha intentado quedar como crítico a la gestión de Ponce Lerou, reivindicando el “acuerdo histórico”- como lo llamó el PPD- que se pactó entre la minera privada y CORFO. Sin embargo, su actuar ha sido profundamente cuestionado no solo por las condiciones beneficiosas del trato acordado, sino también por el regreso de los Ponce Lerou. Esta decisión, según afirmaron desde la estatal, se sabía en la administración anterior, como también que la figura de “asesores quedaría excluida de las prohibiciones del acuerdo”.
Más allá del supuesto “regreso” de Ponce Lerou, lo cierto es que nunca se fue: el trato SQM-CORFO fue un gran negocio para los propietarios de SQM, y en particular para el propio ex yerno de Pinohet, beneficiado ahora por la Nueva Mayoría y el supuesto “progresismo” bacheletista, que siguió ampliando el saqueo con los recursos estratégicos. Tras el término del conflicto entre CORFO y SQM en la Cámara de Comercio la minera privada no solo mantuvo la concesión en el Salar de Atacama hasta el 2030, también amplió su cuota para explotar y comercializar 349.553 toneladas de litio adicionales a la cuota que le quedaba por extraer según el contrato original (64.816 toneladas). “La conciliación estableció que será en 2030, cuando el contrato con SQM llegue a término, que CORFO podrá tener el “beneficio” de la “primera opción de compra”, se afirma en un reportaje de Ciper Chile. Un regalo al servicio de las grandes ganancias. ¿A costa de qué? Que saliera Ponce Lerou del directorio, como si eso cambiara en algo la propiedad privada y el saqueo con el litio.
El nuevo y escandaloso regalo entregado a la minera privada tuvo a cambio el aumento en las tasas de arriendo por la explotación del litio, lo que sumado a otras “regalías” le daría a CORFO ingresos por cerca de US$10 mil millones hasta 2030. No obstante, los derechos de agua y las concesiones mineras que SQM inscribió a su nombre- y que CORFO exigió fuesen restituidos- seguirán estando en manos de la minera. Respecto a los millonarios montos por “daños morales” tras el financiamiento ilegal a partidos del régimen, estos quedaron en la nada. La guinda de la torta, como ya se mencionó, fue el regreso como “asesores estratégicos” de los hermanos Ponce Lerou, y la impunidad de empresarios y políticos como el UDI Pablo Longueira- quien zafó de haber recibido casi mil millones de pesos por parte de SQM-, el PS Fulvio Rossi, el DC Patricio Walker, entre tantos otros. Incluso el apellido Piñera salió a relucir. Otra razón más para cerrar el caso SQM.
El saqueo del litio por parte de SQM- permitido por todos los gobiernos de la ex Concertación, ex Nueva Mayoría, y por la derecha- ha beneficiado con millonarias fortunas a la familia Ponce Lerou, del círculo cercano a la familia Pinochet, a empresas de capitales extranjeros (que ahora van por más tras el descubrimiento de grandes yacimientos y reservas en el país), y benefició a los partidos tradicionales del régimen chileno, “abarcando desde la UDI al PS”. Además de ello, derivó en millonarias pérdidas para el Estado, principalmente por la subvaloración del royalty de arriendo profundizado durante el primer gobierno de Piñera, y que tuvo de protagonista al ministro de Economía de ese entonces, Longueira, quien siguió al pie de la letra lo exigido por el vicepresidente de la minera, Patricio Contesse, en cuanto al porcentaje del impuesto. Al finalizar cada período, SQM enviaba a CORFO una “hojita” informando del monto que debía pagar por la renta, sin ningún tipo de fiscalización por parte de la estatal. De acuerdo a un reciente reportaje de Ciper, las pérdidas del Estado ascenderían a los US$17 millones ($10.700 millones). No obstante, el saqueo del litio también ha beneficiado a empresas extranjeras.
Estados Unidos y la persistencia china por conquistar la hegemonía del litio
Un segundo conflicto se relaciona con los intereses imperialistas detrás del suculento negocio del litio. En 2014, Albemarle, la empresa estadounidense que opera yacimientos de litio estatales en el Salar de Atacama, se convirtió en el competidor directo de SQM tras la compra de Rockwood Lithium, la mayor productora de litio de ese entonces. Así se hizo del 25% de la producción de litio versus un 42% que poseía SQM.
