En su conferencia matutina, el gobierno anunció a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que 830,000 personas han salido del subcontrato, pero manteniendo esa modalidad para beneficio de los empresarios.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 9 de julio de 2021
Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, anunció en la conferencia matutina de este viernes que “A dos meses y medio de la reforma, 830 mil trabajadores han salido del esquema [de subcontratación], han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales, lo que implica que por primera vez tendrán derecho al reparto de utilidades”.
Sin embargo, lejos de celebrar esta noticia, tenemos que señalar que justamente este anuncio viene poco después de que el gobierno abriera el registro para empresas de servicios "especializados", en las cuales se registraron 8 mil empresas.
Agregó, además, que "de acuerdo con el IMSS, de estos 830 mil trabajadores, se ha incrementado el salario de contratación en un 11 %. Falta mes y medio de los plazos transitorios, por lo que estos 830 mil seguramente se irá incrementando. El pago de utilidades es un derecho reconocido en la Constitución". No obstante, la negativa a directamente eliminar esta modalidad es lo que permite un incremento de ganancias en distintas empresas e incluso en el propio gobierno, ya que éste también incurre en el contrato de empresas "especializadas" en algunas dependencias.
Insistimos también que este esquema y las leyes que lo reglamentan fueron aprobadas con el visto bueno de las burocracias sindicales, las cuales tampoco han movilizado a sus bases para oponerse al outsourcing y los despidos que lleva a cabo el gobierno de la 4T en continuidad con la política laboral de los gobiernos priístas y panistas.
Que 830 mil trabajadores hayan salido del esquema del subcontrato es insuficiente, más aún cuando, según cifras de la Confederación Mundial de Empleadores, en nuestro país hay 4.7 millones de personas bajo régimen de outsourcing. Ante ello es necesario que los trabajadores tomemos las calles organizados desde abajo y exigiendo a nuestras direcciones sindicales que obliguen al gobierno a prohibir esta situación humillante, que se nos reconozca el pase a planta inmediato bajo CCT y una escala móvil de salarios equivalente al costo de la canasta básica indexado periódicamente conforme a la inflación.
Asimismo, y lejos de las soluciones pro-empresariales que tanto la derecha neoliberal como la 4T y sus aliados proponen, con sus despidos y empresas "especializadas", urge plantear una escala móvil de horas de trabajo para poner fin al desempleo. Soluciones que ni los empresarios ni los políticos a su servicio —ya sean el bloque derechista del PRI-PAN-PRD o el Morena y sus satélites, así como partidos que pretenden ser "tercera opción" (como Movimiento Ciudadano), pero que tienen a empresarios conservadores en sus filas— tienen pensado en realizar.
Sólo la clase trabajadora, en alianza con las mujeres, la juventud y los pueblos originarios, podemos imponer mediante la movilización que se termine de una vez por todas el odiado outsourcing que nos exprime la existencia.
