Explotación, corrupción y Litio, así se tejió la impunidad de SQM. Tras 4 años de indagaciones civiles y penales SQM paga por su impunidad y la ampliación del saqueo del Litio.
Martes 30 de enero de 2018
La trama SQM
Con contratos privilegiados la minera se hizo de enormes beneficios en base a la explotación del Salar de Atacama, explotando sin ningún control ni fiscalización nuestros recursos naturales, mientras amasa 320 millones de dólares anuales.
SQM nace en 1968 como la Sociedad Química Minera de Chile (propiedad compartida entre Anglo Lautaro y el Estado), luego de 3 años de existencia pasó 100% a manos de la CORFO (Corporación de Fomento a la Producción). Con el favor de la dictadura se fue privatizando paulatinamente desde los años 1983 y 1989, en ventajosas condiciones que le dieron el control, vaya la casualidad, a Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Augusto Pinochet.
Posteriormente, bajo el gobierno de Eduardo Frei, en 1995, se realizaría la internacionalización de SQM mediante una serie de contratos entre la empresa y la CORFO que le darían a SQM el derecho a explotar de manera exclusiva y excluyente el Potasio y Litio en el Salar, basados en los amplios derechos mineros que SQM conservaba de sus años en manos de la CORFO.
De este modo Julio Ponce Lerou y sus operadores amasaron millonarias ganancias en base a la explotación descontrolada del Salar y pagando millonarios sobornos y coimas a los políticos que van desde Chile Vamos hasta la Nueva Mayoría (pasando por diputados, expresidentes de partido funcionarios, hasta ministros). Y no fue sino hasta el año 2013 donde se destapó la red de impunidad de SQM, como una arista del Caso Penta, que en ese entonces era investigado por el fiscal de delitos de alta complejidad Carlos Gajardo.
Así también se descubrieron una serie de irregularidades que implicarían el incumplimiento de las mínimas condiciones que había pedido la CORFO en los contratos de 1995.
El financiamiento ilegal de la política y este incumplimiento contractual son las dos caras legales que actualmente llegan a su fin con la completa impunidad de Ponce Lerou - quien además nunca declaró ante algún tribunal ni pisó un solo tribunal por motivo del caso de SQM - y de los políticos que recibieron aportes millonarios para legislar a favor de la minera.
CORFO extiende contrato millonario para SQM
Los “graves incumplimientos” de SQM a los contratos suscritos con la CORFO en los años 90, los que llevaron a que el 2013 el gobierno iniciaría acciones judiciales contra la minera, para que luego la CORFO optara por demandar a la empresa para solicitar el término anticipado de estos contratos y recuperar el Salar.
Producto de los mencionados contratos se acordó que cualquier controversia debía ser resuelta ante un tribunal arbitral, por lo que se debió iniciar un juicio entre SQM y la CORFO, durante el cual CORFO a argumentado que “SQM no ha pagado al Estado las rentas, ha ocultado información y ha actuado de mala fe, afectado la integridad de la propiedad estatal del Salar, buscando impedir una licitación competitiva el 2030, año en que concluye su contrato".
Además de esto, durante todo el juicio SQM se ha negado a entregar información de este recurso natural relatica a volúmenes de exportación, destinatarios de los productos, sus clientes, los precios de venta o el destino final de los productos.
Dentro de las bases que ha propuesto CORFO para llegar a un acuerdo están el cambio en el gobierno corporativo de SQM mediante la salida de Julio Ponce Lerou; la modificación de los contratos para aumentar las renta de arrendamiento al mismo nivel del contrato de Albemarle; la reserva del 25% de la producción para vender en Chile a eventuales interesados en agregar valor al litio; el cumplimiento irrestricto de las normas ambientales, y la restitución de derechos de agua y mineros al Estado de Chile.
El conflicto empezó a ver luces en diciembre del 2017 mediante un acuerdo que contempla lo demandado por la CORFO (incluyendo la salida de Ponce Lerou, quien será reemplazado por Alberto Salas, ex presidente de la CPC, el cual permitiría a SQM conservar sus derechos sobre el Salar de Atacama hasta el año 2030 y quintuplicar su producción de 350 a 1000 toneladas.
Este acuerdo, tras 4 años de juicio, fue muy celebrado por Eduardo Bitrán, vicepresidente de la CORFO, quien comentó que "Chile recupera el litio para Chile, porque este negocio, de aquí al 2030, va a generar ingresos totales, ventas totales, del orden de 18 millones de dólares, (...) de eso, 10 mil millones (de dólares) van al Estado de Chile", lo que junto al reciente acuerdo con Albemarle entre el 2017 y 2039 significará cerca de 12.000 millones de dólares de aporte al Estado.
Según Bitrán este sería para el Estado el mejor contrato de la minería no metálica del mundo, lo que significaría un 30% de royalty, cuando el promedio mundial es de 19%..