En mayo de 2017, en Antofagasta, se realizó la inauguración de la Planta La Negra II de la empresa norteamericana, la más moderna de Latinoamérica para la producción de carbonato de litio grado batería, lo que le permitió aumentar de 24 mil a 44 mil toneladas anuales. “En Albemarle apostamos por Chile y buscamos proyectarnos como aliados estratégicos del Estado en el desarrollo de la nueva minería del litio, con una industria con alto valor agregado”, afirmaba en ese entonces, Luke Kissam, CEO de Albemarle Corporation.
Durante octubre de 2017, CORFO, a través de Bitran, comenzó a negociar con la empresa estadounidense el aumento en el royalty que paga la firma por la extracción de litio, que estaba fijado en un techo de 40%, si el precio de la tonelada superase los US$ 10.000, pero tras el boom mundial de litio y el alza del precio la propuesta de la estatal fue que se elevara a una tasa del 60% si es que la tonelada superase los US$ 12.000. A cambio de esto, Albemarle aumentó su permiso de producción de litio de 80 mil a 140 mil toneladas.
Por su parte, la empresa canadiense Nutrien, creada por la fusión de Potash Corp y Agrium Inc, condensaba el 32% de las acciones de SQM, pero en mayo de este año vendió en US$4.070 millones el 24% a la empresa Tianqi, pese a los reparos de CORFO por la “concentración del mercado del litio” en manos de China. Ante esto, fue Bitran el principal opositor al acuerdo que benefició al país asiático. “Al parecer se cumplió el peor escenario”, manifestó el ex vicepresidente de la estatal.
Una posición distinta tuvo el ministro de economía, José Ramón Valente, quien se mostró a favor de la entrada de Tianqi a SQM: “lo que ha ocurrido es que un inversionista extranjero le ha vendido la participación minoritaria en una empresa chilena a otro inversionista extranjero. Nosotros como país no discriminamos de la nacionalidad por donde vienen los inversionistas”. Por su parte, Bitran manifestó que “la china Tianqi y Albemarle, que son socias y tienen un mal historial en cumplimiento tributario, tienen un interlooking (participación cruzada) que controla más del 70% de la producción mundial de litio y que opera en las dos concesiones del Salar de Atacama, que es del Estado de Chile”. Es decir, es un beneficio a dos manos a capitales extranjeros, que el Estado les ha concedido mediante suculentos “acuerdos”.
Antes de que Nutrien accediera a vender la mayor parte de sus acciones a Tianqi (lo que debería concretarse en el último trimestre de este año), el abogado chileno Evan Epstein (40), quien asesoró a Bitran por el acuerdo CORFO-SQM, había contactado a Elon Musk, quien lidera la empresa automotriz estadounidense, Tesla, para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo con la minera para construir una planta procesadora en Chile y así producir el litio de alta calidad para sus baterías, reconoció, en ese entonces, Bitran. En mayo de este año, Tesla firmó un acuerdo para comprar litio por tres años a SQM, a través de la empresa australiana Kidman Resources.
Aunque Bitran plantee resquemores por la llegada de Tianqi, o anteriormente haya asegurado que sufrió presiones políticas para llegar a un acuerdo con SQM, lo que después fue negando, u otras autoridades salgan al paso a comentar sobre las empresas extranjeras que prefieren para venir a explotar el mineral, lo cierto es que tanto políticos del “progresismo” concertacionista y ex Nueva Mayoría, de la derecha y, por supuesto, la clase empresarial, concuerdan plenamente en mantener el saqueo imperialista del litio, y en seguir obteniendo provecho de la explotación capitalista del recurso natural. Todo el cuestionamiento a SQM, todo lo revelado en cuanto a la estrecha relación entre empresarios y partidos tradicionales, sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas, sobre las leyes votadas por parlamentarios a favor de grupos económicos- como fue con el royalty-, o el perjuicio económico al Estado, no importan para quienes quieren mantener intactos sus multimillonarios negocios. Cuando se trata de beneficios para la clase capitalista- extranjera o nacional- sus partidos y políticos, todos permanecen en la misma vereda y defienden exactamente el mismo modelo de sociedad, basada en la explotación, en la opresión, y en el enriquecimiento de un puñado de familias y grupos empresariales, en desmedro del pueblo trabajador.
Una mención aparte es para las AFP, que también juegan el papel de inversionistas en la minera privada. Tras la salida de dichas entidades debido a los problemas que se generaron con el caso cascadas, este año, tras el acuerdo con CORFO, volvieron a comprar papeles. Según la Superintendencia de Pensiones, en abril tenían US$ 33,83 millones en la serie B.
