CÓRDOBA: SALAS CUNA. Salas Cuna: urgencia de Schiaretti para consolidar la precariedad laboral y la dependencia de los más vulnerables

Laura Jure, secretaria de Equidad de Córdoba

El programa Salas Cuna será ley. Lo será sí o sí. Esto quedó demostrado en la última reunión de comisiones que se realizó el martes pasado, cuando integrantes del bloque Unión por Córdoba, fuerza gobernante en la provincia desde hace 19 años, aprobaron la iniciativa emitiendo un despacho que pretende ignorar los reclamos de los representantes de otras bancadas legislativas y de las organizaciones que se acercaron a proponer modificaciones al enfoque con el cual se elaboró el proyecto de ley.

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Este martes, la titular de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, Laura Jure, a cargo del Programa Salas Cuna, expuso brevemente aspectos del proyecto que lo convierten en ley. La funcionaria contestó una veintena de preguntas que le realizaron legisladores de los bloques opositores. Lo que se destacó en el informe de Jure fue la falta de datos indispensables y la constante lectura y reiteración de argumentos contenidos en el mensaje de elevación.

Las preguntas formuladas por los legisladores de las diversas bancadas estuvieron orientadas tanto hacia la ausencia de anclaje educativo como hacia la situación laboral de los trabajadores que atienden a las 338 Salas Cuna de la provincia. Las respuestas que dio la funcionaria no resultaron satisfactorias en tanto no pudo contestar sobre cuál es el número de trabajadores que se encuentran abocados a la tarea, ni cuál es el salario que perciben. El único dato concreto que la contadora Jure aportó es el relacionado con el dinero que perciben las ONGs y los Municipios y Comunas por cada niño por mes. Estas cifras son de $1.162 por niño para las primeras y de $875 para los segundos.

Al terminar, prometió incorporar como aportes algunas observaciones. Sin embargo, los integrantes del bloque de la mayoría aprobaron la iniciativa sin introducir ninguna modificación.

Integrantes del Colectivo de Educación Inicial expresaron a La Izquierda Diario su sorpresa ante la aprobación sin modificaciones indispensables y la total omisión de consulta a quienes trabajan en la educación y cuidado de niños de 45 días a 3 años.

Marina Tutor se refirió a la bochornosa reunión que había presenciado como integrante del Colectivo: “La Comisión nos ha dejado sumamente preocupadas por el desinterés que vimos por parte del partido gobernante de construir una política pública seria y comprometida con la primera infancia, especialmente con los niños de 45 días a 3 años, franja etaria en la que se concentra la mayor desigualdad educativa. No les interesa escuchar ni revisar nada, esto queda evidenciado al negar la posibilidad de mayor cantidad de espacios para el debate amplio, plural y democrático, sin apuros ni presiones, como lo solicitaron legisladores de diversos espacios políticos”.

Por su parte Liliana Simari, integrante del mismo colectivo expresó la inequidad educativa y laboral que se vive en las Salas Cuna: “El gobierno no puede explicar cuáles son las dimensiones educativas del programa, cómo se garantiza el derecho social de a la educación integral, quiénes son las personas que trabajan allí, cómo se supervisa y controla su trabajo, cuál es el salario que perciben, quién lo fija, quién es el empleador, qué relación tiene el Estado con el personal de las salas cuna, etc. Esta política vulnera el derecho a la educación integral de los niños más pequeños. Pone en tensión, sin necesidad de hacerlo, dos derechos. El de las madres de sectores vulnerables a trabajar y estudiar y el de los niños a recibir una educación de calidad. Se contradice con un marco legal nacional y provincial, así como con convenciones internacionales. La educación maternal es tierra de nadie, hay un vacío legal enorme. Muchos lugares están funcionando sin ningún tipo de supervisión ni control: ni de los derechos de los niños ni de los de las personas que trabajan allí”.

Sin datos

La funcionaria y sus asesores no estuvieron en condiciones de responder sobre el número de trabajadores que asisten a 15.504 niños y niñas menores de 3 años en las 338 Salas Cuna con que cuenta la Provincia de Córdoba.

También se le inquirió sobre cuál es la relación laboral que mantienen los trabajadores de Salas Cuna con el Estado Provincial. La respuesta es que no existe relación puesto que la provincia provee de dinero por niño/mes más pañales y leches a las ONGs y a los municipios y comunas. Estas instituciones son las encargadas de distribuir el total percibido para los gastos corrientes que demandé el desarrollo de cada uno de los establecimientos bajo programa Salas Cuna.

A su turno, la legisladora Laura Vilches exigió que en la web del programa sean incorporados los requisitos que constituyen especificidades técnicas para la habilitación de las Salas. Vilches, además, indagó sobre número de auxiliares y docentes necesarios por cada Sala, dato que no figura como requisito. La legisladora se preocupó por la falta de información respecto a los trayectos de formación pedagógica y títulos de los trabajadores a cargo de los 338 establecimientos.

Recordemos que las cifras aportadas por la contadora Jure en cuanto a la erogación mensual que realiza la provincia son de $1.162 por niño para las ONGs y de $875 para municipios y comunas. Las Organizaciones No Gubernamentales representan el 40% de los establecimientos, el otro 60% corresponde a los que dependen de Municipios y Comunas. Estos datos arrojan como resultado una erogación mensual de $15.345.860. Anualmente el total es de $ 184.150.320, cifra muy inferior a lo presupuestado para 2018 con destino al Programa Salas Cuna ($ 258.629.000). Esta diferencia ha llevado a la legisladora del PTS en el Frente de Izquierda Laura Vilches a manifestar la necesidad de solicitar informes sobre el manejo de fondos en este programa.

El manejo clientelar que la Provincia despliega sobre el sector más vulnerado de la sociedad es brutal y el impulso de convertir al programa en ley es un modo de cristalizar ese manejo. Schiaretti gobierna la Provincia que volvió a tener el índice más alto de pobreza en el Gran Córdoba, 34.2 %. Ante esto la respuesta del Gobernador es cuestionar los datos y expresar que está apenas por debajo del 30%. Sin embargo, lo que queda claro es que para el gobierno provincial la producción de inequidades es la garantía de continuidad en el manejo de los fondos públicos.