Arista penal del Caso SQM
En conjunto con los incumplimientos contractuales de SQM se abrió la arista penal del caso de SQM. El año 2013 se abrió el caso PENTA, el cual era investigado por el fiscal Carlos Gajardo, el cual descubrió una serie de contactos entre SQM Personeros de la Nueva Mayoría y Chile Vamos que habrían recibido dineros de parte de SQM triangulados a través de diversos funcionarios políticos de gobierno y del parlamento que durante estos últimos años han debido desfilar por tribunales.
A la investigación de SQM se sumo, aparte de Gajardo, el fiscal Emiliano Arias. Pero cuando estos se encontraban dispuestos a formalizar acciones contra la minera fueron sacados del caso para ser reemplazados por el fiscal Pablo Gomez, quien ha sido duramente cuestionado por cerrar gran parte de la investigación mediante el ofrecimiento de medidas alternativas.
Sin embargo, tras 4 años de investigación, el fiscal Gómez,este 26 de enero dio fin a la investigación tras ofrecer a la minera una salida alternativa mediante pago de 3,8 millones de dólares bajo el argumento de que "Aun si fuésemos capaces de sortear y acreditar el cohecho y acreditar la ausencia de un modelo de prevención, nos exponemos a un horizonte de penas que es el siguiente: la ley establece como una de las penas la disolución de la empresa, que es inaplicable en este caso, porque solo se aplica cuando el delito base es lavado de activos, aquí sería cohecho. También establece como pena la prohibición de celebrar actos y contratos, pero esto lo reserva para aquellas empresas que proveen bienes y servicios al Fisco, por lo que no opera para SQM. Nos queda la pena de pérdida de los beneficios fiscales y la pena de multa. Pedimos una pericia específica para saber cuáles son los beneficios fiscales que la empresa se ahorró al suscribir los contratos de invariabilidad. Y ésta los circunscribe a un monto cercano a los $ 1.500 millones"
"Si vamos a un juicio, iríamos con a lo menos cinco atenuantes y, por tanto, el juez va a tener que aplicar una u otra pena. A través de la suspensión condicional, lo que estamos haciendo es obtener más que ambas: la devolución de todos los beneficios y una multa doblada: $ 2.600 millones" concluyó Gómez.
Por su parte, desde el Consejo de Defensa del Estado, de la voz de Lupi Aguirre, se opusieron a la medida ofrecida por la fiscalía argumentando que "aceptar la suspensión condicional de la empresa SQM mediante los pagos de las generosas sumas de dinero -que supuestamente está entregando, las cuales son muy diversas a las que ha pagado en otras instancias- es señalarle que la empresa SQM haga coimas a políticos para obtener ventajas, y ¿cómo soluciona sus problemas? Nuevamente de la misma manera, pagando".
Efectivamente de continuar el juicio penal SQM solo podría resultar condenada a pagar un máximo de solo 900 millones de pesos. Este sería el argumento de Gómez para dar por cerrado el juicio.
Es decir que SQM pagará por su impunidad el monto aproximado 3,8 millones de dólares (unos 2.550 millones de pesos), los que contrastan con la multa de 30 millones de dólares que SQM tuvo que pagar en EE.UU. Es decir que la multa de la minera solo representa una pequeña fracción de las monstruosas ganancias de la minera. Anualmente SQM gana 320 millones de dólares (unos 26 millones de dólares mensuales; 0,8 millones diarios), esto significa que la empresa necesita de 4 a 5 días de producción para pagar su impunidad.
"Chile recupera el litio para Chile”
Así celebró Eduardo Bitrán el acuerdo CORFO-SQM, y que, según comentó, sumado al acuerdo de expansión de la oferta de litio de la empresa estadounidense Albemarle, “permitirá que Chile mantenga el liderazgo mundial en la oferta de litio, con una partición de mercado superior al 45%”. Esto, según Bitrán, entre el 2017 y 2030 implicarán cerca de 12.000 millones de dólares extra que ingresarán al fisco.
El Consejo de Defensa del Estado y la presidenta también se mostraron con satisfacción por el acuerdo alcanzado. Sin embargo este entusiasmo no fue compartido por el mundo político.
Este jueves 25 la Cámara de Diputados, con 38 votos a favor y 17 en contra, determinó solicitar al gobierno que rechace el acuerdo.
Según la Cámara “este acuerdo es una renuncia por parte del Estado a tomar por sí mismo la producción del litio a través de una empresa pública, con plenas facultades y financiamiento” y rechazaron mantener la relación con SQM.
Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista (PC), declaró “El proyecto de acuerdo que votamos hoy día es un voto político que le pide a la Presidenta terminar y no suscribir este nuevo contrato entre Corfo y SQM, que utilice su poder político para vetar este acuerdo. También se le solicita que cree la empresa estatal del litio”.