La "oposición": entre la demagogia centroizquierdista y el coqueteo reformista
Tras conocerse el acuerdo CORFO- SQM, sectores de la “oposición” salieron a plantear sus posturas ante la crisis que representa la minera privada. Desde la Federación Regionalista Verde Social, Revolución Democrática y el Partido Comunista, manifestaron su rechazo a la reincorporación de los hermanos Ponce Lerou a SQM, y anunciaron la constitución de una comisión mixta “para investigar el regreso de los ejecutivos a la empresa”.
El Partido Comunista, a través de una declaración pública, manifestó que el “acuerdo al que arribó la CORFO con SQM en enero de este año, lesiona gravemente el interés nacional y legitima la corrupción, pues le entrega nuestras riquezas a una empresa que ha sido denunciada y sancionada por la perpetración de delitos de cuello y corbata”, plantean en su comunicado, sin hacer mención a que todos los partidos de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría- de la cual ellos fueron parte y reivindican- estuvieron estrechamente vinculados con el saqueo, fraude, financiamiento ilícito de campañas presidenciales- como la de Bachelet- durante las últimas décadas.
Luego el PC continúa afirmando que como organización realizaron “todas las acciones necesarias para evitar la concreción de ese acuerdo perjudicial para nuestro desarrollo, sin embargo, las instituciones que debían velar por el interés general desestimaron lo evidente y lo validaron (…) La posición del Partido Comunista es la de nacionalizar SQM y crear una empresa estatal que explote el litio. Es por ello que nuestra Bancada presentó un proyecto de reforma constitucional que crea la Empresa Nacional del Litio y que, al mismo tiempo, caduca todos los derechos de SQM, radicado en la Cámara de Diputados”, aseguran. Lo que asombra es la confianza que se deposita en el régimen político y en las autoridades, y que se refieran netamente a la derecha cuando parlamentarios como Roberto León (DC) o Fulvio Rossi (PS), estuvieron implicados en el caso de la minera. Por su parte, el ex ministro Francisco Vidal (PPD) planteó la propuesta de nacionalizar SQM: “cuando el presidente Salvador Allende nacionalizó el cobre, si bien tuvo una voluntad unánime en esa oportunidad, venía de una pelea de 30 años antes. El cobre nacionalizado, le ha dado a Chile, en los últimos 45 años, 100 mil millones de dólares”, comentó en una entrevista.
¿Pero no fue acaso la vieja Concertación la que profundizó todas las privatizaciones de la dictadura? ¿No fue acaso el gobierno de Bachelet, incluido el Partido Comunista, el que permitió ampliar el saqueo del litio a SQM? ¿No fue la misma Nueva Mayoría en su gobierno junto al PC que garantizó las condiciones para aumentar el saqueo extranjero a los recursos estratégicos?
Se trata de pura demagogia. Mientras ahora hablan de “nacionalizar” o terminar con el saqueo, han sido ellos los principales promotores de consolidar las privatizaciones de la dictadura, y el saqueo ilegal, ilegítimo y fraudulento sobre el litio y los recursos estratégicos del país, como el cobre, el mar o los bosques. Aunque ahora “cuestionen” es pura demagogia funcional a volver a aparecer como una “alternativa”, mientras que fueron gobierno ampliando las condiciones del saqueo y sometimiento nacional a capitales extranjeros y a las grandes familias.
En el caso del Frente Amplio, en el Programa de Muchos, presentado durante la campaña presidencial de Beatriz Sánchez plantean la expropiación y nacionalización de “empresas consideradas como estratégicas y de servicios básicos (como electricidad, agua potable y otros, donde reiteradamente han fallado en asegurar el acceso de los ciudadanos a bienes a los que todos tenemos derecho). Este proceso deberá ser ejecutado por CORFO, en el marco de un plan sectorial de desarrollo creado por el Ministerio de Economía, deberá ser acompañado de una reforma a la actual “Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones”, que dificulta el uso de esta facultad por parte del Estado”.
Pero esta política de “nacionalización” es pagando a precio de mercado (como compra) las acciones de los empresarios. Se trata de un saqueo ilegítimo, ilegal y fraudulento, entre gallos y medianoche en la dictadura militar, y entregando a precio de huevo la propiedad a los capitalistas. ¿Tendrá que indemnizarse acaso este enorme saqueo a la clase trabajadora y el pueblo? ¿Será “comprando” sus acciones para que se sigan beneficiando con los recursos del Estado a un puñado de magnates explotadores? ¿O será con instituciones como CORFO? ¿Basta con la nacionalización de una empresa para terminar con el saqueo, abuso y el robo empresarial? ¿Acaso serán los empresarios y los mismos políticos que legislan para los intereses de la clase alta- su clase- quienes garantizarán que los recursos naturales y las riquezas sean utilizados para dar solución a las necesidades del pueblo trabajador? Porque, por ejemplo, se sabe que el actual vicepresidente electo de la entidad estatal, Sebastián Sichel, mantiene un vínculo estrecho con el empresario Rafael Guilisasti, presidente de las empresas “cascadas” Calichera, Norte Grande y Oro Blanco, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entre los años 2008 y 2010, y sindicado como parte del engranaje de corrupción de Julio Ponce Lerou; y así con tantas otras conexiones entre empresarios, autoridades de instituciones del Estado, y políticos de Chile Vamos y la Nueva Mayoría. ¿O será sosteniendo una nueva burocracia estatal como en Codelco, donde ganan millonadas de peso sus directores, y a la vez, aprovechan sus posiciones para contratar con sus empresas familiares?
