El fiscal a cargo de la investigación, Pablo Gómez, aclara que actualmente la empresa se está zafando y no pagando, y que de llegar al final del juicio podría salir pagando mucho menos de lo acordado en primera instancia, por lo que la suspensión condicional le convendría al Estado.
Sábado 6 de enero de 2018
Esta es la principal razón que da el fiscal a cargo y que ha traído repercusiones y críticas por parte del consejo de defensa del Estado. Por su parte, los argumentos expresados se basan en el derecho penal actual, el que permite perseguir a una empresa cuando hay delito de base (cohecho aún sin sentencia) y no hay sistema de prevención, pero en el caso de SQM aún no se prueba el delito por cohecho (entre Pablo Longueira y Patricio Contesse) y además poseen un sistema de prevención.
Según el fiscal a cargo, SQM tiene todo en materia de derecho para terminar pagando $ 1.500 millones de salir culpable por el delito de cohecho, mas la pena de multa que podría ser un monto máximo de $ 470 millones. Cifra muy distinta a la que se lograría con la suspensión condicional que podría ascender los $ 2.600 millones. Según sus palabras, con esto se busca recuperar el dinero que la empresa obtuvo a través de los contratos de invariabilidad. Pero esto resultaría en la ausencia de penas condenatorias para los culpables por el delito de cohecho que involucran a Longueira.
Otro episodio más dentro de las investigaciones por corrupción que evidencian cómo la ley actual y sus mecanismos permiten que una empresa que usufructa dinero estatal con políticos de la derecha pueda salir pagando un porcentaje mínimo de lo robado y sin ninguna pena condenatoria. Una de las tantas herencias de la dictadura, que en su código penal logró hacer leyes a medida y favor de los empresarios y dueños del país.