Además, Núñez cuestionó la conducción de la negociación del mineral “…Se hizo un contrato para entregarlo a empresas privadas y, ahora, cuando tenemos la posibilidad de romper con eso, porque estaban todos los argumentos para terminar un acuerdo que había sido utilizado de forma fraudulenta por SQM, se dan vuelta la chaqueta. Esto trae graves consecuencias respecto de la posibilidad de generar una industrialización del litio por parte del Estado”.
Quien también se pronunció fue el diputado electo por Antofagasta, Esteban Velásquez, quien en una columna calificó el acuerdo como una “traición a la patria”.
“A pesar de toda estas aberraciones ocurridas, no se defiende este preciado recurso, El Litio, sin embargo se insiste en continuar una relación tóxica con SQM, es una verdadera traición a la patria continuar despojando a Chile de sus Recursos naturales, huele mal continuar con negocios y tratativas con SQM, empresa que permeó a la política chilena con coimas y corrupción.”
Pero su más destacada participación en el debate fue el llamado a renacionalizar el litio, argumentando que “Esta idea nace de la convicción que tenemos muchos nortinos en torno a como recuperamos nuestros recursos naturales, de tal forma que todos quienes formamos parte de este territorio nos beneficiemos con su explotación”.
No solo esto. Sobre la suspensión del proceso penal en contra de la minera, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) manifestó que "es una negligencia que es gravísima que este fiscal (Gómez) esté promoviendo que esa persona jurídica no sea perseguida penalmente”, por lo que además manifestó que el PC solicitará a la Corte Suprema la destitución del Fiscal Pablo Gómez.
"Creemos que las facultades nos permiten pedir que sea removido y eso es lo que vamos a hacer. Estamos juntando las firmas para hacer esta petición a la Corte Suprema. No es posible que el agente corruptor más relevante que ha conocido la historia de la República de Chile pase desapercibido y quede sin ninguna sanción" según señaló.
Calco y copia: “El Litio para Chile”
Calcado a los dichos Eduardo Bitrán, bajo el lema “El Litio para Chile” la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), llamó a rechazar este acuerdo, para lo cual junto a otras organizaciones sociales y políticas este lunes convocaron a una marcha por el centro y fue enfrentada por el gobierno con carabineros y carros lanzaguas.
Entre las organizaciones sociales que participarán se encuentran la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (Constramet), la Confederación de Trabajadores del Cobre y la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile (Fenatrapech). Además de los partidos Revolución Democrática, el Partido Humanista, Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).
Luchemos por nuestros recursos naturales, pongamos fin al saqueo
El acuerdo CORFO-SQM es reimpulsar el saqueo del Litio. Este mineral está especialmente concentrado en nuestro continente, el 85% de las reservas mundiales se concentran en el triángulo del Litio entre Chile, Argentina y Bolivia. Y Chile tiene un rol privilegiado con el 54% de las reservas de este mineral, según el U.S. Geological Survey.
Este mineral tiene un futuro prometedor por su relación estratégica para la industria eléctrica, tanto por su uso en la electro movilidad y en el almacenamiento y generación de energía. Ha sido tal su dinamismo que durante la baja de inversión operó como contratendencia, pues distinto de las demás materias primas, el Litio ha mantenido una constante valorización. Reflejo de lo anterior es que durante los últimos 10 años su demanda haya aumentado en un 200% a nivel mundial. Y la CORFO acaba de hipotecar sus beneficios para garantizar el negocio de un puñado de inversionistas.
La CORFO, en este sentido, presenta sus acuerdos con Albemarle y SQM como una gran oportunidad para que el país obtenga recursos adicionales, pero a costa de garantizar el saqueo de nuestros recursos naturales solo para beneficiar los intereses de grandes empresas que se ríen en la cara de cada familia sin casa, sin trabajo, sin derecho a educación, sin pensiones.
Para ir por más: seamos miles en las calles
Hay que rechazar cada letra de este acuerdo y poner en perspectiva recuperar el litio y todos nuestros recursos naturales para poner esta riqueza al servicio de la población y sus necesidades.
Para frenar este acuerdo tendremos que ser miles en las calles. Otro sería el efecto si la marcha de este 29 de enero fuera acompañada de una paralización de las organizaciones convocantes, un paro que remeciera la situación nacional y que con millones en las calles disputara que hacer con el mineral.
Así mismo otra sería la situación si los parlamentarios que dicen defender los recursos naturales (como los del PC o del Frente Amplio) estuvieran a la cabeza de denunciar la corruptela de la casta política y su relación con el negocio del Litio y llamaran a organizar lo más ampliamente posible el rechazo del acuerdo.