Nacionalización sin pago de SQM y todos los recursos estratégicos, bajo gestión de los trabajadores, profesionales al servicio del pueblo y control de las comunidades
El problema principal de las propuestas de nacionalización de sectores de la “oposición”, como el FA y el PC, es que se plantea como una medida donde sería el mismo Estado capitalista y la clase empresarial, mediante sus instituciones- como CORFO en el caso de lo propuesto por el FA- el que seguiría gestionando la producción de las empresas y fábricas, sin que la clase trabajadora y sus organismos cumplan ningún tipo de rol en la administración, en este caso, de los recursos naturales, y en la toma de decisiones. Y ya sabemos dónde terminan los “acuerdos CORFO” o de la burocracia estatal: beneficiando a sus familiares, a empresarios, nacionales y extranjeros, como han sido estas décadas de transición a la democracia. Hay que nacionalizar SQM, pero sin pago, y que su gestión sea de los trabajadores y con control popular, no de una casta política de millonarios que “gobiernan” esas empresas para promover los negocios privados.
En ese sentido, una expropiación y nacionalización de una empresa no necesariamente garantizará que los recursos y riquezas generados sean puestos a disposición de las necesidades del pueblo trabajador. Tal como habíamos señalado en este artículo de La Izquierda Diario, “durante el gobierno de Salvador Allende la empresa (SQM) pasó a manos del Estado a través de la reforma constitucional de nacionalización por expropiación. Sin embargo, esta “expropiación” por aplicación del Decreto de Ley 520 se tradujo en la compra de acciones de las empresas nacionales y extranjeras por intermedio de CORFO, que indemnizó a los grandes empresarios, sin que estos perdieran ingresos ni ganancias durante el gobierno de Allende. Es decir, fue pagado a precio de mercado, garantizando pagos millonarios por los recursos estratégicos del país”.
Para evitar que SQM- y cualquier otra empresa en cuestión- pase de estar administrada por empresarios privados a ser controlada por una burocracia estatal con gerentes ganando millones, siendo fuente de suculentos negocios familiares de grupos económicos como los Luksic, Matte, Angelini, Piñera, Paulmann, o como sucedió con el yerno del dictador Pinochet en la minera privada o lo que sucede en Codelco, la expropiación y nacionalización debe ser sin pagar un solo peso a los empresarios privados, ni tampoco a los capitales extranjeros que han saqueado los recursos naturales durante décadas, y gestionado por los trabajadores.
Lo anterior no solo con el litio, sino, sobre todo, con el mineral más preciado, el cobre. Que 10 mineras privada, donde varias son de capital imperialista- Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra-, se hayan llevado el equivalente al 45% del PIB que tuvo el país en 2014, una renta económica de US$120 mil millones en tan solo una década, demuestra la profunda intromisión del imperialismo y sus mercados en el país. La lucha por nacionalizar sin pago SQM debe ir de la mano con la lucha por la nacionalización sin pago y bajo gestión obrera de todos los recursos estratégicos del país como el cobre, las forestales, los recursos marítimos para ponerlos al servicio de la clase trabajadora y no de las ganancias de un puñado de capitales extranjeros y nacionales que se benefician con estos recursos en la bolsa de metales de Londres.
La expropiación y nacionalización de SQM, sin indemnización a las empresas, debe ir acompañada de la gestión de los propios trabajadores, en conjunto con profesionales que estén al servicio del pueblo y sus necesidades, y con comunidades locales. Tal como planteó Dauno Tótoro, dirigente nacional del PTR y ex candidato a diputado, en uno de los artículos citados anteriormente, “la expropiación sin pago de SQM podría financiar el equivalente a la construcción de 7.800 viviendas o un día de transporte gratuito en todo el país con los $ 272,3 millones de pesos chilenos que SQM recaudó el año pasado y que hoy sigue acrecentado”.