Sin embargo, si estas fuerza se dispusieran a llenar las calles para la recuperación del Litio, no aspirarían más que a aumentar las migajas que SQM entrega al fisco y a conformar una empresa estatal, como propone el PC. Hace falta promover la necesidad de renacionalizar nuestros recursos de manera que podamos asegurar derechos como la salud, las pensiones, la educación y la vivienda para todas las familias.
Renacionalizar el litio y los recursos naturales
No basta con proponer una empresa estatal que compita desigualmente con grandes productores e inversionistas extranjeros (propuesta que con algunas diferencias comparten el PC y al FA). Es momento de proponernos controlar este y todos los recursos naturales, de manera que sean sus trabajadores, en conjunto con las comunidades, los que puedan determinar que hacer con nuestra riqueza.
Mientras en Chile no tenemos asegurado ningún derecho, ni la educación, ni la salud, ni siquiera el derecho al techo, debiendo vivir al borde del endeudamiento para subsistir, empresas como SQM, en complicidad con políticos corruptos de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, se hacen millonarias a costa del saqueo de nuestras riquezas y nos dicen que no hay recursos. Se ríen en nuestras caras.
No podemos seguir siendo postergados cuando existe una enorme riqueza que podría resolver las más urgentes necesidades de la población. Por esto desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), en las pasadas elecciones, impulsamos como propuesta la renacionalización de los recursos naturales bajo el control de los trabajadores para darle “urgencia a nuestras urgencias”, planteando como punto inicial la expropiación sin pago de Minera Escondida.
Arrebatar este recurso de las manos empresariales no será fácil, sabemos que se necesitará organizar una gran fuerza para dar esta pelea en las plazas y calles, pero también en las fábricas, centros de estudio y poblaciones. Pero este es un camino que ni el PC ni el FA quieren transitar, por lo mismo se contentan con la posibilidad de “competir” en el mercado y no llaman resueltamente a expropiar este recurso.
Desde el PTR rechazamos el acuerdo CORFO-SQM por profundizar el saqueo de nuestros recursos naturales, cuando esa riqueza podría ir destinada a aliviar las necesidades de la población. Para esto pensamos que los trabajadores deben plantearse este desafío, coordinar una gran movilización en contra del saqueo y por la verdadera recuperación de nuestros recursos para que bajo control de los trabajadores y la población resolvamos nuestras demandas. Atando cada problema de nuestra sociedad a la recuperación de los recursos naturales.
Asi, por ejemplo, la crisis del sistema educativo, con la precariedad laboral que viven miles de docentes o el pago de la deuda histórica, o la falta de recursos para la implementación de la gratuidad, son muestras de como cada problema de nuestra sociedad va atado a la necesidad de recuperar nuestros recursos.
Por esto las batallas que damos contra los despidos en profesores, como la que libramos en Antofagasta con Daniela Avilés y la agrupación Nuestra Clase impulsando esta lucha y la reincorporación de los docentes despedidos, las ligamos a un problema estructural de nuestra sociedad, desnudando la hipocresía de quienes nos gobiernan, que justifican los despidos en la ausencia de recursos pero regalan el Litio a los grandes empresarios.
Un partido para luchar
Este enorme entramado de explotación, litio y corrupción parece no tener salida. Pero desde el PTR pensamos que se puede luchar, pero para ello es necesario impulsar conscientemente estas luchas, articular la necesidad de poner fin al saqueo y tomar el control de los recursos, con los trabajadores al frente y junto a sus organizaciones sin confiar en que serán los empresarios nacionales los que sabrán como explotar el Litio, sino que confiando en la fuerza de nuestra organización y movilización.
Es por esto, por ejemplo, que actuando en la fábrica de Orica impulsamos la elección de Lester Calderón, presidente del sindicato, a Consejero Regional, bajo la consigna que todo parlamentario gane lo mismo que un trabajador y por la renacionalización de los recursos naturales bajo control de sus trabajadores, como el cobre o el litio. Y para darle continuidad a esta política y plantear conscientemente desafíos como la expropiación de SQM queremos iniciar un dialogo con quienes compartan estas ideas demostrando que se puede disputar el “sentido común” y se puede desarrollar una forma de pensar que abra camino a los trabajadores y no que los cierre confiando en los mismos de siempre
Para hacer frente a estos desafíos es necesaria una organización que responda a los principales temas nacionales con una política que permita a los trabajadores, a las mujeres y los jóvenes con nuevos “sentidos comunes” abrirse camino en la vida política de manera independiente de los empresarios. Esta organización la estamos invitando a construir para prepararnos para estos y mayores desafíos como los que deberemos enfrentar en el gobierno de Sebastián Piñera.
¿Que pasaría si controláramos el litio? ¿como ocuparías el potencial económico de este recurso para mejorar nuestra calidad de vida? Para responderlas hay que partir diciendo que nuestras vidas valen más que sus ganancias.