La posibilidad de que sean los propios trabajadores los que puedan dar una respuesta a las crisis que se presentan, en este caso ligado a un problema grave de corrupción, robos y favores políticos, y en otras ocasiones expresado en crisis económicas, cierres de fábricas, entre otras situaciones, dependerá de la capacidad de organización y articulación de los trabajadores, y del desarrollo de sus organismos sindicales. En el fondo, habría sí o sí un choque de correlación de fuerzas entre trabajadores y empresarios, y también con la burocracia sindical, que termina privilegiando la colaboración de clases y llevando a los trabajadores a la subordinación hacia la clase dominante.
El problema de la gestión obrera es central porque avanza a cuestionar la presencia de la clase empresarial en la toma de decisiones y administración de una determinada fábrica, lo que podría transformarse en una experiencia de calidad para los trabajadores y sus organismos sindicales. Bajo la administración de los trabajadores, en colaboración con las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios como los mapuches, junto a profesionales y comunidades, los recursos podrían ser producidos de manera racional, cuidando el medio ambiente, respetando los derechos de las comunidades originarias, y solventando cada una de las necesidades del pueblo trabajador, como educación, salud, viviendas, pensiones, sueldos acorde a la canasta básica familiar, entre otras reivindicaciones. En el fondo, poner la producción y recursos en función de las necesidades populares y no de las ganancias capitalistas.
Tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista no se proponen construir una fuerza que tenga como objetivo romper con el proyecto de sociedad capitalista, de saqueo imperialista, que defiende la clase empresarial y los políticos empresariales de sus partidos, por eso no cuestionan siquiera a los militantes de la “oposición” que están involucrados en el caso SQM, en casos de corrupción, en negocios con personajes de la derecha, con los principales grupos económicos. ¿Seguirán los recursos naturales en manos de los capitalistas? ¿Por qué deberían seguir gestionando, en este caso, SQM, si está más que comprobado que son un puñado que quiere enriquecerse y no velar por los intereses de la verdadera mayoría, que han robado, saqueado, y sobornado a políticos para que les voten leyes que resguarden sus ganancias, como pasó con el royalty, o en otra área con la Ley de Pesca?
Lo que no dice ni el Frente Amplio o el PC es que para dar solución a cada una de las urgencias de la clase trabajadora, estudiantes, mujeres, pobladores, pueblos originarios, y sectores más precarizados, sí se deben afectar las ganancias y negocios de los capitalistas, porque incluso algo tan básico como el derecho a educarse gratuitamente, garantizado por el Estado, no será jamás otorgado si es por mera voluntad de los empresarios de la educación; como tampoco la Salud si es por decisión de los empresarios de las ISAPRES; o lo mismo con las pensiones y los capitalistas de las AFP que siguen obteniendo miles de millones y entregando jubilaciones miserables que en su mayoría ni siquiera superan unos paupérrimos $150.000. En el caso del PC, porque es parte de una alianza con el “progresismo” empresarial que se beneficia de estos saqueos. En el caso del FA, porque no se proponen liquidar la estructura de la dominción imperialista y de los grandes monopolios, única forma de avanzar a recuperar la “soberanía” frente al imperialismo y avanzar a liquidar las bases del “modelo” de la dictadura.
No luchan por un programa que, basado en la clase trabajadora, tenga por objetivo terminar con todo el saqueo, rompa con el imperialismo y se proponga expropiar a los grandes propietarios que dominan la vida económica y social del país, poniendo todos los recursos estratégicos y la economía en función de las necesidades sociales, no de las ganancias de millonarios capitalistas. Terminar con los monopolios privados en el litio, el cobre, la banca y los grandes negocios, es la única forma para avanzar a resolver las reivindicaciones democráticas estructurales y sociales del país, y que ponga fin a un sistema basado en la explotación y opresión de la gran mayoría para el beneficio de un puñado de millonarios capitalistas.
Mientras en el país el 0,1% más rico de la población tiene ingresos per cápita 214 superiores al 99.9% restante. Las necesidades del pueblo trabajador jamás serán escuchadas por quienes defienden este sistema que permite que el 1% más rico concentre el 30,5% del PIB; que el 0,1% se lleve el 17,6%; y que el 0,01% (543 hogares) acapare el 10,1%. Para terminar con esto, hay que poner fin a este sistema que beneficia a las ganancias de las empresas, organizando la fuerza de la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los sectores oprimidos, para echar abajo esta sociedad capitalista y desigual, y construir una que vele por las necesidades de las verdaderas mayorías.
